La definición de quien encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Sonora continúa sin fecha oficial, mientras Morena ya comenzó a resolver el proceso en otras entidades y las encuestas públicas mantienen a Célida López entre las principales aspirantes.

En Sinaloa, por ejemplo, la definición llegó desde el pasado 26 de agosto, cuando fue anunciada Imelda Castro. En Sonora, en cambio, el proceso continúa pendiente.

Apenas a principios de agosto se planteaba que los resultados de la encuesta podrían conocerse a finales de ese mes y que el anuncio del coordinador se realizaría durante la primera semana de septiembre. Sin embargo, esa fecha llegó sin que se concretara la definición.

¿Por qué se ha retrasado Sonora?

Una explicación posible es que la dirigencia de Morena haya decidido escalonar las designaciones. Después del anuncio correspondiente a Sinaloa, la dirigencia nacional informó que las definiciones pendientes serían retomadas semanas después.

Hasta ahora, esa es la explicación que permite entender el retraso sin que exista una fecha oficial para Sonora.

Pero en el escenario político sonorense también ha comenzado a circular otra interpretación: que el proceso se ha complicado porque Célida López continúa en los primeros lugares de las encuestas.

Célida aparece arriba en encuesta pública

Los resultados publicados por Enkoll en julio colocaron a Célida López en el primer lugar de preferencia efectiva, con 24 por ciento, seguida por Javier Lamarque, con 20 por ciento, y Lorenia Valles, con 18 por ciento.

La ventaja no desapareció pese a los movimientos políticos registrados durante las últimas semanas.

Entre ellos estuvo el encuentro público entre Célida López y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, con quien sostuvo un diálogo después de que durante años lo cuestionara por decisiones tomadas cuando fue alcalde de Hermosillo.

Ese acercamiento también generó lecturas políticas, aunque no modificó, de acuerdo con la encuesta citada, la posición de López en el primer lugar.

El dilema político de Célida

Más allá de quién termine encabezando la coordinación, el proceso plantea un escenario particular para Célida López.

La exalcaldesa ha construido buena parte de su identidad política como una figura combativa y crítica, dispuesta a cuestionar aquello que considera injusto.

Por ello, un eventual resultado adverso en la encuesta oficial podría representar para ella un desafío que va más allá de obtener o perder una candidatura.

Si la encuesta oficial no la favorece y acepta el resultado, el costo político podría estar relacionado con la congruencia respecto al personaje que ha construido durante su trayectoria.

Célida puede perder una encuesta y mantener abiertas sus posibilidades políticas. Lo que estaría en discusión sería su capacidad para sostener el discurso de defensa de lo que considera justo si el resultado no coincide con sus propias expectativas.

La encuesta que viene

Por ahora, Morena no ha establecido una fecha oficial para anunciar quién encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Sonora.

Mientras tanto, la atención permanece puesta en los resultados que arroje el proceso y, particularmente, en la posición que ocupará Célida López frente a ellos.

La pregunta que queda sobre la mesa no es únicamente quién será elegido para encabezar el proyecto, sino también cómo reaccionarán quienes participaron en la contienda ante el resultado de la encuesta oficial.

En el caso de Célida López, esa respuesta podría convertirse en uno de los elementos políticos más relevantes de la definición en Sonora.

La dirigencia de Morena en Querétaro acudió ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para denunciar la colocación de mantas con la frase “Morena narcopartido” en distintos puntos de la capital y solicitar una investigación para conocer quién está detrás de esta campaña.

Las lonas fueron detectadas en sitios de alta afluencia, entre ellos Los Arcos, Jardín Zenea, la Alameda y Querétaro 2000, situación que llevó al partido a presentar su denuncia el mismo día en que se reportó su aparición.

Morena sostuvo que la investigación no debe limitarse a identificar a quienes colocaron las mantas, sino reconstruir toda la operación: desde el diseño e impresión de los materiales hasta el pago, distribución y colocación de las estructuras.

La organización que aparece como responsable de las lonas es “Mexicanos al Grito de Paz”. Sin embargo, el partido pidió al órgano electoral determinar quiénes integran realmente ese grupo, quién financió la campaña y si existe algún vínculo con fuerzas políticas, dirigentes, aspirantes o actores particulares.

La dirigencia morenista también señaló que la libertad de expresión tiene límites cuando se utilizan acusaciones que podrían atribuir la comisión de delitos sin pruebas. En ese sentido, argumentó que la expresión “narcopartido” debe analizarse bajo el contexto en el que fue empleada y solicitó al IEEQ valorar si podría configurarse una posible calumnia electoral.

El partido recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha analizado el uso del término “narco” en propaganda política y ha advertido que, dependiendo de las circunstancias, puede implicar una imputación relacionada con actividades delictivas.

Por ello, Morena insistió en que las autoridades electorales deben esclarecer el origen de la campaña, determinar quién ordenó y pagó los materiales y, en su caso, establecer responsabilidades conforme a la ley.

La fuerza política afirmó que no dejará sin respuesta lo que considera una campaña anónima de gran alcance y sostuvo que la confrontación política debe darse públicamente, con argumentos y dentro del marco legal.

La operación administrativa de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntos cobros, retrasos y obstáculos a proveedores, además de señalamientos que apuntan a posibles conflictos de interés entre funcionarios y empresas participantes en procesos de contratación.

Uno de los nombres que aparece en las denuncias es el de Juan Carlos Rico Báez, actual Administrador de Modernización Aduanera “2”, a quien fuentes vinculadas con la operación administrativa señalan por presuntamente solicitar beneficios económicos a contribuyentes y proveedores a cambio de agilizar trámites, pagos y otros asuntos que, en principio, deberían atenderse mediante los procedimientos institucionales correspondientes.

De acuerdo con las versiones recabadas, cuando esas supuestas solicitudes no son atendidas, algunos trámites podrían quedar detenidos, enfrentar demoras o perder continuidad administrativa.

Es importante precisar que estos señalamientos no constituyen hechos acreditados ni una determinación de responsabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes revisar la evidencia disponible y establecer si existe alguna conducta irregular.

Antecedentes de Rico Báez

Rico Báez ya había ocupado un cargo dentro de la estructura aduanera durante su paso por Tijuana, periodo en el que coincidió con funcionarios como Jorge Fernando Boy Espinoza, Enrique Orantes González y Eva María Viridiana Soria Amador, cuando Ricardo Peralta Saucedo se encontraba al frente de la entonces Administración General de Aduanas.

Posteriormente dejó la institución y, según la información proporcionada, promovió un procedimiento en contra de la autoridad aduanera, identificado con el expediente 5839/23 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Este antecedente abre también una interrogante sobre las circunstancias y el procedimiento mediante el cual posteriormente regresó a la estructura institucional.

Actualmente ocupa la Administración de Modernización Aduanera “2”, una posición relacionada con procesos administrativos de una de las áreas consideradas estratégicas dentro de la ANAM.

Un documento pone la lupa sobre posible conflicto de interés

A estos señalamientos se suma un documento correspondiente al Acta de Apertura del Sobre Único de la Licitación Pública Nacional C5/LPN/001/2025, realizada el 24 de febrero de 2025 por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El procedimiento contempló la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, instalaciones y sistemas tecnológicos.

Entre las empresas participantes aparece Planets Solutions S.A. de C.V., cuya propuesta económica fue de 483 millones 794 mil 770 pesos con 12 centavos, IVA incluido.

El punto que genera interés es que, en la relación de representantes de las compañías participantes, el documento identifica a Darío Eugenio Reyes Villagómez como representante de Planets Solutions S.A. de C.V.

Actualmente, una persona con ese mismo nombre ocupa la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera de la ANAM.

Esta coincidencia plantea una serie de preguntas que podrían esclarecerse mediante documentación oficial: cuál fue la relación jurídica, laboral, profesional o económica entre Reyes Villagómez y Planets Solutions; cuándo comenzó y, en su caso, cuándo concluyó; y si existió algún vínculo posterior que debiera haber sido declarado.

También sería pertinente conocer si la empresa participó posteriormente en procedimientos vinculados con la ANAM o con otras dependencias en las que Reyes Villagómez haya tenido facultades de decisión, supervisión o influencia.

Proveedores reportan retrasos y obstáculos

En paralelo, proveedores relacionados con la operación administrativa de la Agencia han señalado presuntos retrasos en pagos y dificultades para que determinados procedimientos continúen con normalidad.

Algunas fuentes consultadas sostienen que esas prácticas podrían incluso favorecer el desplazamiento de proveedores existentes y abrir espacio a otras compañías.

Sin embargo, esa hipótesis requiere ser comprobada. Una revisión de contratos, fechas de adeudos, autorizaciones, facturas, entregables y registros de seguimiento permitiría establecer qué proveedores enfrentan retrasos, desde cuándo, quién intervino en la autorización de los pagos y cuáles fueron las razones administrativas detrás de cada caso.

De igual forma, sería necesario identificar si, después de esos retrasos, nuevas empresas comenzaron a ocupar espacios en los servicios correspondientes.

Piden revisar contratos, pagos y declaraciones

Ante estos señalamientos, la revisión de los órganos competentes debería incluir contratos, expedientes, entregables, autorizaciones, facturas, pagos pendientes y registros administrativos, así como las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos involucrados.

También sería relevante determinar si existen denuncias, procedimientos administrativos, auditorías u observaciones previas relacionadas con estas áreas.

La modernización aduanera representa un asunto estratégico para el país por el volumen de operaciones, infraestructura, información y recursos públicos que involucra. Por ello, cualquier señalamiento sobre presuntos cobros indebidos, retrasos deliberados o posibles conflictos de interés debería ser aclarado con documentos y procedimientos formales.

Más que adelantar conclusiones, el objetivo de una eventual investigación sería establecer qué ocurrió, quién tomó determinadas decisiones, bajo qué criterios se actuó y si existieron beneficios indebidos para alguna persona o empresa.

Las preguntas centrales quedan sobre la mesa: ¿hubo obstáculos o retrasos injustificados para determinados proveedores dentro de la ANAM?, ¿quién autorizó esas decisiones y qué empresas resultaron beneficiadas?, y, respecto de Darío Eugenio Reyes Villagómez, ¿cuál fue exactamente su relación con Planets Solutions S.A. de C.V. y existe algún vínculo que debiera ser transparentado?

Resolver esas interrogantes mediante expedientes, contratos y documentos oficiales permitiría separar los señalamientos de los hechos comprobados y, en su caso, deslindar responsabilidades.