La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la implementación de la reforma en materia de trabajo en plataformas digitales ha permitido avanzar en la formalización laboral de más de 1.3 millones de personas en México, dentro de uno de los sectores más dinámicos de la economía actual.

De acuerdo con el boletín 24/2026, al cierre de febrero de este año se contabilizan 1,250,898 personas trabajadoras vinculadas a plataformas digitales que han sido beneficiadas por este nuevo esquema, el cual busca integrar a este sector a condiciones laborales con mayor protección.

Entre los avances reportados, se detalla que 163 mil 896 personas superaron el umbral de ingreso neto mensual, lo que les permite ser consideradas dentro de empleos formales. Estas personas se encuentran registradas en 16 plataformas digitales y cuentan con acceso completo a la seguridad social.

Este acceso incluye cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en rubros como enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales, lo que amplía el alcance de protección para quienes laboran bajo este modelo.

Por otra parte, quienes no alcanzan el umbral de ingreso mensual, pero están registrados, disponen de un seguro de riesgos de trabajo, el cual garantiza atención médica, hospitalaria y farmacéutica, además del pago del 100% del salario registrado en caso de incapacidad derivada de accidentes durante sus actividades o traslados.

La STPS indicó que el salario promedio diario de las personas beneficiarias es de 432.2 pesos, lo que refleja condiciones laborales más definidas dentro del sector. Asimismo, señaló que la formalización ha avanzado sin afectar los precios de los servicios ni la permanencia de las empresas en el país.

La dependencia destacó que esta reforma es resultado de un proceso de diálogo social en el que participaron empresas, personas trabajadoras y autoridades, en un contexto internacional donde la regulación de este tipo de empleo ha sido objeto de debate, incluso en espacios como la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, la Secretaría subrayó que este modelo demuestra que la innovación tecnológica puede coexistir con la garantía de derechos laborales, al tiempo que posiciona a México como un referente en la construcción de esquemas regulatorios que promueven la inclusión social y el cumplimiento normativo en nuevas formas de empleo.

El diputado jalisciense Alberto Maldonado Chavarín exigió la intervención de autoridades federales ante lo que calificó como una crisis por agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), al denunciar la distribución de agua “sucia y pestilente” que estaría afectando a miles de familias.

Durante su participación en la Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, el legislador lanzó un pronunciamiento en el que señaló directamente al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo dependiente del Gobierno de Jalisco, por su presunta falta de respuesta ante la problemática.

Maldonado afirmó que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación que ha sido documentada de manera constante por medios de comunicación locales y nacionales, lo que refleja la dimensión del problema y la urgencia de atenderlo.

“El acceso al agua potable no es un servicio opcional, es un mandato constitucional. Estamos ante una violación flagrante de la dignidad humana. No permitiré que se siga ignorando el derecho humano al agua de calidad”, expresó el diputado durante su intervención.

Ante este panorama, el legislador anunció una ruta de acción que contempla medidas legales y técnicas con el objetivo de atender la situación de manera inmediata. Entre ellas, destacó la presentación de una queja colectiva ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el fin de proteger el derecho al acceso a un medio ambiente sano y al agua potable.

Asimismo, planteó solicitar formalmente la intervención de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de su área jurídica, para que se realice una investigación exhaustiva sobre el origen y manejo de la contaminación que estaría afectando el suministro en la región.

Como parte de las acciones propuestas, Maldonado también consideró necesaria la instalación de una mesa técnica interinstitucional que permita diseñar y ejecutar un plan de rescate orientado a garantizar la potabilidad del agua de manera inmediata para la población afectada.

El legislador fundamentó su exigencia en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles.

Con estas acciones, el diputado busca que el tema escale a nivel federal y se coordinen esfuerzos entre autoridades para atender una problemática que, afirmó, impacta directamente en la salud y calidad de vida de miles de habitantes en Jalisco.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal firmaron un Convenio Marco de Colaboración interinstitucional con el objetivo de fortalecer la administración de justicia con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, así como contribuir a la erradicación de las violencias contra mujeres, adolescentes y niñas.

El acuerdo fue suscrito en la sede del máximo tribunal del país, en un acto encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante acciones coordinadas frente a la desigualdad estructural.

Durante su intervención, el ministro presidente subrayó que la igualdad formal resulta insuficiente para transformar las condiciones de vida de las mujeres. Señaló que el objetivo es alcanzar una igualdad real, que se refleje en la dignidad y en la vida cotidiana, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Asimismo, destacó que el convenio permitirá conjuntar conocimientos, experiencias y atribuciones constitucionales para avanzar en este propósito, al tiempo que reiteró que la SCJN está abierta a recibir propuestas y reflexiones que contribuyan a consolidar una justicia con perspectiva de género.

Por su parte, la secretaria Citlalli Hernández Mora indicó que la firma de este acuerdo ocurre en un contexto que calificó como histórico, en el que se han registrado avances en la participación de las mujeres en espacios de decisión. No obstante, reconoció que persisten desafíos que obligan a las instituciones del Estado mexicano a reforzar sus acciones para construir una sociedad más igualitaria.

En tanto, Néstor Vargas Solano afirmó que el propósito central del convenio es coordinar esfuerzos para fortalecer la administración de justicia, al considerar que México cuenta con una trayectoria relevante en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Señaló que la incorporación de la perspectiva de género en políticas públicas y la garantía de igualdad salarial forman parte de los avances, aunque persisten retos, particularmente frente a la violencia en ámbitos laborales y familiares.

Durante el evento, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo que el país atraviesa un momento significativo en materia de representación, al destacar la integración de mujeres en la Suprema Corte, lo que consideró un reflejo de una justicia más cercana a la sociedad.

A su vez, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que este acuerdo permitirá impulsar una colaboración estratégica para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad sustantiva para mujeres, adolescentes y niñas. En la misma línea, la ministra Yasmín Esquivel Mossa enfatizó que la alianza refleja la voluntad institucional de erradicar la violencia y la discriminación, y de consolidar una justicia con enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.

Finalmente, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra destacó que la actual integración de la SCJN busca convertirse en un referente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, mientras que Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación del tribunal, afirmó que este convenio contribuirá a fortalecer la garantía de los derechos y a avanzar hacia una vida libre de violencias.