Una investigación periodística ha puesto bajo la lupa una presunta red de expedición y validación de títulos médicos apócrifos en Baja California, en la que se señalan posibles irregularidades administrativas y la participación de funcionarios estatales y un familiar de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de acuerdo con testimonios y documentos difundidos.

Las acusaciones señalan la presunta emisión y revalidación de certificaciones médicas falsas, particularmente en el área de cirugía estética, lo que habría permitido la operación de supuestos especialistas sin la debida acreditación profesional.

Señalamientos sobre esquema de revalidación

De acuerdo con la información difundida, el presunto esquema habría operado mediante la validación de documentos académicos que supuestamente acreditan estudios realizados en el extranjero, particularmente en Cuba, los cuales habrían sido posteriormente revalidados por instancias educativas estatales y federales.

Según los señalamientos, estas revalidaciones habrían permitido la obtención de cédulas profesionales en México, aunque se afirma que algunas instituciones académicas extranjeras involucradas han negado la emisión de dichos títulos.

Acusaciones sobre intermediación y costos

La investigación refiere testimonios de médicos que aseguran haber sido contactados para “regularizar” su situación profesional mediante pagos elevados a intermediarios, a cambio de evitar sanciones o clausuras de clínicas.

Entre los señalados en estos testimonios aparece un familiar de la mandataria estatal, identificado como Luis Alfonso Torres Torres, quien presuntamente habría actuado como enlace en dichos trámites. Estas versiones no han sido corroboradas de manera oficial.

Documentos bajo revisión

También se mencionan expedientes y resoluciones de revalidación de estudios que estarían siendo revisados por autoridades anticorrupción, en los que se detectan posibles inconsistencias en la documentación académica presentada.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial la autenticidad de dichos documentos ni la existencia de responsabilidades administrativas o penales.

Investigación sin avances judiciales

De acuerdo con la información recopilada, el caso habría sido integrado en instancias estatales de control interno, aunque hasta ahora no se han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado.

Fuentes citadas en la investigación aseguran que el número de médicos bajo revisión habría aumentado en los últimos años, sin que el proceso haya derivado en acciones judiciales públicas.

Riesgo en el sector salud

El tema cobra relevancia en Baja California, entidad que concentra una parte importante del turismo médico en México, con millones de pacientes que acuden anualmente a servicios de salud y procedimientos estéticos.

Especialistas advierten que la presunta operación de profesionales sin certificación válida podría representar un riesgo sanitario para los pacientes y afectar la confianza en el sector.

Sin postura oficial

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno del estado encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una postura pública adicional sobre los señalamientos.

La información continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días las autoridades competentes aclaren o confirmen los alcances de estas acusaciones.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, informó que no solicitará licencia a su cargo y continuará con sus funciones legislativas, al considerar que las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, formuladas por una corte federal de Estados Unidos, “son imputaciones falsas y dolosas”.

En declaraciones, el legislador señaló que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas, en apego al marco constitucional, particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que refutará los señalamientos desde su posición en el Senado de la República.

Inzunza Cázarez afirmó que la ciudadanía de Sinaloa le otorgó la responsabilidad de representarla en la Cámara Alta, la cual ha asumido —dijo— con integridad y compromiso con la ley. Asimismo, destacó su trayectoria de más de 25 años en el ámbito judicial, donde se desempeñó como magistrado presidente del Poder Judicial de Sinaloa durante casi 11 años.

El senador reiteró su rechazo a las acusaciones provenientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al calificarlas como calumnias, y aseguró que las enfrentará mediante el ejercicio de sus funciones públicas.

También indicó que acudirá a cualquier citación de las autoridades nacionales en el ámbito de sus atribuciones constitucionales. “Como ha señalado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional”, expresó.

El legislador señaló que actualmente se encuentra en Sinaloa y sostuvo que no tiene motivos para evadir a las autoridades. Asimismo, consideró que los señalamientos surgieron tras su participación en tribuna, donde defendió la soberanía nacional frente a acciones que calificó como inconstitucionales por parte de agencias extranjeras.

Enrique Inzunza Cázarez preside la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado, además de formar parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el receso legislativo que comprende del 1 de mayo al 30 de agosto. Posteriormente, a través de redes sociales, reiteró su disposición para atender cualquier llamado de las autoridades competentes.

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación de este viernes 1 de mayo, se publicó el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo para establecer una jornada laboral máxima de 40 horas semanales. La disposición fija que la jornada diaria será de ocho horas en turno diurno, siete en nocturno y siete horas y media en turno mixto.

El decreto contempla que, en casos extraordinarios, la jornada podrá ampliarse, pero dichas horas deberán pagarse con un 100% adicional al salario ordinario. Asimismo, el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas semanales, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.

Si se supera ese límite, el tiempo adicional deberá pagarse con un 200% más del salario correspondiente. En ningún caso, la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria podrá rebasar las 12 horas diarias.

También se establece que por cada seis días de trabajo se deberá otorgar al menos un día de descanso con goce de sueldo, y quienes laboren en domingo recibirán una prima adicional de al menos 25%.

Finalmente, el decreto señala que la implementación de la jornada de 40 horas será progresiva hasta 2030, con un periodo de ajuste entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026 para que trabajadores y empleadores adapten sus condiciones laborales.