La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que su Gobierno enviará siete plantas eléctricas de emergencia a Venezuela y prepara un barco con víveres e insumos para apoyar a la población afectada por los terremotos registrados la semana pasada, que han dejado al menos 1.719 muertos y más de 5.034 heridos.

Además, apuntó que continúan las gestiones con autoridades venezolanas para identificar las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

Sheinbaum indicó que «el responsable del grupo que va por parte de la Secretaría de la Defensa» se reunió «con autoridades tanto militares como civiles de Venezuela para poder conocer qué otras necesidades de manera directa tienen, coinciden con las que nos envió la embajada”.

Asimismo, indicó que el Gobierno mexicano trabaja en la organización de un envío marítimo para trasladar más apoyo humanitario.

Las declaraciones ocurren un día después de que la mandataria revelara que el Gobierno mexicano recibió una solicitud formal de apoyo adicional por parte de las autoridades venezolanas.

Un reportaje publicado por The New York Times sostiene que algunos funcionarios mexicanos, incluidos integrantes del partido Morena, han sostenido conversaciones con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros actores políticos, en el contexto de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

La publicación basa estos señalamientos en testimonios de personas consultadas bajo condición de anonimato y señala que ni el gobierno estadounidense ni el Gobierno de México emitieron comentarios sobre el contenido del reportaje.

Investigaciones y contexto

Estas conversaciones habrían ocurrido después de que autoridades de Estados Unidos acusaran a diez funcionarios mexicanos, en funciones y retirados, de presuntamente colaborar con un grupo delictivo. El reportaje indica que algunos servidores públicos habrían buscado acercamientos con autoridades estadounidenses mientras avanzan esas investigaciones.

La Administración de Control de Drogas (DEA) habría impulsado contactos con funcionarios mexicanos para obtener información relacionada con investigaciones de corrupción y delincuencia organizada. Según el medio, esta información proviene de fuentes que solicitaron mantener el anonimato.

Postura de la Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente las investigaciones realizadas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos y ha sostenido que dichas acciones representan una injerencia en asuntos internos del país.

Asimismo, refiere que la mandataria ha señalado que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas suficientes para justificar determinadas acciones contra servidores públicos mexicanos y ha reiterado que corresponde a las instituciones nacionales realizar las investigaciones que procedan.

Señalamientos y respuestas

Entre las personas que, según sus fuentes, formarían parte de investigaciones estadounidenses se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. El reportaje también señala que ambos han rechazado los señalamientos y que la representación de Durazo afirmó que el mandatario ha desempeñado el servicio público con apego a la ley y que no ha sido notificado de alguna investigación.

Respecto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, el medio hace referencia a la publicación de un audio difundido por otro medio de comunicación mexicano, en el que se habla de una posible reunión con autoridades estadounidenses. Según el reportaje, la gobernadora confirmó la autenticidad del audio, aunque aseguró que estaba relacionado con la revocación de su visa y negó haber alcanzado acuerdos con autoridades de ese país.

Relación bilateral

El reportaje también aborda el contexto de la relación entre México y Estados Unidos, al señalar que ambos gobiernos mantienen cooperación en materia de seguridad y comercio, mientras persisten diferencias respecto a las investigaciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos.

La publicación añade que, de acuerdo con sus fuentes, las investigaciones buscan profundizar en presuntos casos de corrupción y en posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, aunque dichas indagatorias continúan en desarrollo.

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno de México formalizó la asignación de recursos federales destinados a la operación de 28 Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, así como para sus hijas e hijos, en 18 entidades del país.

Recursos para atención integral

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, estos recursos tienen como finalidad garantizar el funcionamiento de espacios que brindan alojamiento temporal, así como atención psicológica, asesoría jurídica y cuidado médico a mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema.

La asignación forma parte del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas, el cual contempla este año una inversión superior a los 500 millones de pesos para la operación de un total de 90 refugios especializados en el país.

Distribución de recursos por entidades

Entre las entidades con mayor número de proyectos beneficiados se encuentran Morelos, con seis convenios que suman 34.7 millones de pesos; Coahuila, con cinco proyectos por 44 millones de pesos; Chihuahua, con cinco proyectos por 31 millones de pesos; y el Estado de México, que recibe 23.5 millones de pesos distribuidos en cinco espacios de refugio.

Estas asignaciones forman parte de los proyectos aprobados bajo subsidio federal, con el objetivo de fortalecer la atención a mujeres en situación de riesgo crítico.

Obligaciones y seguimiento de los recursos

En cumplimiento de lo establecido en el DOF, las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) deberán registrar los servicios brindados y el perfil de las usuarias en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

Asimismo, las reglas de operación establecen que los recursos federales mantienen su naturaleza pública y deben ser complementarios a los esfuerzos presupuestales de cada entidad federativa para la atención de la violencia de género, conforme a lo establecido por la ley.

Transparencia y condiciones de operación

Como parte de los mecanismos de rendición de cuentas, se determina que el personal encargado de operar los refugios deberá contar con experiencia profesional en perspectiva de género y derechos humanos.

Además, cada espacio deberá contar con un programa interno de protección civil vigente, que garantice condiciones de seguridad y confidencialidad para las usuarias y sus familias.

El Gobierno de México también informó que se continuará con la publicación en el DOF de las asignaciones presupuestales individuales correspondientes a los 90 proyectos beneficiados en el país, con el fin de transparentar el uso de los recursos.

Estrategia de atención a la violencia de género

Bajo la conducción del Gobierno federal, se señaló que esta política forma parte de una estrategia de justicia territorial, orientada a distribuir recursos públicos de manera directa y transparente en las regiones con mayor vulnerabilidad, con el propósito de fortalecer las acciones locales en favor de las mujeres.