Santiago Nieto Castillo, Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional advirtió que la pretensión del Gobierno del Estado de Querétaro de establecer una academia policial internacional al margen de los cauces constitucionales representa una grave violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Nieto Castillo señaló que las administraciones de Acción Nacional han convertido la seguridad en un pretexto recurrente para promover la injerencia extranjera, buscando en el exterior el auxilio que sus autoridades han sido incapaces de brindar a la ciudadanía.

El Coordinador detalló que el Ejecutivo estatal incurrió en omisiones de procedimiento y entregó información inexacta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al calificar el proyecto como un «acto protocolario» y negar que involucrara materia de seguridad.

Explicó que la instalación de una academia de formación policial constituye inherentemente un asunto de seguridad nacional que requería la aprobación obligatoria del Grupo de Alto Nivel en Materia de Seguridad (GANSEC).

Con esta omisión, el gobierno local contravino el marco normativo del Entendimiento Bicentenario y el precepto constitucional que prohíbe a las entidades federativas convenir de forma directa con gobiernos o agencias internacionales.

Al abordar el trasfondo político, Santiago Nieto criticó la postura «aspiracionista» del panismo en Querétaro, acusando a sus gobiernos de desestimar el trabajo de las instituciones mexicanas.

Sostuvo que resulta contradictorio que dirigentes y funcionarios acudan a Europa durante el arranque del proceso electoral para plantear su línea política y solicitar ayuda externa.

A su juicio, este comportamiento confirma la incapacidad del PAN para asumir sus responsabilidades de gobierno, repitiendo esquemas de subordinación previamente vistos en entidades como Chihuahua.

Finalmente, se enfatizó que el Gobierno de México no se opone a la cooperación internacional, siempre que esta se ejerza bajo esquemas de soberanía, legalidad y autodeterminación, y no desde la sumisión.

En ese sentido, Santiago Nieto hizo un llamado categórico al gobernador del estado a conducirse con transparencia, respetar los protocolos de las instancias federales y no pretender engañar a la ciudadanía ni a la Presidenta de la República.

El abogado Rodrigo González Aguilar acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar que atraiga la carpeta de investigación que quedó registrada con el folio: FED/CDMX/SPE/0003534/2026, en contra del gobernador y ex gobernador de Querétaro, los panistas Mauricio Kuri y Francisco Domínguez.

El abogado y vocero de la familia Urquiza fue atendido por la Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, licenciada Alejandra Pérez Armendáriz, a quien solicitó el estatus de la carpeta de investigación ya mencionada, a fin de que el caso se federalice y se desempantane por las acciones de las autoridades locales del estado panista.

Desde el pasado 29 de julio de 2026 JULIÁN URQUIZA FERNÁNDEZ, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), dichos hechos que sucedieron desde diciembre 2025, y enero 2026, además de persecución penal y despojo de bienes inmuebles.

​La familia Urquiza Fernández acusa el despojo de 269 hectáreas en Huimilpan mediante fideicomisos con cláusulas abusivas y el uso de la Fiscalía Estatal para la presión penal.

​El caso fue presentado ante la Presidencia de la República (Folio: SACP20260211000003968) tras fallos federales a favor de las víctimas.

​Pamela Urquiza e integrante de la familia Urquiza Fernández, denunció el esquema de despojo patrimonial que involucra dos ranchos con un extensión total de 269 hectáreas y derechos de agua en el municipio de Huimilpan, Querétaro ,orquestado por una red operada por el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quién utiliza a la Fiscalía del Estado y el aparato gubernamental para amedrentar a personas de la tercera edad y quitarles sus tierras.

Lo que ha sido calificado por los afectados como el «Cártel Inmobiliario». De acuerdo con el abogado de la familia Urquiza,
​opera a través de contratos de fideicomiso con cláusulas leoninas mediante la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V. —constituida con un capital de 100 mil pesos y vinculada directamente al exmandatario—, la cual busca asumir el control total y hasta un 80% de las utilidades de los predios, desplazando a los legítimos propietarios.

El abogado Rodrigo González Aguilar señaló que ​para ejecutar la presión, el ex gobernador cuenta con la complicidad del aparato de procuración de justicia del Estado.

Acusaron a la Fiscalía General del Estado, encabezada por Víctor Antonio de Jesús Hernández, de criminalizar la defensa legal en los litigios civiles mediante la apertura de carpetas de investigación (como la QRO/30535/2023), cateos desproporcionados, incluso utilizando la fuerza federa como elementos del Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional.

Un Tribunal Colegiado federal concedió el amparo a Pamela y Julián Urquiza, invalidando la vinculación a proceso en su contra al ratificar la legalidad de la donación de sus tierras.

Permanecen en trámite diversos amparos contra los cateos ejecutados entre finales de 2025 y principios de 2026, así como el juicio civil 1809/2023 sobre la nulidad de donación de los predios.
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​El caso adquiere relevancia nacional al haber sido formalmente turnado a la Presidencia de la República, a quien solicitaron su apoyo.

La familia afectada ha trazado un paralelismo entre la estructura operada en Querétaro y el «Cártel Inmobiliario» de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, destacando que Domínguez Servién aspira actualmente a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), hoy al mando de Jorge Romero Herrera.

​Asimismo, la denuncia apunta al gobernador Mauricio Kuri Hernández por mantener la cercanía con la estructura de su antecesor y respaldar la actuación de las autoridades involucradas en el proceso. La familia Urquiza Fernández exige el cese del hostigamiento judicial y el respeto a las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, rechazó como válida la información de un documento que señala que grupos del narcotráfico y del crimen organizado mantienen el control de alrededor de 30 por ciento del territorio nacional.

Tras comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política del Senado, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez afirmó que el gobierno federal desconoce el origen y la metodología del documento titulado “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad”.

De acuerdo con la senadora panista Mayuli Martínez, durante el encuentro legisladores de oposición solicitaron a la funcionaria explicar el contenido del reporte. Rodríguez respondió que tanto ella como el gabinete de seguridad rechazan cualquier información que no cuente con sustento y una investigación verificable.