Una serie de irregularidades administrativas y financieras en FONATUR Infraestructura han salido a la luz, revelando una presunta red de favoritismos, creación de puestos a modo, y sueldos desproporcionados que contrastan con los principios de austeridad promovidos por el Gobierno Federal. Al centro de estas denuncias se encuentra la actual Directora General, Lyndia Quiroz Zavala.

Entre los casos más llamativos destaca el de Carlos Carrillo Quintana, quien ostenta el cargo de «Director de Apoyo Operativo» con un sueldo mensual bruto de 156 mil pesos. A pesar de ser únicamente el particular de la Directora General, su salario es apenas inferior al del director general de la dependencia, Alan Aizpuru Akel, lo que ha generado indignación entre el personal.

A Carrillo se suman nombres como Enrique Rousse Coutiño, asistente con funciones mínimas que percibe 70 mil pesos mensuales; Otilia Maricela Luna, quien aparece como gerente en Huatulco pero realiza tareas de asistente en oficinas centrales; y Luis Arnaldo Castillo Flotte, presunto “aviador” que no se presenta a laborar ni tiene funciones claras. Se estima que el costo total de estos cuatro empleados asciende a más de 4.4 millones de pesos anuales, sin considerar prestaciones adicionales.

Las denuncias también apuntan a la designación de personal sin el perfil adecuado, como Misha Yoselin Rodríguez, a quien se le creó un puesto de subdirección pese a no cumplir los requisitos de experiencia ni formación. Casos similares se repiten con Ricardo Patiño, señalado por sus comentarios misóginos y conductas inapropiadas, y Claudia Sosa Pérez, quien fue liquidada y recontratada meses después, contraviniendo las normativas vigentes.

Otras prácticas cuestionables incluyen el uso de viáticos para enviar personal desde oficinas centrales a Acapulco —muchas veces sin justificación clara— en lugar de contratar trabajadores locales. Incluso se acusa a funcionarios de hospedarse en hoteles de lujo y presentarse a trabajar en estado inconveniente.

Además, se han registrado casos de despidos estratégicos para otorgar liquidaciones generosas a personas cercanas a la dirección, como ocurrió con José Manuel Leyva Elston, cuya salida abrió la puerta a la llegada de Martina Silvia Gutiérrez Reyes, excolaboradora del sector bienestar, con un salario de más de 93 mil pesos. A pesar de que los CIP (Centros Integralmente Planeados) han sido transferidos a gobiernos estatales, algunos responsables de estas unidades continúan percibiendo elevados salarios sin realizar funciones sustantivas.

Las acusaciones también alcanzan a la nueva Directora Jurídica, María Elena Páez, quien, lejos de atender los temas legales en oficinas centrales, ha sido observada frecuentando Acapulco junto a la titular del organismo, mientras los procesos legales se acumulan sin seguimiento y se pierden casos por falta de comparecencia.

Finalmente, se ha señalado que la Directora General posee varios hoteles en Mérida que no figuran en su declaración patrimonial, lo cual genera sospechas sobre un posible conflicto de interés en el uso de proveedores y recursos institucionales.

Las denuncias llaman la atención sobre un uso discrecional del poder dentro de FONATUR Infraestructura, la falta de control interno y la aparente impunidad con la que operan altos mandos del organismo. La ciudadanía exige que las autoridades competentes realicen una auditoría exhaustiva y esclarezcan las responsabilidades individuales para garantizar el uso correcto de los recursos públicos.

La regidora municipal y jefa de enfermería del Hospital Comunitario fue ejecutada la madrugada del 9 de mayo por un comando encapuchado. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ordenó despliegues especiales e inteligencia tras el crimen, y advirtió en redes: “Si matan a quienes curan y legislan… ¿a quién le queda fe en el Estado?”.

Tres sujetos armados y encapuchados irrumpieron en la sala de enfermería del Hospital Comunitario de Teocaltiche durante la madrugada del 9 de mayo de 2025. Los agresores amagaron al personal médico y dispararon directamente contra Cecilia Ruvalcaba Mercado, quien laboraba en ese turno como jefa de enfermeras.

Ruvalcaba, de 45 años y regidora municipal por Movimiento Ciudadano, recibió al menos dos disparos mortales y falleció en el lugar. Los atacantes huyeron antes de la llegada de la policía; en la escena se hallaron varios casquillos percutidos.

Cecilia Ruvalcaba era enfermera de profesión y figura pública reconocida en el municipio. Era licenciada en Enfermería y Obstetricia, además de excandidata a la presidencia municipal de Teocaltiche por MC en las elecciones recientes. En los comicios de 2024, se registró como candidata a alcaldesa, pero fue derrotada por la priísta Silvia Margarita Villalobos.

Según reportes periodísticos, Ruvalcaba había denunciado públicamente supuestas irregularidades en la administración local y en obras sociales del municipio. Su asesinato ha elevado la presión sobre las autoridades ante un panorama de corrupción e impunidad local.

El homicidio ocurrió en un contexto de violencia extrema en Teocaltiche y Jalisco. Con la muerte de Ruvalcaba, asciende a nueve el número de funcionarios municipales ejecutados en ese municipio solo en lo que va de 2025. Tres semanas antes, el secretario general del ayuntamiento, José Luis Pereida, fue asesinado a balazos en un restaurante local; otros policías y mandos han sido atacados o desaparecidos en meses recientes.

La Fiscalía de Jalisco y analistas apuntan a una pugna entre cárteles en la región: el CJNG y células del Cártel de Sinaloa se disputan rutas y plazas clave en Los Altos de Jalisco. Teocaltiche ha sido descrito como “un pueblo marcado en sangre por la violencia”, territorio controlado por el CJNG, «una de las organizaciones criminales más sádicas de México» que mantiene al municipio en un estado permanente de sitio y terror.

La noticia conmocionó al ámbito político y social. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó el crimen, calificando a Ruvalcaba como “una mujer ejemplar que dedicaba su vida a cuidar a los demás”. Lemus prometió que “trabajamos todos los órdenes de gobierno” para pacificar Teocaltiche, aunque reconoció que la violencia sigue “pendiente” de solución.

Desde las filas de Movimiento Ciudadano, líderes estatales expresaron «horror e indignación». Jorge Álvarez Máynez, exaspirante presidencial de MC, condenó el asesinato y advirtió que no se puede normalizar la expansión del crimen organizado. La dirigencia estatal del partido exigió una investigación pronta y pidió no ceder ante el miedo, subrayando que el caso no debe quedar impune.

En redes sociales y en Teocaltiche misma, ciudadanos y compañeros de hospital han colocado veladoras y carteles exigiendo justicia.

A nivel federal, la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, reaccionó con operativos en la zona. En coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, se reforzó la vigilancia en Teocaltiche, donde desde febrero las fuerzas federales habían asumido el mando ante la ola de violencia. Harfuch ordenó labores de inteligencia de campo para esclarecer el crimen y hallar a los responsables. Su declaración pública subrayó la gravedad del hecho: “Si matan a quienes curan y legislan… ¿a quién le queda fe en el Estado?”.

Esta frase fue interpretada como un llamado de alerta ante la escalada de ataques a servidores públicos. Por su parte, la Presidencia de la República reiteró que no se negociará con la delincuencia y prometió mayor apoyo interinstitucional en regiones conflictivas.

El brutal asesinato de Cecilia Ruvalcaba encendió nuevamente el debate sobre la inseguridad en México. Mientras autoridades estatales y federales despliegan recursos, líderes políticos y organizaciones civiles exigen respuestas y garantías de seguridad. Este caso ha trascendido fronteras, pues medios internacionales recuerdan que apenas días antes otro alcalde había sido asesinado en Veracruz, evidenciando la violencia generalizada que golpea a servidores públicos en el país.

En Teocaltiche, la tensión continúa; vecinos temen nuevas represalias y la pregunta de muchos ciudadanos es si las medidas gubernamentales serán suficientes para recuperar la paz en un municipio asediado por el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en colaboración con la Guardia Nacional, rescató a 26 mujeres víctimas de trata de personas en Benito Juárez.

Durante un operativo realizado el 9 de mayo, se llevó a cabo un cateo en dos inmuebles ubicados en la Supermanzana 66, donde fueron encontradas 21 mujeres mexicanas y 5 colombianas, que eran explotadas sexualmente bajo condiciones de prostitución ajena.

El rescate ocurrió tras recibir una denuncia anónima a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. La denuncia alertó sobre la presencia de menores de edad, entre 16 y 17 años, involucradas en actividades de prostitución en dichos centros. En respuesta, la FGE solicitó y obtuvo una orden de cateo, que fue ejecutada con éxito.

Se reveló que las víctimas recibían una paga de 250 pesos por cliente y entregaban una comisión de 70 pesos a una mujer encargada de la recolección de los pagos. Esta operación generaba un ingreso semanal aproximado de 40,000 pesos. Al concluir el operativo, los inmuebles fueron asegurados con sellos oficiales y las mujeres rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para el inicio de los trámites legales correspondientes.