Las defunciones en México aumentaron durante 2024 al registrarse 819 mil 672 muertes, lo que representa un incremento del 2.5% respecto al año anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque la cifra es considerablemente menor a los niveles récord alcanzados durante la pandemia —cuando en 2021 se reportaron más de 1.12 millones de fallecimientos—, el país aún no logra regresar a los niveles prepandémicos.

Según el informe del Inegi, la tasa bruta de mortalidad fue de 630 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que significa 11 más que en 2023.

En cuanto a la distribución por sexo, el 55.9% de las defunciones correspondió a hombres, mientras que el 44% a mujeres, y en un 0.1% de los casos no se especificó el género. Por grupo de edad, las personas de 65 años y más concentraron el 57.9% del total de fallecimientos.

Principales causas de muerte

El Inegi informó que nueve de cada diez muertes se debieron a enfermedades o problemas de salud, mientras que el 10% restante tuvo su origen en causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios.

Las enfermedades del corazón encabezaron la lista de causas de muerte con 192 mil 518 casos, seguidas por la diabetes mellitus con 112 mil 577 defunciones y los tumores malignos con 95 mil 108.

En cuarto lugar se ubicaron las enfermedades del hígado (40 mil 645 casos) y, en quinto, los accidentes (39 mil 919). Los homicidios ocuparon la octava posición, con 33 mil 550 fallecimientos, una ligera alza respecto a los 32 mil 252 registrados el año anterior.

Las cifras provienen de los certificados de defunción emitidos por las Oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y las Agencias del Ministerio Público, las cuales permitieron al Inegi consolidar el panorama de mortalidad del país durante 2024.

El Gobierno de México anunció una ampliación significativa de los programas agrícolas y sociales en Michoacán, con una inversión superior a los 2 mil 100 millones de pesos, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado este domingo en Palacio Nacional.

De acuerdo con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, el objetivo de las acciones es impulsar la productividad agropecuaria, fortalecer la sanidad vegetal y mejorar las condiciones laborales de miles de personas trabajadoras del campo.

El funcionario detalló que la Secretaría de Agricultura (Sader) apoyará a cerca de 10 mil pequeños y medianos productores de limón, mango, caña de azúcar, aguacate y berries, con 292 millones de pesos en inversión federal y créditos por mil 509 millones de pesos, a tasas preferenciales y con acompañamiento técnico especializado.

Asimismo, Berdegué informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se coordinarán acciones con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para garantizar que 150 mil jornaleras y jornaleros que laboran en la producción de aguacate y berries puedan ejercer plenamente sus derechos laborales.

En materia forestal, el secretario anunció que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) invertirá 335 millones de pesos para promover el manejo comunitario sustentable de los bosques, así como para fortalecer la industria de la resina y el desarrollo de tableros de madera.

Además, el programa Sembrando Vida incrementará su cobertura en el estado: el número de sembradoras y sembradores beneficiados pasará de 10 mil a 18 mil en 2026, informó Columba López, directora del programa, a través del propio secretario.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia busca articular los esfuerzos productivos, sociales y ambientales del Gobierno de México para atender las causas estructurales de la desigualdad en la región, a través de inversión directa, inclusión laboral y desarrollo rural sustentable.

Con el propósito de atender de manera integral el impacto del sargazo en las costas del Caribe mexicano, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) formalizó un convenio de cooperación con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) y la organización ambiental The Seas We Love (TSWL).

El acuerdo busca establecer un modelo sostenible de contención, recolección y aprovechamiento del sargazo, con base en la ciencia, la innovación tecnológica y la participación conjunta de los sectores público, privado y académico.

De acuerdo con el IMIPAS, la iniciativa no sólo pretende reducir los efectos ambientales y económicos de esta macroalga, sino también transformarla en un recurso con valor de mercado. Se prevé que la biomasa recolectada pueda emplearse como materia prima en productos industriales, agrícolas y biotecnológicos.

El director general del IMIPAS, Víctor Manuel Vidal Martínez, subrayó que la colaboración con el sector hotelero representa “un frente común” frente a una problemática que afecta tanto al ecosistema marino como a la economía turística del estado. “Poner la ciencia al servicio de la solución de problemas es el camino para avanzar hacia un Caribe mexicano más sustentable”, afirmó.

Por su parte, Tony Chaves, presidente de la AHRM, destacó que Quintana Roo recibe más de 22 millones de visitantes cada año y que alrededor del 95 % de su población depende directa o indirectamente del turismo. Señaló que el sector destina más de 150 millones de dólares anuales a la limpieza de playas y recolección de sargazo, por lo que la cooperación con el IMIPAS abre una oportunidad para reducir costos y generar valor económico.

En tanto, Ignacio Muñoz Gorbea, director ejecutivo de TSWL, consideró que el convenio representa un compromiso a largo plazo para convertir al sargazo en un activo aprovechable. “Lo que buscamos es la salvaguarda del bienestar y el desarrollo económico de las comunidades costeras”, apuntó.

El proyecto contempla la definición de sitios de cosecha y periodos óptimos de colecta, así como el desarrollo de técnicas sustentables para la recolección marina. Además, promoverá la transferencia de tecnología e investigación aplicada, en colaboración con instituciones académicas como la UNAM y el Cinvestav.

Con esta estrategia, México aspira a posicionarse como líder regional en manejo integral del sargazo, y a replicar el modelo en otras zonas del Caribe afectadas por el mismo fenómeno, como República Dominicana, Jamaica y las Antillas Menores.