El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones económicas por un total de un millón 177 mil 695 pesos contra partidos políticos, organizaciones que buscan convertirse en partidos nacionales y proveedores, luego de detectar diversas irregularidades en el manejo y la comprobación de recursos relacionados con actividades político-electorales.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este jueves, el organismo electoral resolvió 18 procedimientos administrativos sancionadores y de queja. De ese total, 10 fueron declarados fundados y derivaron en multas económicas para los involucrados.

Entre los partidos señalados se encuentran Acción Nacional (PAN), Morena y el Revolucionario Institucional (PRI), además de la organización México Tiene Vida y diversos proveedores que incumplieron disposiciones en materia de fiscalización electoral.

De acuerdo con la revisión del INE, las irregularidades detectadas abarcan gastos que no fueron reportados, aportaciones prohibidas, omisiones en la presentación de informes financieros, datos incorrectos sobre operaciones económicas y falta de entrega de documentación requerida por la autoridad electoral.

También se identificaron incumplimientos relacionados con la recepción de aportaciones en especie por parte de organizaciones que buscan obtener su registro como partidos políticos nacionales.

BUSCAN FORTALECER LA TRANSPARENCIA

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Montaño Ventura, explicó que estas medidas tienen como finalidad garantizar que los actores políticos cumplan con sus obligaciones financieras y transparenten el origen y destino de los recursos que utilizan.

Señaló que una adecuada fiscalización contribuye a fortalecer la confianza ciudadana y la rendición de cuentas, por lo que el instituto continuará supervisando el manejo de los recursos destinados a las actividades políticas y electorales.

Hasta el momento, el organismo no detalló los montos individuales de las multas correspondientes a cada partido, organización o proveedor sancionado.

INE APRUEBA 60 OFICINAS MUNICIPALES RUMBO A 2027

En la misma sesión, el Consejo General del INE también aprobó la instalación de 60 oficinas municipales en 21 entidades federativas y 44 distritos electorales federales, como parte de los preparativos para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Estos espacios tendrán como propósito fortalecer la presencia operativa del instituto en comunidades alejadas de las sedes distritales y facilitar las actividades de organización electoral.

Con esta medida, el organismo busca mejorar la atención y cobertura territorial durante los trabajos previos a los próximos comicios.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena exigió investigar presuntas redes de corrupción en las instituciones electorales del país, luego de señalar que empresas vinculadas a un mismo grupo habrían obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos con autoridades electorales locales durante los nueve años en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un posicionamiento titulado “La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales”, el partido acusó la existencia de una presunta red de complicidades que habría operado durante casi tres décadas mediante contratos millonarios relacionados con servicios y actividades electorales.

Morena sostuvo que estas prácticas no fueron eliminadas con las reformas electorales posteriores a los comicios de 2006 y 2012, procesos que estuvieron marcados por denuncias de fraude y que, según el documento, motivaron exigencias ciudadanas para garantizar elecciones libres y democráticas.

Señalan contratos millonarios durante gestión de Córdova

Uno de los principales señalamientos del partido se concentra en el periodo de nueve años en que Lorenzo Córdova encabezó el INE.

De acuerdo con el posicionamiento, empresas relacionadas con un mismo grupo empresarial habrían conseguido contratos por más de 2 mil millones de pesos con autoridades electorales locales durante ese periodo.

Para Morena, esta concentración de recursos públicos obliga a esclarecer quién autorizó las contrataciones, qué mecanismos de supervisión se utilizaron y quiénes resultaron beneficiados con las operaciones.

El partido también pidió que las investigaciones no se limiten a administraciones anteriores, sino que alcancen a las autoridades electorales actuales, con el propósito de revisar los procedimientos de contratación y determinar si existieron irregularidades.

En ese sentido, mencionó directamente a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, a quienes pidió explicar qué hicieron durante sus respectivas gestiones para evitar la concentración de contratos.

Morena cuestiona a promotores de la Marea Rosa

En otro apartado, el partido relacionó los señalamientos sobre las contrataciones con algunos de los personajes que impulsaron la Marea Rosa, movimiento que defendió la autonomía del INE bajo la consigna «¡El INE no se toca!».

Morena cuestionó que algunos de sus promotores ahora participen en el proyecto político SOMOS, donde, según el documento, coinciden figuras del antiguo régimen del PRI y el PAN, personajes provenientes de la izquierda y exintegrantes de la cúpula del organismo electoral.

El partido consideró contradictorio que algunos de estos actores se presenten como defensores de la democracia y la honestidad mientras, desde su perspectiva, siguen pendientes de esclarecerse los contratos millonarios y las presuntas redes de corrupción señaladas.

Piden investigar sin distinción de administraciones

En su pronunciamiento, Morena sostuvo que la autonomía del Instituto Nacional Electoral no debe utilizarse como argumento para impedir investigaciones sobre el manejo de recursos públicos.

El partido afirmó que las instituciones electorales deben garantizar elecciones libres, pero también transparentar sus contrataciones y permitir que las autoridades correspondientes revisen cualquier posible irregularidad.

Asimismo, rechazó que investigar posibles actos de corrupción represente un ataque a la democracia y sostuvo que la defensa de las instituciones también implica revisar cómo se utilizan los recursos públicos.

«La autonomía debe servir para garantizar elecciones libres, no para impedir que se investiguen los negocios realizados con recursos del pueblo», señaló el partido.

Finalmente, Morena llamó a esclarecer los señalamientos y determinar si existieron responsabilidades entre quienes participaron en las contrataciones.

El posicionamiento concluyó con una exigencia de transparencia y rendición de cuentas bajo la consigna: «¡El INE sí se investiga! Autonomía no es impunidad».

Un presunto esquema de desvío de 2 mil 450 millones de pesos, mediante contratos con empresas fantasma para la administración de centros penitenciarios en México, es uno de los principales señalamientos que enfrenta la conductora de televisión Inés Gómez Mont, de acuerdo con información presentada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

Durante una explicación sobre el caso, realizada el lunes 2 de noviembre, la fiscal detalló que la conductora presuntamente participó en operaciones irregulares relacionadas con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), organismo encargado de la administración de las cárceles federales.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el esquema habría utilizado empresas presuntamente fantasma para canalizar recursos públicos que estaban destinados a los centros penitenciarios del país.

Godoy señaló que las cuentas bancarias de Gómez Mont habrían sido utilizadas para realizar movimientos de dinero y triangular los recursos relacionados con estas operaciones.

Los señalamientos por contratos millonarios

El monto señalado por la FGR asciende a 2 mil 450 millones de pesos, cantidad que habría sido manejada mediante contratos con el organismo encargado de la prevención y readaptación social.

De acuerdo con la explicación de Ernestina Godoy, las operaciones investigadas estarían relacionadas con recursos destinados al funcionamiento de los penales en México.

La fiscal también mencionó presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales de la conductora correspondientes a los ejercicios de 2014 y 2016.

Según la investigación, Gómez Mont habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

La titular de la FGR sostuvo que las investigaciones contemplan tanto las operaciones financieras relacionadas con los contratos como las obligaciones fiscales de la conductora.

Tres órdenes de aprehensión en México

En cuanto a la situación jurídica de Inés Gómez Mont, Godoy informó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Una de ellas fue librada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las otras dos órdenes fueron emitidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, aunque durante la explicación no se detallaron los delitos específicos relacionados con estos mandamientos judiciales.

La FGR indicó que desde septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la conductora con fines de extradición.

Godoy explicó que durante las últimas semanas se realizaron intercambios de información entre las autoridades y se entregaron las órdenes de aprehensión que permanecen vigentes.

Permanece bajo custodia migratoria en Florida

Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 y, de acuerdo con la información difundida, permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Sin embargo, la fiscal precisó que su detención está relacionada con su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses, y no representa por sí misma la ejecución de las órdenes de aprehensión mexicanas.

La funcionaria señaló que, en caso de que la administración estadounidense determine su expulsión de ese país, la FGR ejecutará los mandamientos judiciales cuando la conductora ingrese a territorio mexicano.

La Fiscalía sostiene que debe comparecer ante tribunales

La situación de Gómez Mont también generó reacciones luego de que Interpol cancelara la ficha roja que existía en su contra, hecho que provocó un reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante este escenario, la titular de la Fiscalía reiteró que el objetivo de la institución es que la conductora comparezca ante los tribunales mexicanos para responder por los señalamientos que forman parte de las investigaciones.

No obstante, Ernestina Godoy reconoció que Gómez Mont mantiene su derecho a la presunción de inocencia y que serán los tribunales los encargados de determinar si tiene responsabilidad penal en los hechos que se le atribuyen.

Por ahora, el proceso depende también de las decisiones que tomen las autoridades migratorias de Estados Unidos respecto a su permanencia en ese país.

Mientras tanto, las tres órdenes de aprehensión continúan vigentes en México, en un caso que involucra presuntos movimientos millonarios de recursos públicos, contratos relacionados con centros penitenciarios y posibles irregularidades fiscales.