La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes el estado que guarda el acuerdo reparatorio celebrado con Alonso «N», derivado de la investigación por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mediante el comunicado FGR 429/26, la institución detalló la cronología de los pagos realizados, el incumplimiento de una de las parcialidades y los recursos legales que actualmente mantienen suspendido el proceso penal en contra de Alonso «N» y Emilio «N».

El origen del acuerdo reparatorio

De acuerdo con los dictámenes contables de la Fiscalía, Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta de fertilizantes. Sin embargo, un avalúo elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) determinó que el valor de una planta nueva era de 58 millones 335 mil 960 dólares.

Con base en esa evaluación, la FGR estableció un presunto sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad fijada como monto de la reparación del daño.

Como garantía del cumplimiento del acuerdo, Alonso «N» ofreció el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles.

El acuerdo fue autorizado por el Consejo de Administración de Pemex el 9 de febrero de 2021 y posteriormente aprobado por un juez federal de control en la Ciudad de México el 19 de abril del mismo año.

Pagos realizados y prórroga

El convenio estableció que la reparación del daño se cubriría en tres pagos.

El primero, por 50 millones 40 dólares, fue realizado el 30 de noviembre de 2021.

El segundo, por 54 millones 166 mil 10 dólares, se liquidó el 30 de noviembre de 2022.

Con ambos depósitos se cubrieron 104 millones 166 mil 50 dólares. Sin embargo, el tercer pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, previsto para el 30 de noviembre de 2023, no fue realizado.

Ante esta situación, la FGR solicitó la reanudación del proceso penal en diciembre de 2023. Posteriormente, Alonso «N» argumentó que enfrentaba dificultades relacionadas con la reestructura financiera de su empresa y solicitó una prórroga.

Pemex y el juez de control autorizaron ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de 2024, modificación que quedó formalizada el 7 de marzo de 2024.

Apelaciones mantienen suspendido el procedimiento

La Fiscalía explicó que el 12 de junio de 2024 el juez de control reservó la aprobación definitiva del convenio modificatorio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio «N», exdirector de Pemex.

Sobre ese recurso, la dependencia informó que el 18 de noviembre de 2025 se negó el amparo solicitado. Posteriormente, Emilio «N» promovió un recurso de revisión que fue resuelto el 19 de junio de 2026 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual confirmó la negativa del amparo.

No obstante, la FGR precisó que el proceso penal aún no puede reanudarse, debido a que permanecen pendientes de resolución dos recursos de apelación ante un tribunal colegiado, situación que legalmente impide continuar el procedimiento en contra de ambos imputados.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que continuará actuando conforme a la ley para procurar la reparación del daño al Estado mexicano y dar seguimiento a los procedimientos judiciales relacionados con el caso Agronitrogenados.

Rafael Marín rechazó los señalamientos que buscan vincularlo con el denominado huachicol fiscal y aseguró que forman parte de una campaña de desinformación impulsada por sus adversarios políticos. En un pronunciamiento público, sostuvo que las acusaciones surgen después de los resultados obtenidos durante su gestión al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en el combate al contrabando de combustibles.

El exfuncionario afirmó que las publicaciones difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación forman parte de una «guerra sucia» que, dijo, busca desacreditar su trayectoria. Aseguró que quienes promueven esos señalamientos son grupos que perdieron privilegios tras las acciones emprendidas contra las redes dedicadas al tráfico ilegal de combustibles.

Destaca acciones durante su gestión en la ANAM

Como parte de su posicionamiento, Marín aseguró que durante su administración al frente de la ANAM se obtuvieron resultados históricos en el combate al huachicol fiscal, con el respaldo del Gobierno Federal.

Entre las acciones mencionó el decomiso de más de 120 millones de litros de combustible, entre diésel y gasolina, introducidos de manera ilegal al país. También destacó el aseguramiento de 129 carrotanques ferroviarios en Coahuila, al que calificó como uno de los golpes más importantes contra estas operaciones.

Asimismo, señaló que durante ese periodo fueron canceladas las patentes de 30 agentes aduanales presuntamente implicados en actos irregulares y que se iniciaron 818 carpetas de investigación, las cuales derivaron, según expuso, en 326 personas vinculadas a proceso y cerca de 80 sentencias.

Resalta medidas de vigilancia e ingresos fiscales

En su mensaje, el exdirector de la ANAM también afirmó que se fortalecieron los mecanismos de vigilancia en las aduanas mediante la instalación del Centro Electrónico de Procesamiento de Datos y una red de 14 mil cámaras, con el objetivo de combatir el fraude documentario y reforzar los controles en los puntos de ingreso al país.

Añadió que las acciones implementadas permitieron incrementar los ingresos fiscales en más de 250 mil millones de pesos, recursos que, de acuerdo con su declaración, se destinaron a programas sociales y obras públicas.

Reitera compromiso con la transformación

En la parte final de su pronunciamiento, Rafael Marín sostuvo que los cuestionamientos en su contra coinciden con un momento de definiciones políticas dentro de Morena, por lo que atribuyó las críticas a intereses de grupos opositores.

Además, reiteró su compromiso con los principios de honestidad, transparencia y con los postulados de «no mentir, no robar y no traicionar al pueblo», al tiempo que afirmó que no permitirá que las campañas de desprestigio frenen, según expresó, el proyecto de transformación en Quintana Roo.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno no mantiene pactos con grupos del crimen organizado y reiteró que toda persona relacionada con actividades delictivas debe enfrentar la justicia conforme a la ley.

La mandataria respondió a los cuestionamientos sobre la presunta participación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el traslado y posterior detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, un caso que ha generado diversas reacciones tanto en México como en el extranjero.

Sheinbaum subrayó que el combate a la delincuencia organizada continuará sin excepciones y afirmó que las autoridades mexicanas actúan con base en investigaciones y pruebas, sin privilegiar acuerdos con organizaciones criminales.

“Trabajamos en la detención de todos aquellos que haya evidencia que estén involucrados con grupos delincuenciales. No hacemos pactos; el Estado mexicano debe actuar conforme a la ley, así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo”, expresó.

Al mismo tiempo, enfatizó que es indispensable respetar la soberanía nacional, al señalar que corresponde al Estado mexicano ejecutar detenciones dentro de su territorio y conducir las investigaciones conforme al marco legal vigente.

Las declaraciones de la presidenta se dan en medio del debate generado por las versiones sobre la posible intervención de autoridades estadounidenses en la captura de “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del crimen organizado, asunto sobre el que el Gobierno de México ha insistido en la importancia de esclarecer los hechos y preservar el respeto entre ambas naciones.