Con el objetivo de proteger el ingreso de las y los productores del Bajío ante la caída internacional del precio del maíz, el Gobierno de México y las administraciones estatales de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, que busca establecer precios de referencia, reducir la intermediación y garantizar la venta directa entre productores e industria.

El nuevo esquema forma parte de un acuerdo integral alcanzado la madrugada del 29 de octubre, que incluye apoyos económicos y financieros para alrededor de 90 mil productoras y productores de maíz blanco de la región.
De acuerdo con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, el convenio representa “una respuesta estructural” ante la volatilidad del mercado internacional y la sobreoferta global del grano.

Blindaje económico para el campo

Como parte del acuerdo, los tres gobiernos estatales y la Federación aportarán recursos conjuntos para otorgar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz blanco, con un límite de hasta 200 toneladas por productor. La medida beneficiará principalmente a quienes poseen hasta 20 hectáreas, es decir, el 98 % de las unidades productivas de la región.

Además, se ampliará el programa Cosechando Soberanía, que ofrecerá créditos con tasa preferencial del 8.5 % anual y seguro agropecuario contra sequías, inundaciones o plagas, con el fin de reforzar la estabilidad financiera del sector.

Hacia un mercado con reglas claras

El Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado será el primer mecanismo nacional orientado a dar transparencia y certidumbre al comercio del maíz, mediante tres ejes principales:

1. Definir precios de referencia que orienten las decisiones de siembra y venta.
2. Promover la comercialización directa entre productores y compradores industriales, reduciendo la cadena de intermediarios.
3. Establecer un marco jurídico y operativo claro, que será definido en coordinación con productores, estados y Federación.

El acuerdo también contempla la instalación de mesas de diálogo regionales para afinar las reglas operativas y garantizar condiciones justas en la compra de las cosechas.
“El objetivo no es solo mejorar los precios, sino asegurar que toda la producción nacional encuentre mercado”, subrayó Berdegué.

El titular de Agricultura explicó que el pacto surge en un contexto internacional de sobreproducción de maíz, con un stock récord mundial de más de 1,300 millones de toneladas.
Esta situación ha provocado una caída de 21 % en los precios internacionales, que actualmente rondan los 3,400 pesos por tonelada, los niveles más bajos desde 2017.

A pesar del entorno adverso, México prevé una cosecha nacional abundante, impulsada por buenas condiciones de riego en estados como Sinaloa. “Será una producción muy alta, probablemente el doble de la del año pasado”, afirmó el funcionario.

El acuerdo con los gobiernos del Bajío —resultado de varias semanas de negociaciones con productores— busca garantizar que ese incremento en la producción no se traduzca en pérdidas para el campo mexicano, sino en un modelo más justo y sostenible de comercialización.

México reafirmó su papel como actor clave en la diplomacia jurídica multilateral al presidir la 35ª Reunión Informal de Consultores Jurídicos celebrada en el marco de la Semana de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, encuentro que reunió a representantes legales de los Estados miembros para debatir los principales retos del derecho internacional contemporáneo.

El foro, que se realiza anualmente en la sede de la ONU, fue conducido por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenaga, quien dirigió los trabajos con el propósito de promover un diálogo abierto y orientado a resultados. Este año, México asumió la presidencia rotativa, que comparte con Polonia, India, Suecia y Canadá.

Diplomacia jurídica con rostro de mujer

Uno de los hechos más destacados del encuentro fue que, por primera vez, todas las panelistas que participaron en las discusiones fueron mujeres, un hecho sin precedentes que subraya el compromiso de México con su Política Exterior Feminista y la promoción de la igualdad de género en los espacios de decisión internacional.

Las participantes abordaron temas clave como la revitalización de las Naciones Unidas en su 80º aniversario, las negociaciones para una convención que sancione los crímenes de lesa humanidad, y el derecho a la legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU.

México, actor clave del multilateralismo

La reunión, realizada los días 27 y 28 de octubre, contó con la participación de Elinor Hammarskjöld, secretaria general adjunta para Asuntos Legales y asesora jurídica de las Naciones Unidas, y de Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General.
Ambas reconocieron la importancia de este espacio de reflexión colectiva sobre la aplicación del derecho internacional frente a los desafíos globales actuales.

Con la conducción de México, el encuentro enfatizó la necesidad de fortalecer el Estado de derecho internacional, impulsar la codificación de normas jurídicas y promover el diálogo diplomático como herramienta para la resolución pacífica de controversias, principios que históricamente han guiado la política exterior mexicana.

Liderazgo con visión global

Al presidir esta edición, México consolidó su posición como referente en la promoción del derecho internacional y la cooperación jurídica multilateral, reafirmando su apuesta por un orden mundial basado en reglas, equidad y justicia.

El evento no solo reafirmó el liderazgo diplomático de México, sino también su convicción de que la igualdad de género y el multilateralismo son pilares indispensables para construir instituciones internacionales más justas e inclusivas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó la construcción de la carretera San Ignacio–Tayoltita, una obra de 96 kilómetros que mejorará la conectividad y la actividad económica entre los estados de Sinaloa y Durango.

El nuevo tramo carretero, que reduce en más de 10 horas el recorrido entre ambas entidades, beneficiará a más de 11 mil habitantes de comunidades serranas que por años permanecieron en aislamiento.

De acuerdo con la dependencia federal, la obra tuvo una inversión de 3 mil 170 millones de pesos y cuenta con dos carriles —uno por sentido—, además de 14 puentes, tres viaductos y un túnel de 515 metros, conocido como “El Duranguense”.

La construcción, iniciada en 2019, generó más de 24 mil empleos directos e indirectos durante su desarrollo. En total, 84 kilómetros estuvieron a cargo del Centro SICT Sinaloa, mientras que 11.6 kilómetros, incluyendo el viaducto El Sauz, fueron ejecutados por el Centro SICT Durango.

La carretera forma parte del Plan Nacional de Infraestructura 2025–2030 y busca fortalecer la seguridad vial, el transporte de mercancías y la integración regional. Se espera que impulse el desarrollo económico de comunidades como San Juan, Vado Hondo, Tepehuajes, Tenchoquelite, Los Brasiles y El Limoncito, en Sinaloa, así como de Tayoltita, en Durango.

Con la entrada en operación de esta vía, se facilitará el traslado de productos agrícolas, ganaderos y mineros, además de fomentar el turismo regional.