La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) lanzó la convocatoria para la integración de los Comités de Contraloría Social del programa Fertilizantes para el Bienestar 2025, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la supervisión del uso de recursos públicos destinados a este apoyo agrícola.

De acuerdo con la dependencia, estos comités estarán conformados por personas derechohabientes del programa, quienes tendrán la tarea de vigilar el cumplimiento de los objetivos, verificar la correcta ejecución de las acciones y garantizar que los insumos lleguen a las comunidades beneficiadas de manera oportuna y transparente.

La convocatoria establece que las personas interesadas deberán comprobar que son beneficiarias activas del programa mediante una identificación oficial con fotografía. Además, deberán aceptar los lineamientos legales vigentes, incluyendo los relacionados con la protección de datos personales. Se buscará también que la integración de los comités sea paritaria, promoviendo la participación de al menos un 50% de mujeres.

El periodo de registro estará abierto del 6 de mayo al 15 de noviembre de 2025, y las solicitudes podrán presentarse en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, en las Oficinas de Representación Estatal y Federal (OREF), los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de la Secretaría de Agricultura.

La institución reiteró que el programa es público, gratuito y no debe utilizarse con fines políticos ni ajenos a su propósito. Las solicitudes que presenten documentos falsificados serán descartadas.

Asimismo, se recordó que la ciudadanía cuenta con varios mecanismos para denunciar irregularidades, como la Plataforma de Alertadores, el correo electrónico [email protected], las plataformas SIDEC y Denuncia Ciudadana, así como líneas telefónicas disponibles en todo el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este lunes que su gobierno enviará una invitación formal al papa León XIV para visitar el país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entregar personalmente una carta en el Vaticano durante una próxima visita oficial.

«Va a ir la secretaria de Gobernación, de ahí vamos a entregar una carta al Vaticano. Si puede ver al Papa personalmente, muy bien, y si no, de todas maneras se va a entregar la carta para invitarlo a venir a México en la fecha que él considere oportuna», anunció Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria subrayó la importancia de mantener una relación cercana y respetuosa con la Santa Sede, especialmente tras el reciente nombramiento de León XIV como sumo pontífice, el pasado 8 de mayo, luego del fallecimiento del papa Francisco.

Sheinbaum Pardo expresó su interés en fortalecer los lazos entre México y el Vaticano, y reiteró su respeto por la figura del nuevo Papa. «Habrá una buena relación con el Vaticano y con el nuevo pontífice, y, por supuesto, nos gustaría mucho que nos honrara con su visita», señaló.

El papa León XIV, de origen italiano, asumió el liderazgo de la Iglesia católica en un momento de importantes desafíos globales, y su posible visita a México sería vista como un gesto de acercamiento y solidaridad con uno de los países con mayor población católica en el mundo.

Aunque aún no se tiene una respuesta formal sobre la posible aceptación de la invitación, el Gobierno de México confía en que la misiva sea recibida favorablemente y que, en un futuro próximo, se pueda concretar la visita papal.

La regidora municipal y jefa de enfermería del Hospital Comunitario fue ejecutada la madrugada del 9 de mayo por un comando encapuchado. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ordenó despliegues especiales e inteligencia tras el crimen, y advirtió en redes: “Si matan a quienes curan y legislan… ¿a quién le queda fe en el Estado?”.

Tres sujetos armados y encapuchados irrumpieron en la sala de enfermería del Hospital Comunitario de Teocaltiche durante la madrugada del 9 de mayo de 2025. Los agresores amagaron al personal médico y dispararon directamente contra Cecilia Ruvalcaba Mercado, quien laboraba en ese turno como jefa de enfermeras.

Ruvalcaba, de 45 años y regidora municipal por Movimiento Ciudadano, recibió al menos dos disparos mortales y falleció en el lugar. Los atacantes huyeron antes de la llegada de la policía; en la escena se hallaron varios casquillos percutidos.

Cecilia Ruvalcaba era enfermera de profesión y figura pública reconocida en el municipio. Era licenciada en Enfermería y Obstetricia, además de excandidata a la presidencia municipal de Teocaltiche por MC en las elecciones recientes. En los comicios de 2024, se registró como candidata a alcaldesa, pero fue derrotada por la priísta Silvia Margarita Villalobos.

Según reportes periodísticos, Ruvalcaba había denunciado públicamente supuestas irregularidades en la administración local y en obras sociales del municipio. Su asesinato ha elevado la presión sobre las autoridades ante un panorama de corrupción e impunidad local.

El homicidio ocurrió en un contexto de violencia extrema en Teocaltiche y Jalisco. Con la muerte de Ruvalcaba, asciende a nueve el número de funcionarios municipales ejecutados en ese municipio solo en lo que va de 2025. Tres semanas antes, el secretario general del ayuntamiento, José Luis Pereida, fue asesinado a balazos en un restaurante local; otros policías y mandos han sido atacados o desaparecidos en meses recientes.

La Fiscalía de Jalisco y analistas apuntan a una pugna entre cárteles en la región: el CJNG y células del Cártel de Sinaloa se disputan rutas y plazas clave en Los Altos de Jalisco. Teocaltiche ha sido descrito como “un pueblo marcado en sangre por la violencia”, territorio controlado por el CJNG, «una de las organizaciones criminales más sádicas de México» que mantiene al municipio en un estado permanente de sitio y terror.

La noticia conmocionó al ámbito político y social. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó el crimen, calificando a Ruvalcaba como “una mujer ejemplar que dedicaba su vida a cuidar a los demás”. Lemus prometió que “trabajamos todos los órdenes de gobierno” para pacificar Teocaltiche, aunque reconoció que la violencia sigue “pendiente” de solución.

Desde las filas de Movimiento Ciudadano, líderes estatales expresaron «horror e indignación». Jorge Álvarez Máynez, exaspirante presidencial de MC, condenó el asesinato y advirtió que no se puede normalizar la expansión del crimen organizado. La dirigencia estatal del partido exigió una investigación pronta y pidió no ceder ante el miedo, subrayando que el caso no debe quedar impune.

En redes sociales y en Teocaltiche misma, ciudadanos y compañeros de hospital han colocado veladoras y carteles exigiendo justicia.

A nivel federal, la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, reaccionó con operativos en la zona. En coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, se reforzó la vigilancia en Teocaltiche, donde desde febrero las fuerzas federales habían asumido el mando ante la ola de violencia. Harfuch ordenó labores de inteligencia de campo para esclarecer el crimen y hallar a los responsables. Su declaración pública subrayó la gravedad del hecho: “Si matan a quienes curan y legislan… ¿a quién le queda fe en el Estado?”.

Esta frase fue interpretada como un llamado de alerta ante la escalada de ataques a servidores públicos. Por su parte, la Presidencia de la República reiteró que no se negociará con la delincuencia y prometió mayor apoyo interinstitucional en regiones conflictivas.

El brutal asesinato de Cecilia Ruvalcaba encendió nuevamente el debate sobre la inseguridad en México. Mientras autoridades estatales y federales despliegan recursos, líderes políticos y organizaciones civiles exigen respuestas y garantías de seguridad. Este caso ha trascendido fronteras, pues medios internacionales recuerdan que apenas días antes otro alcalde había sido asesinado en Veracruz, evidenciando la violencia generalizada que golpea a servidores públicos en el país.

En Teocaltiche, la tensión continúa; vecinos temen nuevas represalias y la pregunta de muchos ciudadanos es si las medidas gubernamentales serán suficientes para recuperar la paz en un municipio asediado por el crimen organizado.