La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes que su administración buscará recuperar para el país los bienes que las autoridades de Estados Unidos logren decomisar al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, luego de la sentencia de cadena perpetua dictada en su contra por una corte federal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, una vez que existan bienes o recursos efectivamente asegurados, el Gobierno de México recurrirá a los mecanismos de cooperación bilateral para solicitar que esos activos sean entregados al Estado mexicano.

Sheinbaum sostuvo que el dinero y los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas deben destinarse al beneficio de la población, por lo que reiteró la intención de su administración de gestionar su recuperación cuando el proceso legal lo permita.

La declaración ocurre después de que, en julio pasado, un juez federal de Nueva York condenó a cadena perpetua a Ismael “El Mayo” Zambada, de 76 años, tras declararse culpable de delitos relacionados con el tráfico de cocaína y fentanilo.

Como parte de la resolución judicial, también se ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, monto que la Fiscalía de Estados Unidos calcula como las ganancias obtenidas por el cofundador del Cártel de Sinaloa durante décadas de actividades criminales.

No obstante, la presidenta aclaró que esa cantidad no corresponde a bienes ya localizados o asegurados, sino a una estimación realizada por las autoridades estadounidenses sobre los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita por el narcotraficante.

En ese sentido, reiteró que México actuará conforme a los procedimientos de cooperación internacional para solicitar la entrega de los activos que, en su momento, sean efectivamente confiscados por el Gobierno estadounidense.

Durante la conferencia matutina de este martes 4 de agosto, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que el Estado no tendrá facultades para determinar qué información difundida en los medios de comunicación es verdadera o falsa.

Alcalde aclaró que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, presentados la semana pasada, no establecen que alguna autoridad gubernamental vaya a evaluar los contenidos periodísticos ni decidir sobre la veracidad de las publicaciones.

Explicó que serán los propios medios de comunicación los responsables de establecer códigos de ética internos que definan los mecanismos para verificar la información que transmiten a sus audiencias.

“Los lineamientos no hablan en ningún caso que el Estado determine qué es verdad y qué no es verdad. Los medios son los que tienen la obligación de emitir códigos de ética de cómo van a garantizar que la información sea veraz”, señaló.

La funcionaria destacó que el objetivo de estas disposiciones es garantizar que las audiencias tengan acceso a información plural, comprobada y libre de contenidos falsos, sin que exista una intervención directa del gobierno en la labor informativa.

Asimismo, reiteró que serán las empresas y medios de comunicación quienes establecerán, mediante sus propios códigos de ética, los procedimientos para verificar sus contenidos y determinar cómo cumplen con la obligación de ofrecer información confiable.

“No va a evaluar el Estado si es verdad o no es verdad; serán los medios de comunicación, a través de esos códigos de ética, los que establezcan cómo van a garantizar que esa información sea veraz”, puntualizó.

La consejera jurídica señaló que la medida busca fortalecer los derechos de las audiencias y promover prácticas de verificación dentro de los propios medios, sin modificar la libertad de expresión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este martes 4 de agosto el decreto de transparencia digital, con el que busca garantizar que la ciudadanía tenga mayor acceso a la información sobre las acciones y actividades del Gobierno de México.

Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que esta medida será incorporada a la Ley General de Transparencia durante el próximo periodo de sesiones del Congreso, con el objetivo de establecer nuevas bases para la publicación de información pública.

Sheinbaum señaló que, con este decreto, la transparencia dejará de depender de la decisión personal de algún funcionario, ya que se establecerán lineamientos específicos para determinar qué información debe estar disponible para la población y cuál puede reservarse cuando forme parte de procesos judiciales o administrativos.

“Eso es lo que estamos presentando: el decreto y, para el inicio de sesiones del Congreso, se va a incorporar a la Ley de Transparencia, para garantizar el acceso a la información de todos los mexicanos y mexicanas de lo que hace el Gobierno de México”, expresó.

La presidenta detalló que actualmente la legislación permite que servidores públicos determinen qué información puede hacerse pública bajo criterios como seguridad nacional o el tipo de procedimiento en el que se encuentre.

Sin embargo, destacó que con las nuevas reglas se busca evitar decisiones discrecionales y establecer criterios definidos para garantizar la transparencia gubernamental, al tiempo que se respeten aquellos casos donde existan restricciones legales por investigaciones o procesos en curso.

Con esta medida, el Gobierno federal pretende fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y facilitar que las personas puedan consultar información relacionada con las acciones de las instituciones públicas.