La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente este lunes la discusión de la acción de inconstitucionalidad 69/2026, relacionada con diversas restricciones a las candidaturas independientes en Michoacán y cuyos posibles efectos alcanzan al escenario electoral de 2027.

El asunto, promovido por Movimiento Ciudadano contra disposiciones del Código Electoral de Michoacán, estaba contemplado en la sesión pública de este 24 de agosto; sin embargo, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García solicitó dejarlo en lista, por lo que no fue votado.

El proyecto plantea invalidar algunas de las reglas aprobadas recientemente, entre ellas una disposición que limita que distintas candidaturas independientes puedan proyectar ante el electorado una identidad común, como un mismo bloque, agrupación, frente o plataforma política.

La resolución tiene especial interés para Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, quien ha manifestado su intención de competir por la gubernatura en 2027 mediante una vía independiente y ha señalado que las nuevas reglas afectan al Movimiento del Sombrero. La alcaldesa acudió este lunes a la sede de la Corte para expresar su postura y dar seguimiento al proceso.

Quiroz sostuvo que la reforma no solo tendría impacto en su eventual candidatura, sino también en otros ciudadanos que busquen competir sin el respaldo de un partido político. En declaraciones posteriores, indicó que permanecerá atenta a los siguientes movimientos del máximo tribunal, pues el tema podría retomarse en los próximos días.

Mientras tanto, la reforma electoral continúa vigente, ya que la Suprema Corte todavía no emite una resolución definitiva sobre las disposiciones impugnadas. De acuerdo con reportes difundidos este lunes, el asunto podría volver a la discusión durante esta semana.

Durante su estancia en Ciudad de México, Quiroz también informó que sostendría una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por temas relacionados con la situación de Uruapan.

Rubén Rocha Moya regresó este viernes a la gubernatura de Sinaloa luego de permanecer 112 días separado del cargo, en medio de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios de su administración con el Cártel de Sinaloa. El mandatario aseguró que vuelve para continuar al frente del estado y trabajar por los sinaloenses.

A través de un video difundido en redes sociales, Rocha Moya afirmó que reasume sus funciones con la intención de gobernar “con firmeza y entrega” y sostuvo que está listo para continuar con las responsabilidades del Ejecutivo estatal.

El gobernador había solicitado licencia el pasado 1 de mayo, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a una decena de funcionarios, incluido él, por presuntos nexos con una estructura vinculada con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los señalamientos estadounidenses, la supuesta red habría permitido el traslado de drogas hacia territorio estadounidense y proporcionado información sensible a grupos criminales a cambio de beneficios económicos y políticos. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que tienen un trasfondo político.

Rocha Moya dice que se puso a disposición de la FGR

Durante el periodo en que permaneció fuera del cargo, el gobernador aseguró que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se puso a disposición de las autoridades mexicanas para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Rocha Moya ha dicho que, después de las diligencias realizadas durante esos 112 días, no existen elementos que acrediten que haya cometido algún delito. Sin embargo, reportes recientes señalan que las investigaciones de la FGR relacionadas con los funcionarios mencionados por Estados Unidos continúan abiertas.

El mandatario explicó que su separación temporal tuvo como propósito no interferir con ningún procedimiento y permitir que las autoridades realizaran las indagatorias.

Morena se desmarca del regreso

El retorno de Rocha Moya generó una reacción inmediata dentro de Morena. El partido señaló que la decisión de reincorporarse a la gubernatura fue personal y se deslindó de la determinación, al tiempo que expresó su respeto por el Estado de derecho, el debido proceso y las investigaciones de la FGR.

El Gobierno federal también ha marcado distancia respecto de la decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado anteriormente los señalamientos estadounidenses contra Rocha Moya y ha pedido que se presenten pruebas, al considerar que México no puede aceptar acusaciones sin sustento.

La Secretaría de Gobernación, por su parte, ha precisado que las investigaciones de la Fiscalía no se encuentran cerradas.

Regreso en medio de un escenario político complicado

El regreso del gobernador ocurre mientras Sinaloa enfrenta un escenario de violencia y una fuerte presión política derivada de las acusaciones contra funcionarios estatales.

La reincorporación de Rocha Moya también ha provocado cuestionamientos dentro y fuera de Morena, particularmente porque el mandatario decidió volver al cargo mientras permanecen abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados desde Estados Unidos.

Pese al panorama, Rocha Moya dejó claro que pretende mantenerse al frente del Ejecutivo sinaloense y continuar con su administración. Su regreso pone nuevamente el foco sobre Sinaloa y sobre una investigación que, lejos de quedar atrás, mantiene abiertas varias interrogantes a ambos lados de la frontera.

El Gobierno de México manifestó su “grave preocupación” por la resolución preliminar de Estados Unidos sobre presuntas prácticas de dumping en las exportaciones mexicanas de fresa y advirtió que el caso podría sentar un precedente complicado para otros productos hortofrutícolas del país.

La Secretaría de Economía informó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó de manera preliminar márgenes de dumping de entre 3.37 y 5.28 por ciento para algunas empresas mexicanas, mientras que para la mayoría de los exportadores fijó una tasa de 4.83 por ciento.

La acusación estadounidense sostiene que las fresas provenientes de México ingresan al mercado de ese país a precios inferiores a los considerados adecuados para su industria nacional. Sin embargo, la dependencia mexicana rechazó esa interpretación y cuestionó la metodología utilizada por las autoridades estadounidenses.

Economía consideró “arbitraria” la aplicación de criterios relacionados con la estacionalidad y la regionalidad, al señalar que no serían compatibles con las disposiciones del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Investigación surgió tras petición de productores de Florida

El procedimiento comenzó después de que productores de Florida solicitaran, el 31 de diciembre de 2025, la aplicación de derechos antidumping contra la fresa mexicana.

La resolución actual todavía no es definitiva. Como parte del proceso, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) determinó en marzo que no existían elementos suficientes para considerar a la llamada fresa de invierno como un producto separado ni para reconocer la existencia de un mercado regional específico.

No obstante, previamente la misma comisión había considerado que había indicios razonables de un posible daño material para una industria estadounidense, por lo que permitió que la investigación continuara.

Miles de productores podrían resentir la medida

La Secretaría de Economía señaló que una eventual confirmación de los aranceles podría afectar a cerca de 5 mil productores mexicanos de fresa. El impacto sería particularmente relevante para pequeños agricultores, ya que 97 por ciento trabaja superficies de 10 hectáreas o menos.

La actividad también genera alrededor de 151 mil empleos, por lo que el sector mexicano considera que una medida definitiva tendría efectos que irían más allá de las empresas exportadoras.

Tan solo en 2025, México envió aproximadamente 263 mil toneladas de fresa al mercado estadounidense, con un valor cercano a mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Economía.

Sector advierte posibles efectos en precios y abasto

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) también expresó su rechazo a la medida y alertó sobre el riesgo de que criterios relacionados con temporadas o regiones terminen aplicándose posteriormente a otros productos del campo mexicano.

El organismo señaló que una ampliación de ese tipo podría generar incertidumbre para productores, exportadores e inversionistas, además de provocar presiones sobre el abasto y los precios para los consumidores.

Por su parte, Aneberries, organización que representa a productores y exportadores del sector, defendió que las cadenas productivas de ambos países son complementarias, no competidoras directas.

La asociación explicó que México abastece principalmente al mercado estadounidense entre noviembre y marzo, cuando disminuye la producción local, mientras durante el verano Estados Unidos, especialmente California, suministra fresa al mercado mexicano.

Además, el sector mexicano sostiene que su competitividad responde a condiciones productivas y comerciales y no a prácticas desleales.

Resolución final llegará en 2027

Mientras el proceso sigue su curso, la Secretaría de Economía aseguró que mantendrá la coordinación con productores y exportadores para dar seguimiento a las siguientes etapas de la investigación.

Una vez que la resolución preliminar sea publicada en el Registro Federal estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza podrá exigir depósitos en efectivo equivalentes a los márgenes determinados.

Por ahora, esas tasas son provisionales y todavía pueden modificarse. El Departamento de Comercio de Estados Unidos tiene previsto emitir su decisión final alrededor del 8 de enero de 2027.

El sector fresero mexicano, mientras tanto, mantiene la mirada puesta en ese procedimiento, pues una resolución definitiva en contra podría no solo encarecer las exportaciones, sino abrir una puerta que el Gobierno mexicano teme pueda terminar afectando a otros productos del campo nacional.