La fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró este viernes que la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, secuestrada hace tres días en su domicilio, es «prioritaria» y cuenta con el apoyo de distintos efectivos federales.

La titular del Ministerio Público estatal subrayó que los investigadores están realizando análisis de las grabaciones disponibles, lo que «ha permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento».

Sin dar más detalles, Jiménez explicó que las fuerzas de seguridad están realizando recorridos de búsqueda por varios municipios de Veracruz, en los que también participan efectivos federales de la Secretaría de la Defensa, la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina y Guardia Nacional.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum añadió que, por el momento, no se sabe «cuál es la causa» del secuestro de la periodista porque las investigaciones continúan, al tiempo que destacó que «lo más importante en este momento es encontrarla».

Roxana Berenice Guzmán, directora y reportera del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada en el municipio de Nanchital, sur del estado, tras la irrupción violenta de un grupo de hombres armados en su domicilio, rapto que quedó registrado en video y difundido en redes sociales.

La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, descartó que Mahahual, Quintana Roo, sea convertido en Área Natural Protegida, al señalar que la región necesita mantenerse como un sitio turístico. Durante una visita a la comunidad, la funcionaria aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió escuchar directamente a los habitantes para conocer sus necesidades y definir proyectos que beneficien a la población.

Como parte de una gira de trabajo por tres días por Quintana Roo, que también incluye visitas a Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, Bárcena sostuvo encuentros con habitantes y representantes de distintos sectores para dialogar sobre el futuro de la zona: “Queremos escuchar sus inquietudes, sus necesidades, en qué podemos apoyar”, expresó durante su recorrido por Mahahual.

La declaración ocurre semanas después de que la Semarnat rechazó la construcción del megaproyecto turístico “Perfect Day”, impulsado por Royal Caribbean. El proyecto contemplaba un parque acuático, un club de playa y un muelle para cruceros en una zona arrecifal considerada ambientalmente sensible, por lo que la dependencia determinó negar los permisos tras identificar diversos riesgos ambientales.

Durante el encuentro, representantes empresariales señalaron la importancia de impulsar el desarrollo económico de Mahahual a través del turismo. El proyecto “Perfect Day” contemplaba una inversión cercana a los mil millones de dólares y la llegada de hasta 21 mil visitantes diarios a una comunidad con alrededor de 2 mil 600 habitantes, por lo que su cancelación abrió el debate sobre el equilibrio entre conservación ambiental y crecimiento turístico en la región.

Una denuncia presentada ante autoridades federales expone un conjunto de presuntas operaciones empresariales, financieras y societarias relacionadas con contratos públicos otorgados en Sonora, así como posibles conflictos de interés y movimientos patrimoniales que involucran a diversas empresas y personas físicas.

De acuerdo con la documentación referida en la denuncia, uno de los ejes de la investigación está relacionado con una operación mediante la cual el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, habría comprometido o efectuado pagos por aproximadamente 35 millones de pesos derivados de la adquisición o regularización de una fracción de terreno de 17 mil 839 metros cuadrados correspondiente a un tramo del bulevar Tetakawi, en San Carlos, Nuevo Guaymas.

Según los antecedentes citados, dicho terreno forma parte de una vialidad construida con recursos públicos hace más de tres décadas y atraviesa predios pertenecientes a una sociedad mercantil en la que participa el empresario sonorense Carlos Benito Astiazarán Aguilar. La investigación plantea la necesidad de esclarecer si existía alguna obligación legal de ceder gratuitamente esa superficie al dominio público conforme a la normatividad aplicable en materia de urbanización y desarrollo urbano.

Desarrollo inmobiliario bajo revisión

La documentación consultada también refiere que en mayo de 2024 fue inscrita una subdivisión del predio denominado Los Tomates, ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas. Como resultado de este procedimiento se generaron diversas fracciones, entre ellas un lote de aproximadamente 151 mil 854 metros cuadrados.

De acuerdo con la investigación, dicha superficie forma parte del desarrollo inmobiliario denominado Sol Bajo, impulsado por una sociedad relacionada con Astiazarán Aguilar en asociación con Inmobiliaria Piedras Pintas, S.A. de C.V.

La información corporativa revisada señala además la participación de Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez en la citada inmobiliaria. El documento destaca que existe una relación familiar entre ambos empresarios, así como coincidencias previas en órganos de representación institucional, circunstancias que, según la investigación, resultan relevantes para el análisis de posibles conflictos de interés.

Señalamientos sobre estructura societaria

Otro apartado de la denuncia se refiere a controversias relacionadas con la integración accionaria de Marina Sol Bajo, S.A. de C.V. Algunos accionistas sostienen que determinadas decisiones societarias habrían tenido como consecuencia el desconocimiento de socios que, según afirman, poseían alrededor del 15 por ciento del capital social de la empresa.

Los promoventes sostienen que dichas personas conservaron su participación durante más de dos décadas y que las resoluciones adoptadas habrían afectado sus derechos corporativos y beneficios económicos vinculados al desarrollo inmobiliario. No obstante, la documentación señala que no ha sido posible determinar si estas circunstancias fueron conocidas o evaluadas por terceros involucrados en el proyecto.

Presuntas operaciones financieras

La investigación también documenta el presunto uso de activos pertenecientes a Marina Sol Bajo, S.A. de C.V. como garantía de obligaciones relacionadas con contratos obtenidos por Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V., empresa señalada en la denuncia como vinculada a Carlos Benito Astiazarán Aguilar y Beatríz Campa Robles.

De acuerdo con los antecedentes recabados, la garantía habría sido suscrita sin contar presuntamente con la autorización de la totalidad de los socios. Asimismo, se menciona una transferencia electrónica realizada en diciembre de 2023 entre empresas relacionadas con los señalamientos contenidos en la denuncia.

Los documentos también hacen referencia a una donación de aproximadamente 50 mil metros cuadrados realizada por Rocky Point, S.A. de C.V. a favor del Gobierno del Estado de Sonora durante 2023.

Contratos públicos y estructura empresarial

La denuncia incorpora además señalamientos relacionados con Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V., empresa que presuntamente habría obtenido contratos vinculados al suministro de alimentos para Centros de Reinserción Social en Sonora y posteriormente servicios relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según el documento, aunque públicamente la sociedad habría sido operada por otras personas, el control real de la empresa recaería en Carlos Benito Astiazarán Aguilar y Beatríz Campa Robles. La denuncia sostiene además que determinadas modificaciones societarias no habrían sido inscritas en el Registro Público de Comercio.

Asimismo, se mencionan diversas empresas que, de acuerdo con la documentación fiscal revisada por los denunciantes, presentarían patrones financieros considerados atípicos, entre ellos pérdidas fiscales recurrentes y elevados montos reportados bajo conceptos de asimilados a salarios.

Autoridades deberán determinar responsabilidades

Especialistas citados en la investigación señalan que, en caso de acreditarse los hechos denunciados, podrían configurarse diversas conductas previstas en la legislación mexicana. Sin embargo, subrayan que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la existencia de irregularidades, deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer las acciones legales correspondientes.

El documento también precisa que se realizaron gestiones para obtener la versión de las personas señaladas. No obstante, al momento de la publicación de la investigación no se había recibido respuesta.

Hasta ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia y de una investigación en curso, por lo que las personas mencionadas conservan plenamente sus derechos de audiencia, defensa y presunción de inocencia.