La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este viernes en extradición a Estados Unidos a Abel ‘N’, un mexicano requerido por una corte federal de Oregon por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses recibieron al reclamado para trasladarlo a territorio estadounidense, informó la FGR en un comunicado.

El caso se originó ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon, que requirió al citado sujeto por los delitos señalados, relacionados con una causa penal en la que ya había comparecido previamente.

De acuerdo con la FGR, en julio de 2022 el sujeto se declaró culpable ante esa corte por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Pese a ello, quedó en libertad y fue citado para una fecha posterior, en la que debía presentarse para escuchar su sentencia.

Sin embargo, el acusado no acudió a la audiencia, por lo que las autoridades estadounidenses iniciaron el procedimiento correspondiente para lograr su localización y entrega.

A petición del Gobierno de Estados Unidos, la FGR solicitó después una orden de detención con fines de extradición ante un juez federal mexicano.

La petición fue presentada ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.

El juez concedió la orden de detención y esta fue ejecutada en febrero pasado en Tijuana, Baja California.

Tras su captura, el caso siguió las etapas previstas en el proceso de extradición hasta que el Gobierno de México concedió formalmente la entrega del reclamado.

La FGR no detalló en su comunicado la sustancia vinculada con la causa penal ni la pena que el hombre podría enfrentar en Estados Unidos y los posibles nexos que pudiese tener con alguna organización criminal.

Tampoco informó si la entrega ya fue notificada a la corte de Oregon ni la fecha en la que el mexicano deberá comparecer de nuevo ante el tribunal estadounidense.

La extradición ocurre en un contexto de cooperación judicial entre México y Estados Unidos contra delitos vinculados al narcotráfico y redes transnacionales, en el que las autoridades de ambos países recurren a solicitudes formales de entrega cuando una persona reclamada se encuentra fuera del territorio donde es procesada.

Asimismo, sucede a la parte de presiones del gobierno estadounidense que ahora ha vinculado el tema de seguridad de migración a la revisión del tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Fiscalía señaló que el procedimiento se llevó a cabo como parte de la colaboración internacional entre ambos países y con base en el Tratado de Extradición firmado por México y Estados Unidos.

Continuamos recibiendo documentos y antecedentes relacionados con presuntas operaciones que involucran recursos públicos, al empresario sonorense Carlos Benito Astiazarán Aguilar y a diversas dependencias del Gobierno del Estado de Sonora.

En esta ocasión, los datos recabados no están relacionados con contratos gubernamentales adjudicados a compañías vinculadas al empresario, sino con una transacción que, de acuerdo con la investigación, habría implicado pagos millonarios en favor de Marina Sol Bajo, S.A. de C.V., sociedad de la cual es accionista.

Según los antecedentes obtenidos, el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, habría comprometido o efectuado desembolsos por aproximadamente 35 millones de pesos, derivados de la adquisición o regularización de una fracción de terreno de 17,839 metros cuadrados correspondiente a un tramo del Boulevard Tetakawi, en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, identificado como Porción 2 Avenida.

Conforme a la documentación consultada, dicho predio forma parte de una vialidad construida con recursos públicos hace más de tres décadas y que atraviesa terrenos propiedad de la citada sociedad mercantil. Asimismo, se señala que la obra habría sido ejecutada originalmente por constructoras relacionadas con el mismo grupo empresarial al que se encuentra vinculado Carlos Benito Astiazarán Aguilar.

Fuentes consultadas sostienen que, por la naturaleza de la vialidad y el marco normativo aplicable en materia de urbanización y desarrollo urbano vigente en aquella época, resulta necesario esclarecer si existía la obligación legal de ceder gratuitamente esa área al dominio público, por lo que cualquier solicitud de pago debió ser antes estudiada y aprobada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora (SIDUR)

Subdivisión del predio y desarrollo inmobiliario

Los registros revisados muestran que, en mayo de 2024, fue inscrita ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora una subdivisión del predio denominado Los Tomates, ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora, inmueble originalmente adquirido por Fernando María, Alejandro Agustín, Alberto, Francisco Xavier y Carlos Benito Astiazarán Aguilar.

Como resultado de dicha subdivisión se generó, además de la fracción vinculada a la operación previamente descrita, un lote con una extensión aproximada de 151,854 metros cuadrados. Según los antecedentes recabados, esta superficie forma parte actualmente del desarrollo inmobiliario denominado “Sol Bajo”, impulsado por una sociedad relacionada con Astiazarán Aguilar en asociación con Inmobiliaria Piedras Pintas, S.A. de C.V.

La información corporativa consultada señala que en esta última sociedad tiene participación Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, actual presidente municipal de Hermosillo, quien además coincidió con Carlos Benito Astiazarán Aguilar como integrante del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).

Adicionalmente, es un hecho público que ambos mantienen un vínculo familiar, ya que Carlos Benito Astiazarán es hermano del padre de Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez. Estas circunstancias resultan relevantes para el análisis de los hechos descritos en la presente investigación, particularmente en lo relativo a la posible existencia de conflictos de interés derivados de las relaciones familiares, empresariales e institucionales identificadas.

Controversias societarias

De acuerdo con diversos documentos y testimonios incorporados a la investigación, previo al inicio del desarrollo inmobiliario “Sol Bajo” se habrían celebrado diversas asambleas societarias mediante las cuales se buscó modificar la estructura de control de Marina Sol Bajo, S.A. de C.V.

Algunos accionistas sostienen que dichas actuaciones tuvieron como consecuencia el desconocimiento de socios que, en su momento, recibieron acciones de la compañía y que representarían aproximadamente el 15% de su capital social. Según las fuentes afirman que los afectados habrían conservado esa participación durante más de dos décadas y sostienen que las resoluciones adoptadas los privaron indebidamente de derechos corporativos y beneficios económicos vinculados al proyecto inmobiliario.

Con base en la información recabada, no ha sido posible determinar si estas circunstancias fueron conocidas, ignoradas o debidamente evaluadas por Inmobiliaria Piedras Pintas, S.A. de C.V., por Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez o por la institución fiduciaria que intervino en la constitución del fideicomiso relacionado con el desarrollo, con anterioridad a la formalización de los instrumentos correspondientes.

Uso de activos societarios como respaldo de obligaciones

La investigación también documenta que activos pertenecientes a Marina Sol Bajo, S.A. de C.V. habrían sido utilizados para garantizar obligaciones relacionadas con contratos obtenidos por Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V., empresa vinculada a Carlos Benito Astiazarán Aguilar y su esposa Veatríz Campa Robles; operada con la participación de Hedman Araujo Cortés y Leonel Araujo Cortés como sus prestanombres, poniendo en riesgo el patrimonio de la empresa y de sus accionistas.

De acuerdo con los antecedentes recabados, la garantía en cuestión habría sido suscrita por Francisco Javier Astiazarán Tolentino, sobrino, compadre y socio de Carlos Benito Astiazarán Aguilar, sin contar presuntamente con la autorización de la totalidad de los socios.

Donación de terreno al Gobierno del Estado

Por otro lado, la investigación identificó que en junio de 2023 la empresa Rocky Point, S.A. de C.V., accionista mayoritaria de la multirreferida empresa Marina Sol Bajo, S.A. de C.V., sociedad en la que participa Carlos Benito Astiazarán Aguilar, celebró un contrato de donación mediante el cual habría transferido al Gobierno del Estado de Sonora una superficie aproximada de 50,000 metros cuadrados ubicada en Puerto Peñasco, Sonora.

Asimismo, se identificó que el 14 de diciembre de 2023 se realizó una transferencia electrónica por la cantidad de $1,410,000.00 (un millón cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.) desde una cuenta bancaria de BBVA a nombre de Urbanizadora de La Presa, S.A. de C.V., a favor de la empresa Rocky Point, S.A. de C.V, sociedad en la que participa el referido empresario y que previamente celebró un contrato de donación a favor del Gobierno del Estado de Sonora.

Necesidad de esclarecimiento institucional

Los hechos descritos en esta investigación contienen elementos que, por su relevancia pública y posible impacto en el manejo de recursos y bienes de interés colectivo, ameritan ser revisados por las autoridades estatales y federales competentes.

Especialistas consultados en materia de combate a la corrupción, fiscalización y delitos financieros señalan que, en caso de acreditarse los hechos referidos y confirmarse la existencia de operaciones simuladas, triangulación de recursos, utilización de prestanombres o mecanismos de ocultamiento patrimonial, podrían actualizarse diversas conductas previstas en la legislación mexicana, entre ellas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, tráfico de influencias, fraude procesal, actos de corrupción relacionados con la contratación pública e incluso delincuencia organizada, dependiendo de las circunstancias específicas que lleguen a acreditarse y del grado de participación de cada una de las personas involucradas.

No obstante, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la existencia de posibles irregularidades, deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer las acciones legales que procedan conforme a derecho.

Con el propósito de incorporar todas las versiones relacionadas con este asunto y garantizar el derecho de audiencia de las personas mencionadas, se realizaron gestiones para solicitar sus comentarios y posicionamientos respecto de los hechos aquí expuestos. Sin embargo, al momento de esta publicación no se había recibido respuesta.

La fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró este viernes que la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán, secuestrada hace tres días en su domicilio, es «prioritaria» y cuenta con el apoyo de distintos efectivos federales.

La titular del Ministerio Público estatal subrayó que los investigadores están realizando análisis de las grabaciones disponibles, lo que «ha permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento».

Sin dar más detalles, Jiménez explicó que las fuerzas de seguridad están realizando recorridos de búsqueda por varios municipios de Veracruz, en los que también participan efectivos federales de la Secretaría de la Defensa, la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina y Guardia Nacional.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum añadió que, por el momento, no se sabe «cuál es la causa» del secuestro de la periodista porque las investigaciones continúan, al tiempo que destacó que «lo más importante en este momento es encontrarla».

Roxana Berenice Guzmán, directora y reportera del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada en el municipio de Nanchital, sur del estado, tras la irrupción violenta de un grupo de hombres armados en su domicilio, rapto que quedó registrado en video y difundido en redes sociales.