Este lunes se presentó en la Secretaría de Gobernación el informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV), en la que la titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó su pésame a las familias que han sufrido la pérdida de alguien víctima de violencia de género y presentó algunos casos sobre la política cero impunidad del Gobierno de México.

En dicho informe estuvieron el subsecretario de Seguridad Pública de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann; y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, Fabiola Alanís Sámano, así como autoridades del estado de Chiapas.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez anunció que la SSPC trabaja en una iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas para que las fiscalías estatales cuenten con un Banco de ADN de uso forense y cuya información genética pueda ser utilizado en la vinculación de evidencia; así como la activación de un grupo de personas expertas cuando se requiera su cooperación.

Además, adelantó que se expedirá un protocolo homologado de atención a la violencia de género y violencia feminicida para primeros respondientes y una certificación nacional de los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno para que prevengan y atiendan estos casos con los estándares adecuados.

“El Gobierno de México reitera el combate frontal a la impunidad, poniendo siempre al centro a las víctimas. Queremos reafirmar que las familias, las autoridades estatales y municipales no están solas, cuentan con toda la fuerza del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres y sancionar a los agresores”, dijo.

La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer el Modelo Integral de Prevención Primaria de las Violencias hacia las mujeres, cuyo objetivo es desarticular las prácticas socioculturales que normalizan la desigualdad y reproducen la discriminación por razones de género, las cuales se calculan tienen un costo del 1.4 por ciento del PIB nacional.

La responsable de coordinar la política de igualdad entre mujeres y hombres en el país resaltó que con el modelo se trabaja de forma permanente y coordinada entre el gobierno federal con los tres órdenes y Poderes del Estado. A la par, se articula con los ejes de atención y sanción para enfrentar el problema de manera holística, pues involucra a todos los núcleos sociales y comunidades.

“Trabajar desde la prevención, en la educación, con los medios de comunicación con el trabajo. Esto es el quehacer que tenemos en el grupo interinstitucional, este es el trabajo que tenemos desde el Instituto Nacional de las Mujeres porque lo que queremos ver es un México donde las mujeres podamos ser libres, donde las mujeres podamos ser empresarias, trabajadoras y esto es lo que hacemos cotidianamente con todas las mujeres con todas las instancias del país”, recalcó.

La titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, informó que se avanza en la estrategia de atención a 50 municipios prioritarios, que tiene como objetivo reducir la incidencia de violencias en razón de género mediante la mejora de la capacidad instalada para atención de mujeres víctimas.

También, la instalación y funcionamiento de consejos, comités o sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; y la articulación de esfuerzos para contribuir en el acceso a la justicia para las víctimas.

A la fecha –especificó– han sido recorridos siete municipios con esa finalidad: Ciudad Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali. Con ello, precisó que se avanza en la prevención de las violencias que viven las mujeres en el país, a través de una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.

La comisionada nacional destacó la puesta en marcha de la Cruzada Nacional para Prevenir, Combatir, Denunciar y Erradicar el Abuso Sexual y la Violación Infantil y Adolescente, que consiste fundamentalmente en coordinar mecanismos de atención de casos con autoridades locales para asegurar cero tolerancia e impunidad en este tipo de casos; además de recomendar la capacitación al personal que atiende a víctimas, llamar al fortalecimiento y ampliación de la capacidad instalada de atención especializada, y contribuir al acceso a la justicia para víctimas de estos casos.

Acompañaron en esta ocasión a las autoridades federales en el salón Juárez del conjunto Bucareli, las secretarias en Chiapas, de Seguridad Pública, comisaria general Gabriela del Socorro Zepeda Soto; y de Igualdad de Género, María Mendiola Totoricagüena, así como la fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Fabiola Ivonne Huerta Salvá.

La comisaria general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acentuó que como parte de las políticas públicas en la materia se diseñaron células de reacción inmediata en siete municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), así como la instalación de la Unidad Policial de Atención a la Violencia de Género (UPAVIG), además de las acciones que se realizan en coordinación con la Conavim, en la cual se brinda a los cuerpos policiales las bases teóricas y procedimentales para el mejoramiento de la atención y respuesta de la violencia familiar y de género.

La secretaria de Igualdad de Género subrayó que en Chiapas se llegó al doble de municipios en comparación con 2019, a través de los Centros de Atención Especializada del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (Paimef), y que por primera vez en esa entidad se cuenta con un programa estatal propio que complementa los esfuerzos federales y permite que los servicios de atención se brinden de manera ininterrumpida durante todo el año, a la par de que también por primera ocasión el Gobierno de Chiapas cuenta con refugios propios.

La fiscal de Derechos Humanos del estado de Chiapas notificó que, gracias al apoyo del gobierno federal, a través de la Conavim, de 2019 a la fecha en esa entidad se han invertido más de 40 millones de pesos para prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas, así como para impulsar acciones orientadas al cumplimiento de las medidas de la AVGM.

En este sentido, las autoridades en su conjunto llamaron a la población a denunciar, pues sus testimonios aportan elementos para la integración de las carpetas de investigación y la judicialización de los casos. Las personas pueden llamar al 911, o bien al 089 de manera confidencial sobre violencia familiar.