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Recupera México certificación para exportar camarón a mercado de EEUU

Esta certificación demuestra claramente que entre los Gobiernos de México y Estados Unidos existe apertura, respeto y fuerte compromiso por fortalecer el diálogo y la relación en materia pesquera internacional.

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El Gobierno de Estados Unidos notificó formalmente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) la certificación de camarón mexicano para que pueda ser exportado a dicho mercado.

La obtención de la certificación es resultado del esfuerzo coordinado al interior del Gobierno de México, entre las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Conapesca, la de Marina–Armada de México (Semar), la de Relaciones Exteriores (SRE), la de Economía (SE) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como la Embajada de México en Estados Unidos y la industria de camarón de nuestro país.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, refrendó el compromiso del Gobierno de México con la producción sustentable del camarón mexicano, a través de medidas efectivas y comparables que aseguran la conservación y protección de las tortugas marinas.

Expresó, además, un especial agradecimiento a todas las dependencias involucradas en este tema con quienes se avanza para enfrentar los retos que tiene la agenda internacional. De manera particular, se refirió al trabajo desempeñado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y su equipo de colaboradores, quienes se sumaron a las pláticas que sostuvo la delegación mexicana con sus contrapartes el pasado mes de agosto en Washington.

Resaltó que esta certificación demuestra claramente que entre los Gobiernos de México y Estados Unidos existe apertura, respeto y fuerte compromiso por fortalecer el diálogo y la relación en materia pesquera internacional.

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Avances y Compromisos en la Cuarta Reunión de la Comisión de Libre Comercio T-MEC/USMCA/CUSMA

Se hizo hincapié en la importancia de aumentar la integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales, así como en promover el comercio inclusivo y el respeto al medio ambiente

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Tras la cuarta reunión de la Comisión de Libre Comercio (C.L.C.) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA/CUSMA), celebrada el 22 de mayo de 2024 en Phoenix, Arizona, las autoridades emitieron una declaración conjunta destacando los avances y compromisos alcanzados.

Las ministras Raquel Buenrostro, Katherine Tai y Mary Ng, representantes de México, Estados Unidos y Canadá respectivamente, resaltaron la importancia del T-MEC/USMCA/CUSMA como un tratado de alto nivel y gran ambición que promueve los derechos laborales, prioridades medioambientales y nuevas oportunidades para los productores de la región. Casi cuatro años después de su entrada en vigor, el tratado continúa fortaleciendo la competitividad y resiliencia de América del Norte.

Durante la reunión, las ministras revisaron el trabajo en curso para fortalecer la cooperación trilateral bajo el tratado, incluyendo lecturas del Grupo de Trabajo para la Cooperación en Biotecnología Agrícola y discusiones sobre comercio inclusivo, medio ambiente, competitividad regional y cooperación para la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Se hizo hincapié en la importancia de aumentar la integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales, así como en promover el comercio inclusivo y el respeto al medio ambiente. Además, se subrayó la necesidad de fortalecer los derechos laborales y cooperar para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Las ministras ordenaron a los comités redoblar esfuerzos para avanzar en la plena implementación del tratado y garantizar que la economía de América del Norte continúe sirviendo como modelo de competitividad y crecimiento robusto y equitativo.

En el ámbito laboral, se discutió el importante trabajo para implementar plenamente los términos de la Decisión Núm. 5 de la C.L.C., con el objetivo de promover la coordinación gubernamental y la consulta con las industrias y otras partes interesadas en situaciones de emergencia que afecten el flujo comercial de América del Norte.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en la implementación y cumplimiento del tratado, así como en la evaluación de progresos en las prioridades discutidas, destacando el papel fundamental del T-MEC/USMCA/CUSMA en la economía de América del Norte y su promesa de mejorar el bienestar de todos los ciudadanos de la región.

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Señalan a Enrique Alfaro como líder corrupción; pasa estafeta a Pablo Lemus

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada

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En Jalisco, una presunta red de corrupción que abarca desde el Gobierno del Estado hasta los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como el Poder Judicial, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según las denuncias presentadas, esta red podría implicar a hasta cien funcionarios públicos, principalmente de los municipios de Zapopan y Guadalajara, durante las administraciones de Juan José Frangie y Pablo Lemus, respectivamente.

La investigación también apunta a altos niveles del Gobierno de Jalisco, señalando a Rafael Martínez Ramírez, ex cuñado del gobernador Enrique Alfaro, como el cerebro financiero detrás de estas operaciones.

Martínez Ramírez, desde su despacho jurídico, ofrece «combos» legales a abogados y empresarios para resolver asuntos de alto perfil que no pueden cobrarse legalmente. En complicidad con la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, estos casos se convierten de deudas civiles a procesos penales, forzando a las víctimas a negociar bajo amenaza de enfrentar juicios desfavorables.

La Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Jalisco están señalados por su participación en esta red. Martínez Ramírez, con la supuesta connivencia del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y Pablo Lemus, utiliza su influencia para manipular nombramientos y controlar las acciones de la Fiscalía, dejándola inoperante y cooptada por la delincuencia organizada.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también está implicado en estas denuncias. Empleados han revelado que se les obliga a falsificar cobros exorbitantes a grandes consumidores, y el dinero obtenido es desviado para uso personal de algunos funcionarios.

En caso de resistencia al pago, se ordena bloquear las alcantarillas para extorsionar a los usuarios, exigiendo pagos en efectivo para evitar el rastreo del dinero. Otra área afectada es la Policía Vial, en colaboración con empresas de grúas. Diariamente, se realizan operativos para recoger vehículos mal estacionados, con el fin de cobrar cinco mil pesos por vehículo para liberarlo de la grúa. Este dinero es entregado directamente a funcionarios de la institución.

Las denuncias también incluyen la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente sobre los delitos de alto impacto registrados en Jalisco. Pese a una aparente disminución en las cifras de criminalidad, no se han dado a conocer detenciones significativas de autores materiales o intelectuales, dejando muchos casos sin resolver.

En cuanto a la atención de los desaparecidos en Jalisco, la situación es alarmante. La falta de personal capacitado y suficiente en las investigaciones genera revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas, que muchas veces son disuadidos de buscar información.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) presenta mejoras solo cosméticas, ocultando el verdadero abandono en que se encuentra. La institución, antes reconocida por su experiencia técnica, ahora enfrenta problemas de nepotismo, falta de recursos y equipo, y sobrecarga laboral que afecta la salud mental de sus empleados. Los peritos, sin mejoras salariales ni actualizaciones profesionales, luchan por manejar la acumulación de cuerpos no identificados en fosas comunes.

La FGR ha recibido solicitudes para investigar estos hechos de corrupción, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos y delitos contra la integridad de las personas. Se pide una indagatoria financiera para evaluar la congruencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y su estilo de vida, así como una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias e inmuebles.

La compleja red de corrupción en Jalisco, que involucra a altos funcionarios del gobierno, municipios y el poder judicial, plantea una grave amenaza a la transparencia y la justicia en la región. Las denuncias presentadas requieren una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades federales para restaurar la confianza pública y asegurar que se haga justicia en todos los niveles involucrados.

Un extenso listado de nombres, incluyendo magistrados, jueces penales, civiles, familiares y mercantiles, así como funcionarios de la Fiscalía del Estado, ha sido vinculado a presuntos actos de corrupción en el sistema judicial de Jalisco. Según las acusaciones, estos individuos habrían participado en diversas actividades ilícitas bajo la dirección de Rafael Martínez Ramírez.

Entre los señalados se encuentran jueces como Jorge Antonio Nava Pérez, Javier García Muñoz, y magistrados como Enrique Flores y José Luis Álvarez Pulido, quienes supuestamente habrían recibido beneficios indebidos a cambio de favores.

Además, se ha planteado una denuncia específica sobre el uso de una aplicación móvil para la obtención de votos a favor del candidato a gobernador Pablo Lemus, así como de presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan.

Se menciona que la empresa responsable de esta aplicación fue contratada por Pablo Lemus y dirigida por Rafael Martínez Ramírez y Miguel Sainz. Se sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas de Martínez Ramírez.

Esta aplicación, presuntamente asociada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Daniel Espinoza Licon, habría sido utilizada por jueces y magistrados para fines políticos, incluyendo la obtención de votos mediante la manipulación de datos personales de los ciudadanos.

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Aumenta a 192 los heridos por colapso de templete en NL

Durante una rueda de prensa el García Sepúlveda además agregó que de todas las atenciones, dos pacientes siguen en estado delicado.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda actualizó este viernes a 192 la cifra de heridos por colapso de un escenario tras los fuertes vientos registrados en el municipio de San Pedro Garza, sin embargo, de estos, 147 ya fueron dados de alta en hospitales, mientras que el número de muertos se mantiene en 9.

Durante una rueda de prensa el García Sepúlveda además agregó que de todas las atenciones, dos pacientes siguen en estado delicado.

«El número total de atendidos ha sido de 192 en diversos hospitales; 36 siguen hospitalizados, 6 se encuentran en el Hospital Universitario, 20 en el (Hospital de Zona) 21 del IMSS; tres en el Muguerza, tres en el Conchita, dos en el San José y dos en el Zambrano», dijo.

«Estos 36 no son los mismos de ayer, unos han salido y otros han entrado. De estos 36 tenemos a dos en un estado delicado, pero estable. Ayer eran cuatro ahora son 2», agregó.

El mandatario estatal aseguró que le darán seguimiento a la recuperación de los 147 asistentes al evento que sufrieron lesiones y que ya están en sus domicilios.

Por otra parte, detalló que ya han iniciado con el depósito de los recursos de indemnización a los familiares de las personas fallecidas y de los lesionados. En ese sentido, recordó que, a los familiares de las personas fallecidas se les asignó un recurso de 400 mil pesos; mientras que por lesionado, se otorgó un incentivo de 100 mil pesos.

Además, recordó que los lesionados que estén atendiéndose en hospitales privados, los costos los cubrirá el gobierno del Estado y resaltó que las prestaciones por incapacidad laboral serán cubiertas como lo establece la ley.

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