El exjefe de gabinete del gobierno de Enrique Alfaro y actual diputado federal de Movimiento Ciudadano, Hugo Luna Vázquez, enfrenta una creciente presión por su presunta implicación en el caso Teuchitlán y el Rancho Izaguirre.

De acuerdo con la columna La Tremenda Corte de Milenio, publicada este miércoles 26 de marzo de 2025, Luna habría viajado a España para reunirse con su exjefe, el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien también se encuentra bajo la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).

En una reunión privada de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Luna Vázquez rompió su habitual silencio y mencionó su reciente viaje a Europa, donde se encontró con Alfaro. Según el trascendido, su mensaje fue interpretado por algunos como una advertencia y por otros como un llamado desesperado para deslindarse de posibles responsabilidades en el caso de las desapariciones en Teuchitlán y los presuntos campos de adiestramiento descubiertos en la zona.

Fuentes cercanas al legislador indican que su actitud ha cambiado notablemente, reduciendo la prepotencia con la que solía conducirse. En los círculos políticos se comenta que su situación jurídica dependería de la administración del actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como del respaldo que reciba de los legisladores de su bancada y del gobierno federal.

Mientras tanto, el futuro político de Hugo Luna permanece incierto, con múltiples señalamientos que podrían extenderse más allá del caso Teuchitlán.

Una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y el Ministerio Público de la Federación ha cobrado mayor relevancia debido a las graves acusaciones de lavado de dinero, corrupción y vínculos con el crimen organizado que implican a varios funcionarios públicos del Gobierno de Jalisco, incluido el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador electo Jesús Pablo Lemus Navarro, fiscales, jueces, y operadores financieros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La denuncia, que amplía las acusaciones previas, detalla una serie de actos ilícitos perpetrados durante los últimos años, donde se señala que diversos actores del poder judicial y ejecutivo en Jalisco han sido cómplices de actividades criminales, las cuales han afectado a la población y permitido el crecimiento económico ilícito de los involucrados. Entre los implicados se encuentran altos funcionarios de la administración pública estatal, así como abogados y operadores financieros cercanos al poder, como Rafael Martínez Ramírez y Miguel Sainz Loyola, quienes supuestamente se encargan de recolectar dinero proveniente de transacciones ilícitas.

Además, se menciona que el actual gobernador Enrique Alfaro, cuando fue presidente municipal de Tlajomulco, recibió apoyo financiero de narcotraficantes del CJNG para financiar sus campañas políticas, tanto para la presidencia municipal como para la gubernatura. Este respaldo criminal, a cambio de protección y favores, supuestamente continuó durante su mandato, generando una red de corrupción que involucra a magistrados, jueces, y fiscales, quienes favorecieron los intereses del gobernador y su círculo cercano.

La denuncia también señala a los principales operadores financieros de esta red, quienes presuntamente se encargan de lavar el dinero y ocultar el origen ilícito de los recursos. Entre estos, destaca la figura de Juan José Frangie Saade, actual presidente municipal de Zapopan, quien se acusa de proteger a Lemus Navarro y de desviar una suma significativa de dinero, que posteriormente se habrían utilizado para enriquecer ilícitamente a los involucrados.

El juez de oralidad penal, Raúl Valdez Arredondo apodado El pollo, quien fue ascendido por resolver a favor en los “asuntos” de Rafaél Martínez. Y del gobernador Pablo Lemus.
Dicho juez fue premiado como secretario de acuerdos, para turnar todos los asuntos que aporten dinero.

A lo largo de la denuncia, se exponen pruebas documentales que incluyen propiedades inmuebles, cuentas bancarias, viajes internacionales, y bienes de lujo que los denunciados han adquirido, sugiriendo que su enriquecimiento no puede ser justificado por sus ingresos oficiales. Asimismo miembros de la barra de abogados y jueces despedidos injustamente solicitan a las autoridades la intervención de comunicaciones, tanto de los involucrados directos como de otros funcionarios y operadores del gobierno, con el fin de desmantelar la red de corrupción.

Como parte de las pruebas solicitadas, se han propuesto diligencias como cateos en propiedades de los implicados, con el fin de recabar evidencia clave, incluidos documentos oficiales, computadoras y otros registros que puedan vincular a los denunciados con las actividades ilegales. Además, se pide la inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles registrados a nombre de los involucrados.

La denuncia, que se espera tenga un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Jalisco, también deja claro que las investigaciones deben seguir su curso para esclarecer los hechos y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Sin embargo, se advierte que la situación podría empeorar en los próximos años con la entrada de Lemus Navarro como nuevo gobernador, quien ya es señalado por su vinculación con estos actos ilícitos.

Este caso pone en evidencia la corrupción que permea el sistema judicial y gubernamental en Jalisco, afectando a la sociedad y favoreciendo a aquellos que operan fuera de la ley. Las autoridades federales ahora tienen en sus manos la tarea de llevar a cabo una investigación exhaustiva para frenar estas prácticas que han deteriorado la confianza pública y obstaculizado el desarrollo social y económico del estado.

Este jueves, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció una medida histórica que prohíbe las corridas de toros «con violencia».

Durante un mensaje en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante la presencia de funcionarios y aplausos, la mandataria destacó que la decisión responde a la voluntad mayoritaria de los habitantes de la capital.

Brugada explicó que la nueva normativa se estructura bajo varios principios clave. El primero de ellos establece la prohibición de las corridas de toros que impliquen violencia, lo que incluye la muerte del toro durante el espectáculo. Además, se crea la figura política del «espectáculo taurino libre de violencia», lo que permitirá la continuidad de las actividades en las plazas de toros, pero bajo nuevas reglas diseñadas para proteger la integridad de los animales.

Las medidas incluyen también la devolución de los toros a la ganadería una vez que termine el espectáculo, protegiendo su bienestar físico dentro y fuera de la plaza. Además, se prohíbe el uso de objetos punzantes como banderillas y espadas, que provocan heridas y, en muchos casos, la muerte del animal. Sin embargo, se permitirá el uso de capote y muleta, que no implican maltrato al toro.

Otra de las innovaciones de esta reforma es la protección de los cuernos del toro, con el objetivo de evitar cualquier tipo de lastimadura. Además, se ha establecido un límite en el tiempo de las corridas de toros, que no podrá exceder los 10 minutos, con un máximo de media hora, garantizando una experiencia más breve y respetuosa para los animales.

En su intervención, Brugada resaltó que las leyes de la Ciudad de México deben estar siempre a la vanguardia, reflejando los valores y las exigencias de la sociedad moderna. “No podemos quedarnos atrás en esta sociedad, debemos avanzar y estar siempre alineados con la Constitución”, afirmó la jefa de Gobierno.

Con esta iniciativa, la Ciudad de México da un paso importante en la protección de los derechos de los animales y se posiciona como una de las principales ciudades en promover una tauromaquia más ética y responsable.