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Sedatu avanza en la inclusión de mujeres rurales con las Caravanas para la Propiedad Social

Hasta la fecha, se han realizado 56 caravanas en 28 estados del país, beneficiando a más de 18,000 personas

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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en conjunto con el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA), ha logrado avances significativos en la inclusión de las mujeres en el ámbito agrario, con el lanzamiento de las Caravanas para Mujeres en la Propiedad Social, un proyecto que lleva servicios agrarios, médicos y educativos a las mujeres rurales de México. Desde abril de 2025, se han entregado más de 1,500 documentos agrarios a mujeres de diversas regiones, reconociéndolas formalmente como titulares de derechos sobre tierras ejidales y comunales.

Este esfuerzo forma parte del Compromiso 53 de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar certeza jurídica a 250,000 mujeres en el sector agrario, en un proceso de inclusión y empoderamiento que también busca reducir las desigualdades de género en la propiedad social.

Avances y servicios brindados a las mujeres agrarias

Hasta la fecha, se han realizado 56 caravanas en 28 estados del país, beneficiando a más de 18,000 personas. Aunque las caravanas están dirigidas principalmente a las mujeres, también brindan atención a la población en general, ofreciendo una atención integral que incluye asesorías agrarias, formación en temas productivos, ambientales y sociales, así como servicios médicos y ginecológicos.

Según Gabriela Rangel Faz, directora general para la Igualdad de Género en la Propiedad Social de la Sedatu, las caravanas tienen un enfoque interinstitucional, trabajando con entidades federales, estatales y municipales, lo que permite reducir las brechas de desigualdad en la propiedad social y facilitar el acceso de las mujeres a derechos agrarios, recursos productivos y servicios de salud.

“Las Caravanas fueron diseñadas para ir más allá de los trámites agrarios. Queremos que las mujeres tengan certeza jurídica sobre sus derechos de propiedad, pero también queremos que fortalezcan su autonomía económica y voz dentro de los núcleos agrarios”, explicó Rangel Faz.

El impacto social y económico

El reconocimiento formal de las mujeres como ejidatarias y comuneras no solo les proporciona una mayor seguridad jurídica, sino que también les otorga un poder económico y social crucial. La posibilidad de ser titulares y herederas de tierras les permite participar activamente en la toma de decisiones dentro de sus comunidades agrarias, un ámbito históricamente dominado por los hombres.

El avance en el reconocimiento de derechos agrarios para mujeres responde a la necesidad de empoderar a las mujeres rurales y de combatir la exclusión histórica que han sufrido en muchas regiones del país. Con este proceso, Sedatu busca equilibrar el acceso a la tierra y generar condiciones de igualdad de oportunidades para las mujeres dentro de la propiedad social.

Apoyo institucional y colaboración

El éxito de las caravanas se debe a la colaboración de múltiples instituciones, tanto federales como locales. En cada evento, se cuentan con la participación de entidades como las Secretarías de Agricultura, Bienestar, Medio Ambiente, y Mujeres, además de otras instituciones clave como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), IMSS Bienestar, Fifonafe, y más. También se ha recibido apoyo de los ayuntamientos y gobiernos estatales, lo que ha permitido que las caravanas lleguen a 55 municipios de diversas entidades del país.

Las caravana también incluyen talleres sobre derechos de las mujeres, atención a violencias, y sobre temas productivos como agroecología, lo que ayuda a las mujeres a mejorar su capacidad productiva, fortalecer sus economías locales y crear redes de apoyo entre ellas.

Una oportunidad para la inclusión y desarrollo rural

El esfuerzo por reconocer los derechos agrarios de las mujeres en México es un paso importante hacia la inclusión social y económica de un sector históricamente desfavorecido. A través de estas caravanas, Sedatu no solo está brindando certeza jurídica, sino también herramientas para la autonomía económica de las mujeres, lo que les permite un mejor acceso a recursos productivos, capital social y una participación activa en el desarrollo de sus comunidades.

Estas acciones, alineadas con los objetivos de desarrollo rural sostenible e igualdad de género, representan una inversión clave en la construcción de un México más justo y equitativo, donde las mujeres puedan acceder a los mismos derechos y oportunidades que los hombres, especialmente en las zonas rurales.

Nacionales

Proponen 10 acciones para un uso ético de la Inteligencia Artificial Generativa en las universidades

Según los datos obtenidos, más del 60 por ciento de los estudiantes y docentes universitarios ya utilizan la IAG de manera cotidiana. De estos, 8 de cada 10 estudiantes recurren a la herramienta para la elaboración de textos, lo que resalta la penetración acelerada de esta tecnología en el ámbito académico.

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En un evento realizado el pasado 15 de abril, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó a rectoras y rectores de universidades del país un conjunto de diez acciones orientadas a garantizar un uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la Educación Superior. La propuesta surge tras los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso de la IAG, en la que participaron más de 1.5 millones de estudiantes y 166,000 docentes, convirtiéndola en la más grande a nivel mundial sobre este tema.

Según los datos obtenidos, más del 60 por ciento de los estudiantes y docentes universitarios ya utilizan la IAG de manera cotidiana. De estos, 8 de cada 10 estudiantes recurren a la herramienta para la elaboración de textos, lo que resalta la penetración acelerada de esta tecnología en el ámbito académico.

Durante su intervención, Delgado Carrillo reconoció que la IAG ya no es una tecnología emergente, sino una herramienta establecida en las aulas mexicanas. A raíz de este contexto, propuso a las instituciones educativas un plan de acción que incluyera, entre otras medidas, la formación docente y la creación de lineamientos éticos claros para el uso de la IAG, además de la transformación de los planes y programas de estudio para adecuarlos a la nueva realidad digital.

Una de las acciones más relevantes es la incorporación de la IAG en los modelos educativos de manera crítica y reflexiva, promoviendo el uso responsable de la tecnología sin que esta sustituya el pensamiento crítico de los estudiantes. En este sentido, la literacidad digital y la educación en IAG se presentan como prioridades nacionales para garantizar que tanto docentes como estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para navegar en el entorno digital.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que la encuesta no solo representa un levantamiento de datos, sino también un acto de honestidad institucional. Según Villanueva, reconocer la presencia de la IAG en las universidades es el primer paso para asegurar que su implementación se dé de manera ética, sin que esta tecnología rebase las capacidades de las instituciones académicas.

Por otro lado, el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), Carlos Iván Moreno Arellano, informó que, de las 1.5 millones de respuestas válidas, 9 de cada 10 participantes en la encuesta afirmaron conocer la IAG, mientras que más del 60% la utiliza de forma cotidiana. Estos datos refuerzan la necesidad urgente de una estrategia educativa clara que guíe a las instituciones en su adopción responsable.

El representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, señaló que la encuesta también aporta una visión global sobre las brechas de género en el acceso a la IAG. Morales afirmó que, aunque la transformación digital en la educación es necesaria, debe garantizar que las tecnologías estén al servicio de la humanidad, subrayando que la tecnología debe complementar el aprendizaje, no reemplazarlo.

En este contexto, el secretario Mario Delgado hizo un llamado a las universidades a unirse a este proceso de transformación que busca posicionar a México como un referente mundial en el uso ético y pedagógico de la Inteligencia Artificial Generativa.

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EU autoriza a CIBanco realizar transferencias para su proceso de liquidación en México

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

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El gobierno de Estados Unidos autorizó a CIBanco, institución previamente sancionada por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles, realizar transferencias financieras con el objetivo de completar su proceso de liquidación en México.

La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, que ajustó las restricciones impuestas al banco para permitirle concluir de manera ordenada el cierre de sus operaciones.

Permiten operaciones para cierre ordenado

La decisión se da luego de que las autoridades estadounidenses bloquearan el acceso de CIBanco al sistema financiero de ese país, tras determinar que la institución facilitó el lavado de recursos provenientes del tráfico de opioides.

Ante este escenario, el gobierno de México asumió el control del proceso, con el fin de evitar afectaciones mayores al sistema financiero nacional y garantizar una liquidación supervisada.

Con la autorización, CIBanco podrá realizar transferencias necesarias para vender sus activos, cubrir adeudos y distribuir recursos conforme a la normativa vigente.

Compromiso bilateral contra el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro destacó que esta resolución forma parte de la cooperación entre ambos países para combatir las operaciones financieras ilícitas.

“Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”, señaló la dependencia en un posicionamiento oficial.

Supervisión y cierre definitivo

El proceso contempla el cierre definitivo de la institución financiera, bajo supervisión de autoridades mexicanas, quienes deberán garantizar la transparencia en la venta de activos y el cumplimiento de obligaciones con clientes y acreedores.

Este caso se suma a las acciones internacionales para reforzar los controles contra el lavado de dinero y limitar el uso del sistema bancario por parte de organizaciones criminales.

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Detienen en Sinaloa a dos presuntos integrantes de célula delictiva tras operativos coordinados

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los aseguramientos representan una afectación económica a la estructura financiera del grupo delictivo por aproximadamente 2 millones 502 mil 62 pesos.

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Autoridades federales informaron sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva que opera en el estado de Sinaloa, como resultado de acciones coordinadas entre distintas dependencias de seguridad.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron que las detenciones se realizaron en el municipio de Mazatlán, tras labores de inteligencia e intercambio de información interinstitucional.
Los detenidos, identificados como Efraín “N” y Jesús “N”, fueron ubicados luego de que se detectaran dos inmuebles presuntamente relacionados con el grupo delictivo. Con base en los datos recabados, un juez de control otorgó las órdenes de cateo que fueron ejecutadas en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.

Durante los operativos, además de la captura de los dos sujetos, las autoridades aseguraron diversos objetos, entre ellos armas de fuego —incluido un fusil Barrett—, dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.

Las autoridades indicaron que a los detenidos se les informaron sus derechos conforme a la ley y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, los aseguramientos representan una afectación económica a la estructura financiera del grupo delictivo por aproximadamente 2 millones 502 mil 62 pesos.

Las dependencias señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia del Gabinete de Seguridad para debilitar las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales, mediante operativos coordinados y con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

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