La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aumentó el estímulo fiscal para los combustibles, debido a las variaciones en el precio del petróleo en el mercado internacional por la guerra en Medio Oriente.

En el caso de la gasolina tipo Magna, el apoyo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) subió a 38.08 por ciento, mientras que para el diésel, el estímulo fiscal es de 60.76 por ciento.

Incluso, la gasolina Premium, volvió a obtener el estímulo por primera vez desde octubre de 2023, por lo que ahora se ubica en 26.53 por ciento.

El decreto fue publicado ayer por la tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el fin de aminorar el impacto de los precios internacionales de los energéticos en la economía de los ciudadanos y transportistas.

La medida estará vigente para el periodo del 2 al 8 de mayo, de acuerdo con lo establecido en el DOF.

Con estos ajustes, el IEPS que pagarán los consumidores por litro se redujeron a:

4.14 pesos para Magna

4.15 pesos para Premium

2.88 pesos para diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Estados Unidos tendría un motivo político con la acusación que hizo contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por vínculos con el narcotráfico, si no se obtienen pruebas claras.

En este sentido, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe determinar si existen “los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud (de extradición)” por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

Sheinbaum afirmó que, de ser así, su gobierno no va a “cubrir a nadie que haya cometido un delito”. Sin embargo, cuestionó una prueba que adjuntó Estados Unidos en la acusación, pues es “una hoja de papel” en el que se aprecian los alías de varias personas señaladas de recibir sobornos del grupo criminal Los Chapitos.

Por ello, pidió pruebas “contundentes” a la fiscalía de Estados Unidos, para que, de ser así, su gobierno pueda proceder contra Rocha y los otros nueve funcionarios. Añadió que no permitirá la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que les competen a su administración.

La Embajada de Estados Unidos en México respaldó este miércoles la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios implicados en una presunta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.

En un comunicado, la representación diplomática subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”.

Además, destacó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una “prioridad compartida” entre México y Estados Unidos, por lo que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho.

“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, sostuvo la Embajada.

Asimismo, reiteró que Washington continuará colaborando con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad en ambos países, bajo una relación basada en la “confianza mutua y la responsabilidad compartida”.

La reacción de la Embajada ocurre luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

La acusación se produce en un contexto de prolongada crisis de violencia en Sinaloa, derivada de la pugna interna del Cartel de Sinaloa tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, después de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.