La renovación de los puentes Alameda Oriente 1 y 2 en Nezahualcóyotl continúa su avance y se perfila como una de las obras viales más relevantes para la zona oriente del Valle de México. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los trabajos permitirán mejorar los traslados de más de un millón de habitantes que dependen diariamente de esta conexión entre el Estado de México y la capital del país.

La vialidad, que soporta un tránsito promedio de 65 mil vehículos al día, enlaza directamente con las autopistas México–Puebla (150D) y Peñón–Texcoco (136D), por lo que la intervención es considerada estratégica para descongestionar la circulación regional. La inversión proyectada alcanza los 1,741 millones de pesos, de los cuales una parte significativa comenzó a ejercerse este año.

El puente Alameda 1 tendrá una longitud estimada de 700 metros, mientras que el Alameda 2 contará con 500 metros. Este último ya se encuentra en etapa activa de cimentación, con una cuadrilla de cien trabajadores y maquinaria especializada realizando la instalación de pilotes de concreto y estructuras metálicas.

Las fechas previstas apuntan a que el Puente Alameda 2 quedará concluido en julio de 2026, mientras que el Alameda 1 será entregado en octubre de 2027, lo que permitirá restablecer la conectividad plena en esta zona, afectada desde los sismos de 2017. Los nuevos diseños se basan en estudios de geotecnia, estabilidad del suelo y análisis estructurales para evitar riesgos y garantizar la durabilidad de ambas estructuras.

Como parte del proyecto integral, la SICT también intervino Periférico Oriente, donde se realizarons trabajos para corregir los encharcamientos y deterioros recurrentes mediante el levantamiento del nivel de la vialidad y la aplicación de concreto fluido y asfalto.

Estas obras se enmarcan en el Plan Integral del Oriente del Estado de México, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de movilidad y ofrecer mayor seguridad y fluidez a los usuarios que diariamente transitan entre el Edomex y la Ciudad de México.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un nuevo Protocolo de Inspección en Materia de Subcontratación, un instrumento que busca fortalecer la vigilancia sobre esquemas laborales irregulares y asegurar que las empresas cumplan con la legislación vigente en la materia. La medida se enmarca en los esfuerzos federales por erradicar prácticas que derivan en precariedad, evasión de derechos y competencia desleal.

El documento, elaborado por la Unidad de Trabajo Digno, establece criterios homologados para la actuación de los inspectores federales, con el fin de garantizar procesos uniformes, profesionales y apegados al marco legal. Según la STPS, la intención es ofrecer mayor certeza jurídica a los empleadores sobre los elementos que serán revisados durante una inspección relacionada con subcontratación.

Entre los componentes técnicos del protocolo destacan las acciones de vigilancia a disposición de la autoridad laboral; el intercambio de información estratégica con instituciones como el SAT, IMSS e Infonavit; y una metodología de cruce de datos que permitirá detectar posibles incumplimientos mediante análisis más precisos y focalizados.

La dependencia señaló que este instrumento forma parte de una actualización más amplia de disposiciones normativas que buscan responder a las realidades laborales actuales y asegurar que las obligaciones patronales se cumplan de manera íntegra.

La STPS hizo un llamado al sector empresarial a colaborar de forma transparente durante los procesos de inspección y reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las y los trabajadores. Con la publicación del protocolo, la Secretaría asegura que se avanza hacia un sistema de inspección moderno, eficiente y orientado a garantizar empleos dignos y relaciones laborales justas en todo el país.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este lunes sobre una serie de acciones operativas realizadas entre el 21 y 23 de noviembre de 2025, con detenciones, cateos y aseguramientos de armas, drogas y vehículos en distintos estados del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Entre los resultados más relevantes destacan operativos en Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco.

En Chiapas, elementos del Ejército y de la Fiscalía Estatal aseguraron 185 kilos de cocaína y un vehículo blindado en Tapachula, deteniendo a tres personas, con un valor estimado de 41.1 millones de pesos en drogas.

En Chihuahua, las autoridades capturaron a varias personas en distintos operativos. En Ciudad Juárez se detuvo a un individuo y se incautaron armas, cartuchos y drogas por 2.9 millones de pesos. Asimismo, en Guachochi se aseguró a una persona con ocho armas largas, 16 chalecos tácticos y dos vehículos.

En Michoacán, siete integrantes de una corporación de seguridad municipal fueron arrestados por homicidio en modalidad de comisión por omisión, mientras que se localizaron y desactivaron campamentos clandestinos con drogas y vehículos robados.

En Sinaloa, elementos del Ejército y la policía estatal intervinieron en Culiacán y Navolato, asegurando armas, drogas, vehículos y material táctico. Las acciones afectaron económicamente a la delincuencia organizada por un total de 123 millones de pesos.

Otras acciones destacadas incluyen operativos en Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Sonora, Quintana Roo y Tabasco, donde se realizaron cateos, detenciones y aseguramientos de armas y drogas. En Tabasco, en Macuspana y Centro, se detuvo a siete personas y cuatro elementos activos de seguridad estatal, todos involucrados en delitos de homicidio calificado.

El Gabinete de Seguridad también reforzó las acciones contra el robo de hidrocarburos en San Luis Potosí y Nuevo León, asegurando decenas de miles de litros de combustible de procedencia ilegal, así como infraestructura de almacenamiento y maquinaria industrial empleada en el ilícito.

De acuerdo con el Gobierno de México, estas operaciones forman parte de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas