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Semarnat, INPI y Procuraduría Agraria confían en que la SCJN resuelva a favor del ejido de Tecoltemi, en Puebla

Exhortan apegarse a los estándares de protección de derechos más altos para que se priorice la vida, el territorio y el ambiente y no los intereses de las empresas mineras.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria (PA) continúan atentas a la resolución del Amparo en Revisión 134/2021 interpuesto por la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi en contra de la Ley Minera, y que está programado para discutirse por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 16 de febrero. 

Para estas tres dependencias, el caso es de suma relevancia, pues representa una oportunidad histórica para que el máximo tribunal de justicia contribuya de manera efectiva a la protección y garantía de los derechos de todos los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios en el país, al evidenciar una legislación discriminatoria que coloca las actividades mineras y con ello los intereses de las empresas beneficiarias- como preferentes y por encima de cualquier otro uso del territorio. Es decir, una legislación que de manera anticipada, ha decidido en nombre de las comunidades que la minería es mejor y de mayor valor que cualquier otra actividad que ellas realicen.

Ya el pasado 13 de enero, la Semarnat hacía un llamado para que el asunto sea resuelto conforme a los estándares de protección de derechos más altos, y para que priorice la vida, el territorio y el ambiente y no los intereses de las empresas mineras.

A este llamado se suman ahora el INPI y la PA, quienes tienen entre sus atribuciones la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el primero, y la defensa de los sujetos agrarios, el segundo. 

Existen en México más de 32 mil ejidos y comunidades agrarias, que constituyen gran parte del territorio nacional y que albergan una vasta diversidad de ecosistemas y recursos naturales; además son hogar de muchos mexicanos y mexicanas, incluyendo pueblos indígenas. De acuerdo con datos de la PA, unos 5 mil núcleos agrarios se encuentran afectados directamente por concesiones mineras, lo que representa más de 15 millones de hectáreas de propiedad social.

Es incuestionable que la minería es una actividad que no puede ejercerse sino en espacios territoriales, muchos de ellos propiedad de los núcleos agrarios y de las comunidades indígenas, por lo que no hay duda de que la legislación minera tiene relación directa con sus derechos. Tampoco existe duda de que sus tierras, territorios y recursos naturales se encuentran reconocidos y protegidos por el marco convencional y constitucional de derechos, y que la preferencia establecida por la Ley Minera es contraria a la prevalencia que tiene el derecho de las personas al medio ambiente sano, y a la prioridad que tienen las comunidades y los ejidos para usar y aprovechar sus territorios para desarrollar sus vidas.

La Semarnat, el INPI y la PA confían en que las Ministras y los Ministros de la Primera Sala de la SCJN reconocerán que el contenido de la Ley Minera reclamado por Tecoltemi en su calidad indígena y en su calidad de ejido- dentro del Amparo en Revisión 134/2021, es inconstitucional e inconvencional, y que les afecta directamente.

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Diputados de Morena dan luz verde en lo general a la ‘Ley Antimemes’

La minuta fue respaldada por Morena y sus aliados, mientras que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. También se sumaron al rechazo la petista Martha Aracely Cruz y el diputado del Partido Verde Julio Scherer Pareyón. Tras casi tres horas de debate, el proyecto pasó a la discusión en lo particular, con 177 reservas registradas y la participación prevista de 88 oradores.

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 312 votos a favor y 119 en contra, una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para reforzar las sanciones contra la piratería y el uso indebido de emblemas institucionales en la comisión de fraudes.

La minuta fue respaldada por Morena y sus aliados, mientras que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. También se sumaron al rechazo la petista Martha Aracely Cruz y el diputado del Partido Verde Julio Scherer Pareyón. Tras casi tres horas de debate, el proyecto pasó a la discusión en lo particular, con 177 reservas registradas y la participación prevista de 88 oradores.

Durante el debate, la oposición calificó la iniciativa como una “Ley Antimemes” y advirtió que los cambios podrían representar un riesgo para la libertad de expresión, al ampliar el alcance de las sanciones penales relacionadas con la propiedad industrial y el uso de elementos protegidos.

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México espera respuesta de EE.UU. sobre reducción de aranceles antes de finalizar 2026

El funcionario señaló que México ya presentó los argumentos técnicos para solicitar una disminución de los gravámenes, incluido el arancel del 50 % al acero y aluminio.

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El Gobierno de México espera recibir antes de que concluya 2026 una respuesta de Estados Unidos a su solicitud para reducir los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario señaló que México ya presentó los argumentos técnicos para solicitar una disminución de los gravámenes, incluido el arancel del 50 % al acero y aluminio.

En el sector automotriz, busca mejorar las condiciones de competencia frente a otros países.

Ebrard indicó que ambos gobiernos mantienen comunicación, aunque todavía no hay fecha para una nueva ronda de negociaciones. Asimismo, anunció que México iniciará en enero sus consultas para la revisión del T-MEC prevista para 2027.

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Detienen a exfiscal de Chihuahua, por caso de agentes de la CIA

César Gustavo Jáuregui Moreno, quien encabezó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue detenido este sábado 17 de octubre en la capital de la entidad, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una investigación sobre un operativo contra un presunto laboratorio clandestino.

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La detención de César Jáuregui está relacionada con la investigación por un operativo en un presunto laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, donde se reportó la participación de agentes estadounidenses.

César Gustavo Jáuregui Moreno, quien encabezó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue detenido este sábado 17 de octubre en la capital de la entidad, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una investigación sobre un operativo contra un presunto laboratorio clandestino.

De acuerdo con los primeros reportes, agentes estatales interceptaron al exfuncionario cuando circulaba en su vehículo por la avenida La Cantera, en la ciudad de Chihuahua. La orden judicial contempla señalamientos por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

La investigación está vinculada con los hechos ocurridos en abril pasado en un inmueble ubicado en la zona de El Pinal, en el municipio de Morelos, donde autoridades realizaron un despliegue para desmantelar un sitio que presuntamente operaba como laboratorio clandestino.

El caso tomó relevancia pública después de que se conociera la presencia de dos agentes estadounidenses presuntamente vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante actividades relacionadas con el operativo. Ambos murieron posteriormente en un accidente carretero, hecho que generó cuestionamientos sobre su participación y las condiciones en que se encontraban en territorio mexicano.

La presencia de los agentes extranjeros derivó en una investigación sobre las circunstancias de su participación y las posibles responsabilidades de funcionarios estatales. Jáuregui dejó el cargo de fiscal general en abril, en medio de la controversia por estos acontecimientos.

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