Señalan a Enrique Alfaro como líder corrupción; pasa estafeta a Pablo Lemus
Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
En Jalisco, una presunta red de corrupción que abarca desde el Gobierno del Estado hasta los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como el Poder Judicial, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Según las denuncias presentadas, esta red podría implicar a hasta cien funcionarios públicos, principalmente de los municipios de Zapopan y Guadalajara, durante las administraciones de Juan José Frangie y Pablo Lemus, respectivamente.
La investigación también apunta a altos niveles del Gobierno de Jalisco, señalando a Rafael Martínez Ramírez, ex cuñado del gobernador Enrique Alfaro, como el cerebro financiero detrás de estas operaciones.
Martínez Ramírez, desde su despacho jurídico, ofrece «combos» legales a abogados y empresarios para resolver asuntos de alto perfil que no pueden cobrarse legalmente. En complicidad con la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, estos casos se convierten de deudas civiles a procesos penales, forzando a las víctimas a negociar bajo amenaza de enfrentar juicios desfavorables.
La Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Jalisco están señalados por su participación en esta red. Martínez Ramírez, con la supuesta connivencia del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y Pablo Lemus, utiliza su influencia para manipular nombramientos y controlar las acciones de la Fiscalía, dejándola inoperante y cooptada por la delincuencia organizada.
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también está implicado en estas denuncias. Empleados han revelado que se les obliga a falsificar cobros exorbitantes a grandes consumidores, y el dinero obtenido es desviado para uso personal de algunos funcionarios.
En caso de resistencia al pago, se ordena bloquear las alcantarillas para extorsionar a los usuarios, exigiendo pagos en efectivo para evitar el rastreo del dinero. Otra área afectada es la Policía Vial, en colaboración con empresas de grúas. Diariamente, se realizan operativos para recoger vehículos mal estacionados, con el fin de cobrar cinco mil pesos por vehículo para liberarlo de la grúa. Este dinero es entregado directamente a funcionarios de la institución.
Las denuncias también incluyen la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente sobre los delitos de alto impacto registrados en Jalisco. Pese a una aparente disminución en las cifras de criminalidad, no se han dado a conocer detenciones significativas de autores materiales o intelectuales, dejando muchos casos sin resolver.
En cuanto a la atención de los desaparecidos en Jalisco, la situación es alarmante. La falta de personal capacitado y suficiente en las investigaciones genera revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas, que muchas veces son disuadidos de buscar información.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) presenta mejoras solo cosméticas, ocultando el verdadero abandono en que se encuentra. La institución, antes reconocida por su experiencia técnica, ahora enfrenta problemas de nepotismo, falta de recursos y equipo, y sobrecarga laboral que afecta la salud mental de sus empleados. Los peritos, sin mejoras salariales ni actualizaciones profesionales, luchan por manejar la acumulación de cuerpos no identificados en fosas comunes.
La FGR ha recibido solicitudes para investigar estos hechos de corrupción, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos y delitos contra la integridad de las personas. Se pide una indagatoria financiera para evaluar la congruencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y su estilo de vida, así como una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias e inmuebles.
La compleja red de corrupción en Jalisco, que involucra a altos funcionarios del gobierno, municipios y el poder judicial, plantea una grave amenaza a la transparencia y la justicia en la región. Las denuncias presentadas requieren una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades federales para restaurar la confianza pública y asegurar que se haga justicia en todos los niveles involucrados.
Un extenso listado de nombres, incluyendo magistrados, jueces penales, civiles, familiares y mercantiles, así como funcionarios de la Fiscalía del Estado, ha sido vinculado a presuntos actos de corrupción en el sistema judicial de Jalisco. Según las acusaciones, estos individuos habrían participado en diversas actividades ilícitas bajo la dirección de Rafael Martínez Ramírez.
Entre los señalados se encuentran jueces como Jorge Antonio Nava Pérez, Javier García Muñoz, y magistrados como Enrique Flores y José Luis Álvarez Pulido, quienes supuestamente habrían recibido beneficios indebidos a cambio de favores.
Además, se ha planteado una denuncia específica sobre el uso de una aplicación móvil para la obtención de votos a favor del candidato a gobernador Pablo Lemus, así como de presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan.
Se menciona que la empresa responsable de esta aplicación fue contratada por Pablo Lemus y dirigida por Rafael Martínez Ramírez y Miguel Sainz. Se sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas de Martínez Ramírez.
Esta aplicación, presuntamente asociada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Daniel Espinoza Licon, habría sido utilizada por jueces y magistrados para fines políticos, incluyendo la obtención de votos mediante la manipulación de datos personales de los ciudadanos.
Avances en Educación y Apoyo al Magisterio de Oaxaca: Revisión Interinstitucional entre SEP, SEGOB y Gobierno Estatal
Durante la reunión, los funcionarios revisaron una serie de programas clave para mejorar la educación en la región, como las becas Rita Cetina para Educación Básica, Benito Juárez para Educación Media Superior, y Jóvenes Escribiendo el Futuro para la Educación Superior
El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, la secretaria de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sostuvieron una reunión de trabajo en la sede histórica de la SEP para revisar el avance en los programas educativos prioritarios implementados en la entidad. El encuentro tuvo como propósito evaluar los esfuerzos dirigidos a fortalecer el sector educativo oaxaqueño y atender las necesidades del magisterio local, como parte de las estrategias impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante la reunión, los funcionarios revisaron una serie de programas clave para mejorar la educación en la región, como las becas Rita Cetina para Educación Básica, Benito Juárez para Educación Media Superior, y Jóvenes Escribiendo el Futuro para la Educación Superior. Estos programas han impactado positivamente en la matrícula escolar y en la calidad educativa del estado. En 2025, más de 635 mil estudiantes oaxaqueños fueron beneficiados con estos apoyos, con una inversión superior a los 5,964 millones de pesos.
Otro tema abordado en la reunión fue la infraestructura escolar. Se analizó el progreso del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que busca mejorar las condiciones físicas de las escuelas, beneficiando a 13,463 planteles de nivel básico y medio superior. Hasta la fecha, se han invertido 3,676 millones de pesos en estas mejoras, lo que representa casi la cobertura total de los planteles en la entidad.
La entrega de uniformes escolares y equipos de cómputo también fue parte de la agenda. Según los datos proporcionados, 688,484 estudiantes han recibido recursos para la adquisición de uniformes escolares, con una inversión de 836 millones de pesos. Además, más de 23 mil equipos de cómputo y 11 mil proyectores han sido distribuidos en las escuelas, con un gasto superior a los 749 millones de pesos.
El bienestar de los docentes también fue un tema central. Durante la reunión, se destacó el incremento salarial del 10% aprobado por el gobierno federal, el cual tuvo un impacto directo en Oaxaca, con una inversión adicional cercana a los 3 mil millones de pesos, mejorando así las condiciones laborales del magisterio.
El secretario Mario Delgado subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los diferentes niveles de gobierno para lograr avances sustanciales en la educación y el bienestar de los habitantes del estado. Reiteró que la cooperación interinstitucional y el diálogo continuo son esenciales para alcanzar los objetivos establecidos y garantizar beneficios a las comunidades escolares.
Autoridades fijan límites de captura para sardina, anchoveta y macarela en 2026
Entre los volúmenes autorizados destacan 338 mil 122 toneladas de sardina del Pacífico en la costa occidental de la península de Baja California, así como 119 mil 175 toneladas de anchoveta norteña en la misma región. Para la macarela, se establecieron 12 mil 316 toneladas en esa zona.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) informó el establecimiento de volúmenes de captura permisibles para especies como sardina, anchoveta y macarela durante la temporada de pesca 2026 en aguas del Océano Pacífico y el Golfo de California.
De acuerdo con el organismo, esta medida tiene como objetivo mantener el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, así como garantizar la conservación de las poblaciones de estas especies. Las disposiciones se basan en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).
Entre los volúmenes autorizados destacan 338 mil 122 toneladas de sardina del Pacífico en la costa occidental de la península de Baja California, así como 119 mil 175 toneladas de anchoveta norteña en la misma región. Para la macarela, se establecieron 12 mil 316 toneladas en esa zona.
En el Golfo de California, los límites incluyen 128 mil 545 toneladas de sardina monterrey y 230 mil 736 toneladas de anchoveta norteña. También se contemplan 59 mil 585 toneladas de macarela, además de otras especies como sardina crinuda y sardina bocona en distintas regiones del golfo.
Esta pesquería tiene un peso relevante en el país, ya que representa hasta el 50 por ciento de los volúmenes nacionales de captura, además de generar aproximadamente cinco mil empleos directos en el noroeste de México y entre 20 mil y 25 mil empleos indirectos a nivel nacional.
Las disposiciones aplicarán durante todo el año a quienes cuenten con permisos y concesiones vigentes para la pesca comercial de pelágicos menores, así como a capitanes, tripulantes y demás personas involucradas en esta actividad, conforme a lo establecido en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La Conapesca también notificará a los titulares cuando se esté por alcanzar el volumen autorizado, con el fin de detener oportunamente las operaciones de pesca. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones conforme a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y otras disposiciones legales.
Autoridades ambientales y productores de aguacate acuerdan acciones contra la deforestación
Entre las medidas contempladas se encuentra detener los cambios de uso de suelo ilegales, así como la adopción de buenas prácticas agrícolas que permitan reducir la huella ambiental de las huertas
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) firmaron un convenio para impulsar la producción de aguacate bajo criterios de protección ambiental y frenar la deforestación vinculada a esta actividad.
El acuerdo, suscrito el 15 de abril, establece un esquema de colaboración mediante el cual los productores adoptarán acciones coordinadas de protección, conservación y restauración de ecosistemas forestales, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental en las zonas productoras.
Entre las medidas contempladas se encuentra detener los cambios de uso de suelo ilegales, así como la adopción de buenas prácticas agrícolas que permitan reducir la huella ambiental de las huertas. También se prevé la implementación de mecanismos de compensación para mitigar impactos y recuperar funciones ecosistémicas, particularmente en lo relacionado con la provisión de agua.
Durante la firma, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que el convenio busca avanzar hacia una producción de aguacate de exportación libre de deforestación, al tiempo que promueve el acompañamiento a productores para la adopción de prácticas responsables.
Como parte de este acuerdo, la Semarnat brindará acompañamiento técnico y apoyará en la identificación de huertos con afectación forestal registrados entre 2019 y 2025. Además, participará en la evaluación y validación de acciones de restauración ambiental y compensación.
Por su parte, la Profepa mantendrá labores de inspección, vigilancia y verificación, y trabajará de manera coordinada con Semarnat en la definición de criterios técnicos para la reparación del daño ambiental. En tanto, la APEAM se comprometió a proporcionar información, establecer mecanismos de control y apoyar a sus agremiados en procesos de regularización.
El convenio también busca equilibrar el desarrollo económico del sector aguacatero con la protección de los recursos naturales, mediante la promoción de prácticas sostenibles y el respeto a la legislación vigente. Asimismo, plantea rutas para evaluar impactos ambientales y aplicar medidas de restauración.
México se mantiene como el principal productor y exportador de aguacate a nivel mundial. En 2025, esta actividad generó alrededor de 70 mil empleos directos y 300 mil indirectos, lo que resalta la importancia de avanzar hacia un modelo productivo que garantice la sostenibilidad del sector.