Rubén Rocha Moya regresó este viernes a la gubernatura de Sinaloa luego de permanecer 112 días separado del cargo, en medio de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios de su administración con el Cártel de Sinaloa. El mandatario aseguró que vuelve para continuar al frente del estado y trabajar por los sinaloenses.

A través de un video difundido en redes sociales, Rocha Moya afirmó que reasume sus funciones con la intención de gobernar “con firmeza y entrega” y sostuvo que está listo para continuar con las responsabilidades del Ejecutivo estatal.

El gobernador había solicitado licencia el pasado 1 de mayo, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara a una decena de funcionarios, incluido él, por presuntos nexos con una estructura vinculada con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los señalamientos estadounidenses, la supuesta red habría permitido el traslado de drogas hacia territorio estadounidense y proporcionado información sensible a grupos criminales a cambio de beneficios económicos y políticos. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que tienen un trasfondo político.

Rocha Moya dice que se puso a disposición de la FGR

Durante el periodo en que permaneció fuera del cargo, el gobernador aseguró que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se puso a disposición de las autoridades mexicanas para que se realizaran las investigaciones correspondientes.

Rocha Moya ha dicho que, después de las diligencias realizadas durante esos 112 días, no existen elementos que acrediten que haya cometido algún delito. Sin embargo, reportes recientes señalan que las investigaciones de la FGR relacionadas con los funcionarios mencionados por Estados Unidos continúan abiertas.

El mandatario explicó que su separación temporal tuvo como propósito no interferir con ningún procedimiento y permitir que las autoridades realizaran las indagatorias.

Morena se desmarca del regreso

El retorno de Rocha Moya generó una reacción inmediata dentro de Morena. El partido señaló que la decisión de reincorporarse a la gubernatura fue personal y se deslindó de la determinación, al tiempo que expresó su respeto por el Estado de derecho, el debido proceso y las investigaciones de la FGR.

El Gobierno federal también ha marcado distancia respecto de la decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado anteriormente los señalamientos estadounidenses contra Rocha Moya y ha pedido que se presenten pruebas, al considerar que México no puede aceptar acusaciones sin sustento.

La Secretaría de Gobernación, por su parte, ha precisado que las investigaciones de la Fiscalía no se encuentran cerradas.

Regreso en medio de un escenario político complicado

El regreso del gobernador ocurre mientras Sinaloa enfrenta un escenario de violencia y una fuerte presión política derivada de las acusaciones contra funcionarios estatales.

La reincorporación de Rocha Moya también ha provocado cuestionamientos dentro y fuera de Morena, particularmente porque el mandatario decidió volver al cargo mientras permanecen abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados desde Estados Unidos.

Pese al panorama, Rocha Moya dejó claro que pretende mantenerse al frente del Ejecutivo sinaloense y continuar con su administración. Su regreso pone nuevamente el foco sobre Sinaloa y sobre una investigación que, lejos de quedar atrás, mantiene abiertas varias interrogantes a ambos lados de la frontera.

El Gobierno de México manifestó su “grave preocupación” por la resolución preliminar de Estados Unidos sobre presuntas prácticas de dumping en las exportaciones mexicanas de fresa y advirtió que el caso podría sentar un precedente complicado para otros productos hortofrutícolas del país.

La Secretaría de Economía informó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó de manera preliminar márgenes de dumping de entre 3.37 y 5.28 por ciento para algunas empresas mexicanas, mientras que para la mayoría de los exportadores fijó una tasa de 4.83 por ciento.

La acusación estadounidense sostiene que las fresas provenientes de México ingresan al mercado de ese país a precios inferiores a los considerados adecuados para su industria nacional. Sin embargo, la dependencia mexicana rechazó esa interpretación y cuestionó la metodología utilizada por las autoridades estadounidenses.

Economía consideró “arbitraria” la aplicación de criterios relacionados con la estacionalidad y la regionalidad, al señalar que no serían compatibles con las disposiciones del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Investigación surgió tras petición de productores de Florida

El procedimiento comenzó después de que productores de Florida solicitaran, el 31 de diciembre de 2025, la aplicación de derechos antidumping contra la fresa mexicana.

La resolución actual todavía no es definitiva. Como parte del proceso, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) determinó en marzo que no existían elementos suficientes para considerar a la llamada fresa de invierno como un producto separado ni para reconocer la existencia de un mercado regional específico.

No obstante, previamente la misma comisión había considerado que había indicios razonables de un posible daño material para una industria estadounidense, por lo que permitió que la investigación continuara.

Miles de productores podrían resentir la medida

La Secretaría de Economía señaló que una eventual confirmación de los aranceles podría afectar a cerca de 5 mil productores mexicanos de fresa. El impacto sería particularmente relevante para pequeños agricultores, ya que 97 por ciento trabaja superficies de 10 hectáreas o menos.

La actividad también genera alrededor de 151 mil empleos, por lo que el sector mexicano considera que una medida definitiva tendría efectos que irían más allá de las empresas exportadoras.

Tan solo en 2025, México envió aproximadamente 263 mil toneladas de fresa al mercado estadounidense, con un valor cercano a mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Economía.

Sector advierte posibles efectos en precios y abasto

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) también expresó su rechazo a la medida y alertó sobre el riesgo de que criterios relacionados con temporadas o regiones terminen aplicándose posteriormente a otros productos del campo mexicano.

El organismo señaló que una ampliación de ese tipo podría generar incertidumbre para productores, exportadores e inversionistas, además de provocar presiones sobre el abasto y los precios para los consumidores.

Por su parte, Aneberries, organización que representa a productores y exportadores del sector, defendió que las cadenas productivas de ambos países son complementarias, no competidoras directas.

La asociación explicó que México abastece principalmente al mercado estadounidense entre noviembre y marzo, cuando disminuye la producción local, mientras durante el verano Estados Unidos, especialmente California, suministra fresa al mercado mexicano.

Además, el sector mexicano sostiene que su competitividad responde a condiciones productivas y comerciales y no a prácticas desleales.

Resolución final llegará en 2027

Mientras el proceso sigue su curso, la Secretaría de Economía aseguró que mantendrá la coordinación con productores y exportadores para dar seguimiento a las siguientes etapas de la investigación.

Una vez que la resolución preliminar sea publicada en el Registro Federal estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza podrá exigir depósitos en efectivo equivalentes a los márgenes determinados.

Por ahora, esas tasas son provisionales y todavía pueden modificarse. El Departamento de Comercio de Estados Unidos tiene previsto emitir su decisión final alrededor del 8 de enero de 2027.

El sector fresero mexicano, mientras tanto, mantiene la mirada puesta en ese procedimiento, pues una resolución definitiva en contra podría no solo encarecer las exportaciones, sino abrir una puerta que el Gobierno mexicano teme pueda terminar afectando a otros productos del campo nacional.

Leche para el Bienestar e Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) firmaron un convenio para ampliar la difusión del Programa de Abasto Social, el esquema de Precios de Garantía y el catálogo de productos comerciales en todos los municipios del país.

El acuerdo contempla utilizar los canales de vinculación del Inafed con los gobiernos municipales para distribuir información física y digital sobre los programas y productos de Leche para el Bienestar, con el propósito de acercarla a las comunidades.

Uno de los principales datos del programa es el precio de la leche fortificada. El litro tiene un costo preferencial de 7.50 pesos para la población en general, mientras que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca el precio es de 6.50 pesos.

Para los habitantes de 552 municipios con bajo índice de desarrollo humano, el precio establecido es de 4.50 pesos por litro.

¿Qué productos ofrece Leche para el Bienestar?

La línea comercial incluye presentaciones de un litro de leche entera, semidescremada, deslactosada y light.

También existen envases Tetra Pak de 250 mililitros con sabores de fresa, vainilla y chocolate. De acuerdo con la información proporcionada, estas presentaciones están dirigidas al consumo cotidiano en hogares, escuelas y centros de trabajo.

El Programa de Abasto Social atiende actualmente a más de 7.7 millones de beneficiarias y beneficiarios, principalmente niñas y niños de seis meses a 12 años, adolescentes de 13 a 17 años y personas adultas de 60 años o más.

La meta establecida es alcanzar 10 millones de personas beneficiarias para 2030.

Convenio tendrá vigencia hasta 2030

El acuerdo entre Leche para el Bienestar y el Inafed también establece mecanismos para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades que desarrollen ambas instituciones.

Para ello, se conformará un Comité de Seguimiento y Evaluación integrado por representantes de los dos organismos, que tendrá entre sus tareas la elaboración de un programa anual de trabajo y el seguimiento de las metas.

El convenio entró en vigor con su firma y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2030.

La colaboración busca utilizar la red de enlace municipal del Inafed para distribuir información sobre los programas de Leche para el Bienestar y facilitar que los municipios conozcan los productos y precios disponibles.