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Las Mañaneras

Sheinbaum rechaza que AMLO le haya ‘impuesto’ a la titular de la CNDH

Durante la ‘mañanera del pueblo’ la mandataria federal denunció una “campaña” de columnistas nacionales, quienes aseveran que la reelección en el Senado de Piedra Ibarra en la CNDH.

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su antecesor, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador haya “impuesto” contra su voluntad a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante la ‘mañanera del pueblo’ la mandataria federal denunció una “campaña” de columnistas nacionales, quienes aseveran que la reelección en el Senado de Piedra Ibarra en la CNDH, para el período 2024-2029, fue una orden de López Obrador, mientras que Sheinbaum Pardo apoyaba a la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez.

“Ayer estaba leyendo algunos temas en redes, de la comentocracia, y ahora resulta que desde Palenque (municipio del sureste) López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la CNDH. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas”, argumentó.

La presidenta cuestionó las fuentes de analistas, quienes señalaron que la reelección de Piedra Ibarra, quien llegó a la CNDH en 2019 nombrada por López Obrador, fue una imposición del exmandatario, quien era amigo de su madre, Rosario Ibarra de Piedra.

Cabe agregar que la reelección de Piedra Ibarra se dio en medio de críticas de la oposición y de organizaciones civiles, que destacaron que México vive una crisis de derechos humanos con miles de desaparecidos y víctimas de violencia, pero la actual presidenta de la CNDH ha ignorado quejas contra abusos de las Fuerzas Armadas, en particular.

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Salud Casa por Casa supera 25 millones de consultas en México

El programa federal mantiene visitas domiciliarias para atender principalmente a adultos mayores y personas con discapacidad.

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El programa Salud Casa por Casa ya acumula cerca de 25 millones de consultas y acciones de atención médica directamente en los hogares de sus beneficiarios, informó este martes la Secretaría de Bienestar durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, explicó que el personal de salud mantiene un despliegue territorial para brindar atención, principalmente, a personas adultas mayores y personas con discapacidad, con visitas periódicas para dar seguimiento a sus condiciones de salud.

Como parte de este trabajo, señaló que aproximadamente 12 millones 270 mil viviendas han sido visitadas por profesionales de la salud para integrar el expediente médico de los beneficiarios. Además, el programa ya avanza hacia nuevas rondas de atención en distintos hogares.

La funcionaria detalló que alrededor de siete millones de visitas corresponden a una segunda etapa de seguimiento, mientras que en otros cuatro millones de viviendas el personal ya comenzó con una tercera visita.

De acuerdo con Ramírez Amaya, el avance se mide en función de la población que debe ser atendida y del número de recorridos realizados en los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad.

Con este esquema, Salud Casa por Casa busca acercar los servicios médicos hasta las viviendas y mantener un seguimiento más constante de los beneficiarios, evitando que la atención dependa únicamente de que tengan que trasladarse a una unidad de salud.

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Semarnat plantea 10 principios para transformar la justicia ambiental en México

Alicia Bárcena explicó que la iniciativa busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación de la naturaleza y el bienestar de las comunidades.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presentó los 10 principios que darán forma a la nueva iniciativa de Ley de Justicia Ambiental.

La funcionaria explicó que la propuesta busca cambiar la manera en que México entiende la relación entre crecimiento económico, protección de los recursos naturales y bienestar social, con una visión enfocada en la prevención y el cuidado del patrimonio ambiental.

Entre los principios planteados destaca la idea de que el patrimonio natural es la base de la vida, la prosperidad y el bienestar, además de considerar que no puede existir justicia social sin justicia ambiental.

La iniciativa también propone dar prioridad a la prevención de daños antes que a su reparación, así como impulsar acciones de conservación y restauración que permitan proteger los ecosistemas para las futuras generaciones.

Una nueva visión para cuidar el territorio

Otro de los puntos contempla utilizar el conocimiento científico y técnico como respaldo para las decisiones ambientales, además de promover una gestión del territorio en conjunto con las comunidades y con una perspectiva de largo plazo.

Bárcena destacó también la necesidad de fortalecer una cultura ambiental, fomentar una transición de una economía basada en desechar hacia otra que aproveche mejor los recursos y proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.

El décimo principio plantea que la protección del patrimonio biocultural debe asumirse como una responsabilidad compartida por toda la sociedad mexicana.

Con estos lineamientos, la Semarnat busca establecer las bases de una nueva política de justicia ambiental, en la que el desarrollo no avance a costa de los ecosistemas y donde las comunidades tengan un papel importante en la protección del territorio.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá ser analizada y discutida antes de definir su posible aprobación.

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México recupera más de 5.8 millones de dólares vinculados a García Luna

La UIF indicó en la conferencia mañanera que todavía permanece pendiente la liquidación de otros activos relacionados con el caso.

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El Gobierno de México informó sobre las acciones legales y financieras que permitieron recuperar 5 millones 805 mil 693.50 dólares relacionados con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que García Luna se encuentra preso en Estados Unidos por delitos relacionados con sus actividades como funcionario y por testimonios que lo señalaron por presuntos vínculos y protección a una organización delictiva.

Sheinbaum también señaló que, después de ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, García Luna habría realizado negocios relacionados con empresas que supuestamente proporcionaban equipos y servicios de seguridad, pero que terminaron vinculados con presuntos fraudes al erario.

UIF identifica red empresarial

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que el análisis de inteligencia financiera permitió identificar una estructura empresarial relacionada con la familia Weinberg, considerada relevante dentro de la red corporativa vinculada con García Luna.

Como parte de las acciones para recuperar los recursos, la UIF presentó el 23 de diciembre de 2019 una demanda civil ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, con el objetivo de recuperar activos que habrían sido desviados mediante el esquema de contrataciones públicas.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2026, se emitió una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por su participación en el esquema relacionado con García Luna.

Recuperan recursos y liquidan inmuebles

De acuerdo con Reyes Colmenares, el 25 de agosto de 2025 se concretó la recuperación de 5 millones 805 mil 693.50 dólares, como resultado de la liquidación de una póliza de fianza y de 12 inmuebles ubicados en Florida vinculados con la familia Weinberg.

El funcionario señaló que todavía permanece pendiente la liquidación de otros activos relacionados con el caso.

El Gobierno de México destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para recuperar recursos públicos y activos vinculados con operaciones presuntamente irregulares realizadas mediante contrataciones durante el periodo en que García Luna estuvo al frente de la seguridad pública federal.

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