La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en la conferencia mañanera de este lunes su respaldo a la iniciativa para recaudar fondos destinados a apoyar al pueblo de Cuba, ante las dificultades económicas que enfrenta la isla por el bloqueo comercial y las recientes restricciones para la importación de hidrocarburos.

La mandataria explicó que esta propuesta fue difundida originalmente por el diario La Jornada y cuenta con el respaldo de diversas personalidades del ámbito cultural e intelectual, entre ellas Elena Poniatowska, Enrique Semo, Marcos Roitman, Carlos Pellicer y Laura Esquivel. 

Asimismo, indicó que la iniciativa también fue respaldada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales.

Sheinbaum detalló que, para canalizar los recursos, se abrió una cuenta en el banco Banorte, la cual está regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ocurre con cualquier cuenta bancaria en el país, por lo que dijo que no existe problema alguno para los donantes. Explicó que la organización Humanidad con América Latina solicitó previamente ser reconocida como donataria, con el objetivo de que los recursos recaudados se destinen a la compra de alimentos, medicamentos y plantas de luz para el pueblo cubano.

La presidenta subrayó que el llamado solidario busca apoyar a Cuba frente a un bloqueo que, dijo, se mantiene desde hace décadas y que recientemente se ha intensificado con restricciones al suministro de combustibles.

Al ser cuestionada sobre si invitaría a la población a realizar donaciones, respondió que quienes puedan hacerlo pueden apoyar de manera personal, además de ver la posibilidad de donar a título personal.

Durante la conferencia también criticó las reacciones de algunos sectores opositores y denunció la presencia de campañas de desinformación en redes sociales tras el pronunciamiento de López Obrador. En ese sentido, afirmó que “México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre”, destacando la tradición histórica de solidaridad del país con otras naciones.

Respecto al sistema político cubano, Sheinbaum señaló que corresponde al pueblo de Cuba decidir su destino, al tiempo que reiteró que México mantiene una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos y busca conservar una buena relación con Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Instituto Nacional Electoral debe garantizar la expedición de credenciales para votar a los mexicanos que residen fuera del país, con el fin de facilitar su participación en los procesos electorales.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria explicó que el gobierno federal busca fortalecer los mecanismos que permitan a los connacionales ejercer su derecho al voto desde el extranjero.

Sheinbaum aclaró que la Secretaría de Relaciones Exteriores únicamente facilita el uso de los consulados para que los mexicanos puedan realizar trámites relacionados con su registro electoral, pero subrayó que la responsabilidad directa en materia electoral corresponde al INE.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores presta los espacios en los consulados para que los paisanos y paisanas puedan registrarse y obtener su credencial de elector, pero no tiene atribuciones sobre asuntos electorales; esa es una función del Instituto Nacional Electoral”, explicó.

Reforma electoral buscaba ampliar derechos

La presidenta también recordó que la reforma electoral propuesta por su gobierno contemplaba ampliar los derechos políticos de los mexicanos que viven fuera del país.

Entre los cambios planteados estaba la posibilidad de que los connacionales en el extranjero pudieran elegir directamente a representantes legislativos mediante el esquema de representación proporcional.

Actualmente, los mexicanos que radican fuera de México pueden participar en elecciones para elegir al presidente de la República y, en algunos casos, a gobernadores o jefes de gobierno estatales, pero no tienen la posibilidad de votar por diputados o legisladores federales.

Sheinbaum señaló que la propuesta buscaba avanzar en la ampliación de la participación política de la comunidad mexicana en el exterior; sin embargo, la iniciativa no prosperó en el Congreso.

“La reforma que planteamos iba mucho más allá, no solamente para facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, sino para permitir que eligieran su propia representación dentro de la representación proporcional, pero esa propuesta fue rechazada”, expresó la mandataria.

Mientras millones de mexicanos trabajan en Estados Unidos y envían remesas a sus familias, ha comenzado a documentarse un fenómeno que afecta directamente su patrimonio en México: fraudes, despojos de propiedades y esquemas de inversión engañosos que aprovechan la distancia en la que viven los migrantes.

Testimonios de connacionales en estados como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca y Jalisco muestran un patrón recurrente. Viviendas construidas con años de trabajo en el extranjero o terrenos adquiridos con remesas terminan ocupados, vendidos o registrados a nombre de terceros sin autorización de sus propietarios, quienes en muchos casos no se enteran de lo ocurrido hasta que regresan al país.

Las víctimas señalan que en estos esquemas participan desde familiares y gestores hasta abogados e incluso actores políticos. Uno de los nombres mencionados en denuncias es el del diputado jalisciense Javier Guízar Macías, a quien migrantes acusan de haberlos defraudado con alrededor de 12 millones de pesos mediante promesas de inversión. Según los testimonios, la cercanía política que presumía —incluyendo fotografías con la presidenta y respaldo del partido Morena— generó confianza entre los inversionistas.

El caso expuesto por inversionistas describe cómo entre el 2 y el 5 de abril de 2021 Humberto Benavides fue invitado a Guadalajara por Humberto del Toro y el diputado Javier Guízar Macías para conocer un proyecto agrícola denominado Organicum Blue. Durante reuniones realizadas en la residencia de Del Toro, ambos presentaron lo que describieron como una oportunidad para adquirir 8% de participación accionaria valuada en 650 mil dólares en un negocio vinculado con la producción de berries.

Durante esas reuniones, según la declaración de los afectados, los promotores aseguraron que los cultivos abastecían a empresas reconocidas como Driscoll’s y Casa Don Javier. También afirmaron que el proyecto tenía una tasa de éxito del 100% y que el valor de la inversión podría duplicarse en aproximadamente tres años. Como parte de la presentación, los inversionistas fueron llevados a recorrer supuestas tierras de cultivo y propiedades relacionadas con la empresa.

El 27 de abril de 2021, Benavides acudió ante un notario público en Guadalajara para firmar documentos vinculados con la adquisición de la participación en el negocio identificado como Casa Don Javier Berry Business. Tras el acuerdo, el inversionista regresó a Texas y vendió propiedades para completar el pago correspondiente a la inversión.

Sin embargo, según el testimonio presentado, han transcurrido cerca de tres años sin que los inversionistas reciban estados financieros, reportes bancarios o información sobre operaciones del proyecto. La falta de comunicación y rendición de cuentas ha derivado en pérdidas económicas considerables, incluyendo la inversión inicial de 650 mil dólares, además de los daños financieros derivados de la venta de activos para financiarla.

Paralelamente, organizaciones de defensa de migrantes advierten que los fraudes y despojos patrimoniales contra mexicanos que viven en el extranjero se han vuelto más frecuentes, en parte debido al alto flujo de remesas que llega al país. México se mantiene como uno de los principales receptores de dinero enviado desde el extranjero, situación que también ha convertido a los migrantes en un objetivo para redes de fraude.

Especialistas en derecho civil y agrario señalan que muchos casos permanecen sin denuncia. Entre los factores que influyen están la distancia, la dificultad para viajar a México, los costos legales y la desconfianza en las autoridades. Además, en algunos casos los procesos judiciales se realizan en ausencia del propietario, lo que puede derivar en la adjudicación del inmueble a otra persona por presunto abandono.

Ante este panorama, organizaciones migrantes han solicitado la creación de mecanismos que permitan denunciar fraudes a distancia y proteger legalmente las propiedades de quienes viven en el extranjero, con el fin de evitar que el patrimonio construido durante años de trabajo fuera del país termine en manos de terceros.