El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, impulsa una reforma a la Ley de Tierras Rurales que plantea eliminar las restricciones nacionales para la compra de terrenos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, una iniciativa que ya abrió un intenso debate político sobre sus posibles efectos económicos y territoriales.

La propuesta forma parte del proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, actualmente en análisis en el Congreso argentino. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación del límite nacional que establece que únicamente el 15 por ciento de las tierras rurales puede estar en manos de extranjeros.

Además, la reforma propone que sean las provincias las encargadas de regular este tipo de operaciones, otorgándoles mayor autonomía para decidir bajo qué condiciones podrán adquirirse terrenos dentro de su territorio.

La legislación vigente, aprobada en 2011, también fija límites sobre la cantidad de hectáreas que una misma persona o empresa extranjera puede comprar y restringe la venta de predios ubicados en zonas consideradas estratégicas, como regiones fronterizas o con importantes reservas de agua.

El Ejecutivo argentino sostiene que flexibilizar estas disposiciones permitirá atraer nuevas inversiones, fortalecer la actividad agropecuaria y ofrecer mayor certeza jurídica a inversionistas nacionales e internacionales. De acuerdo con la administración de Milei, las reglas actuales representan un obstáculo para la llegada de capitales y el crecimiento económico.

Sin embargo, la iniciativa ha encontrado resistencia entre partidos de oposición, organizaciones rurales y especialistas, quienes consideran que eliminar los controles podría facilitar la concentración de grandes extensiones de territorio en manos extranjeras y comprometer recursos naturales estratégicos, entre ellos fuentes de agua, bosques, minerales y áreas cercanas a las fronteras.

Entre las voces críticas se encuentra la Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, cuyos integrantes han solicitado mantener la legislación vigente al considerar que la reforma podría afectar la soberanía territorial del país.

Hasta el momento, la iniciativa continúa en discusión legislativa y no ha sido aprobada, por lo que las restricciones establecidas en la Ley de Tierras Rurales permanecen vigentes. El futuro del proyecto dependerá del respaldo que logre reunir el oficialismo durante el proceso de debate y votación en el Congreso argentino.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existen inconsistencias en la versión ofrecida por el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la captura y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada, al considerar que nueva información difundida en territorio estadounidense contradice la postura que sostuvo el exdiplomático.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria sostuvo que el Gobierno de México detectó una aparente contradicción entre las declaraciones de Salazar, quien negó la participación de autoridades estadounidenses en el traslado del líder criminal, y la reciente exhibición en Estados Unidos de la aeronave utilizada en ese hecho, la cual fue presentada como parte de un operativo del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Sheinbaum señaló que esta situación abre nuevos cuestionamientos sobre la manera en que ocurrieron los hechos y aseguró que no solo está en juego el esclarecimiento del caso, sino también las implicaciones que tuvo para la seguridad en México.

La presidenta recordó que, tras ese episodio, en Sinaloa se desató un conflicto entre grupos delictivos, por lo que insistió en que es necesario conocer con precisión cómo se desarrolló el traslado del capo y cuál fue la participación de las autoridades estadounidenses.

En ese contexto, indicó que el Gobierno federal considera que hubo omisiones y falta de claridad por parte del entonces embajador, motivo por el cual se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) incorporar estos nuevos elementos a la carpeta de investigación.

La mandataria explicó que la principal incongruencia radica en que, mientras anteriormente se negó que el FBI hubiera participado en un operativo para concretar la entrega del narcotraficante, ahora la propia agencia estadounidense exhibe la avioneta utilizada en el traslado como parte de una muestra pública relacionada con una operación de esa corporación.

Sheinbaum agregó que, además de esa exhibición, también existe información publicada recientemente en medios de comunicación estadounidenses que refuerza la necesidad de continuar investigando el caso y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la entrega de Ismael «El Mayo» Zambada.

El Gobierno de México anunció que emprenderá acciones legales para buscar justicia por la muerte de ciudadanos mexicanos relacionadas con operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, además de mantener la vía diplomática para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Durante la conferencia matutina de este jueves encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitará el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales contra quienes resulten responsables de estos fallecimientos ante las autoridades competentes de Estados Unidos.

El funcionario explicó que, hasta el momento, se tiene registro de 17 mexicanos que han perdido la vida en hechos relacionados con el ICE. De ese total, 14 murieron mientras permanecían en centros de detención y tres más durante operativos migratorios.

Velasco señaló que uno de los casos más recientes es el de Lorenzo Salgado, quien falleció el pasado 7 de julio tras recibir varios disparos durante una intervención de agentes del ICE, hecho que, dijo, debe ser investigado con total seriedad y transparencia.

Indicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la estrategia del Gobierno mexicano irá más allá de las gestiones diplomáticas. Además de las 11 notas diplomáticas enviadas al gobierno estadounidense, ahora se buscará que las responsabilidades sean investigadas por las fiscalías estatales y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El secretario subrayó que la Cancillería mantiene acompañamiento jurídico y apoyo humanitario a los familiares de las víctimas a través de la red consular en territorio estadounidense, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de México de defender los derechos humanos de los connacionales que radican en ese país y exigir que cada caso sea esclarecido conforme a la ley.