La definición de la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en La Paz, Baja California Sur, comienza a reunir distintos perfiles de Morena, entre ellos José Saúl González Núñez y Jehú Fernando Vázquez Savín, quienes cuentan con experiencia en la administración pública estatal y municipal, respectivamente.

Ambos nombres forman parte de los perfiles mencionados en el proceso interno del partido para definir quién encabezará la coordinación municipal rumbo a las elecciones de 2027, aunque la decisión dependerá del mecanismo de selección establecido por Morena.

Saúl González Núñez cuenta con experiencia al frente de la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur, además de antecedentes de participación política relacionados con la contienda por la alcaldía de La Paz. Su trayectoria dentro de la administración estatal forma parte de los elementos que se consideran en el contexto de la competencia interna.

Por su parte, Jehú Fernando Vázquez Savín se ha desempeñado en distintas áreas del Ayuntamiento de La Paz durante las administraciones encabezadas por Milena Quiroga, entre ellas la Secretaría General. También cuenta con el respaldo público de Martín Inzunza Tamayo, quien manifestó su disposición de apoyarlo en el proceso interno.

Encuestas y perfiles en Morena

En cuanto a las mediciones de preferencias, la encuesta de RUBRUM publicada el 23 de septiembre de 2026 incluyó cuatro perfiles de Morena para la presidencia municipal de La Paz: Omar Zavala, con 29.6 por ciento; Eduardo “Yayo” Van Wormer, con 27.5 por ciento; Fernanda Villarreal, con 25.2 por ciento, y Martín Inzunza, con 17.7 por ciento.

El ejercicio fue realizado mediante 400 entrevistas telefónicas automatizadas el 22 de septiembre, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de más o menos 3.8 puntos porcentuales.

Sin embargo, en esa medición no fueron incluidos Saúl González ni Jehú Vázquez, por lo que sus resultados no permiten establecer una comparación directa entre estos dos perfiles y los cuatro nombres evaluados por la encuestadora.

El proceso interno de Morena contempla la participación de diferentes figuras políticas y administrativas, por lo que la definición municipal deberá considerar los mecanismos de selección y las mediciones que determine la dirigencia partidista.

De esta manera, Saúl González y Jehú Vázquez se mantienen entre los nombres que forman parte de la conversación política rumbo a 2027 en La Paz, en un escenario donde todavía están pendientes las definiciones internas del partido y la evaluación de los distintos perfiles.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó sobre la detención de un elemento de la Guardia Nacional identificado como Erick “N”, de 29 años, señalado por su probable responsabilidad en el feminicidio de Christian Ziboney, una agente de la misma corporación federal, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 2 de noviembre en Culiacán.

La captura se realizó este viernes 6 de noviembre mediante una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), como parte de las investigaciones para esclarecer la muerte de la mujer.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso está relacionado con el hallazgo de una persona sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Alturas del Sur, en la capital sinaloense.

Tras su detención, Erick “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, instancia que determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento judicial.

De acuerdo con reportes periodísticos, Christian Ziboney tenía 34 años y mantenía una relación sentimental con el detenido, quien también formaba parte de la Guardia Nacional. La víctima era originaria de Teacapán, comunidad perteneciente al municipio de Escuinapa, Sinaloa.

COLECTIVO FEMINISTA EXIGE JUSTICIA

Tras darse a conocer la detención, la organización feminista Orquídeas Moradas, de Escuinapa, se pronunció para exigir que el caso sea investigado con transparencia, perspectiva de género y sin privilegios para el presunto responsable.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, la agrupación señaló que la detención representa un avance en las investigaciones, pero consideró que todavía deben esclarecerse todos los antecedentes y garantizar que el proceso judicial llegue hasta sus últimas consecuencias.

“La detención es un paso, pero la justicia para Christian Ziboney aún no está completa”, expresó la organización.

Asimismo, solicitó que, de acreditarse la responsabilidad del detenido, se dicte una sentencia acorde con la gravedad del delito y que las instituciones involucradas garanticen que no existan encubrimientos por su pertenencia a una corporación de seguridad.

El colectivo también puso especial atención en la situación de la hija de la víctima y cuestionó quién garantizará sus derechos y la reparación integral del daño, así como el acompañamiento económico, psicológico, educativo y social que necesitará tras el fallecimiento de su madre.

En su pronunciamiento, sostuvo que las niñas y los niños que quedan en situación de vulnerabilidad por hechos de violencia contra las mujeres también requieren atención y protección por parte de las instituciones.

FAMILIA PIDE QUE EL CASO NO QUEDE IMPUNE

Por su parte, familiares de Christian Ziboney manifestaron su exigencia de justicia y recordaron que la joven había ingresado a la Guardia Nacional con la intención de servir a su país y brindar mejores condiciones de vida a su hija.

A través de un mensaje compartido con el diario español EL PAÍS, sus familiares expresaron su preocupación por el futuro de la menor y solicitaron que las autoridades mantengan las investigaciones hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

“Queremos justicia para ella, esto no debe quedarse así. Su hija ha quedado desamparada”, señalaron.

La estrategia contempla acciones de adaptación y mitigación con perspectiva de género; busca atender los efectos de huracanes, inundaciones y pérdida de manglares en las comunidades costeras.

Las mujeres dedicadas a la pesca y la acuicultura serán las primeras en participar en la implementación territorial del Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático, una iniciativa que busca incorporar sus necesidades y propuestas en las acciones para enfrentar la crisis ambiental.

La estrategia contempla una experiencia piloto en comunidades pesqueras y acuícolas, donde se pondrán en marcha acciones de adaptación y mitigación del cambio climático con perspectiva de género, antes de extender el modelo a otros sectores y territorios.

La ruta de trabajo fue presentada por la Secretaría de las Mujeres durante la Segunda Sesión Ordinaria 2026 de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), donde también se planteó la creación del Grupo de Trabajo sobre Género y Derechos Humanos para coordinar la implementación del plan.

Pérdida de manglares y fenómenos naturales afectan a mujeres

La elección de las comunidades pesqueras y acuícolas responde al trabajo que la Secretaría de las Mujeres realiza desde 2025 con integrantes de estos sectores, periodo en el que se han llevado a cabo tres encuentros, dos de ellos de alcance nacional.

Como resultado de estos acercamientos, se elaboró un diagnóstico participativo que recoge las condiciones de vida y trabajo de las mujeres, así como sus principales demandas relacionadas con el medio ambiente.

Entre los problemas identificados se encuentra la pérdida de manglares, ecosistemas que las propias mujeres contribuyen a restaurar y conservar, pero para cuya protección requieren programas y apoyos institucionales.

El deterioro de estos espacios también afecta el equilibrio de los sistemas lagunares, provoca una disminución de peces y repercute directamente en la actividad pesquera, los ingresos económicos y la alimentación de las comunidades.

A estas dificultades se suman los huracanes, inundaciones, tormentas y lluvias torrenciales, fenómenos que afectan especialmente a los territorios costeros y que pueden provocar la pérdida de fuentes de trabajo.

La dependencia señaló que las mujeres suelen enfrentar una mayor carga de actividades para recuperar la vida cotidiana de sus familias después de estos eventos, pues deben conseguir agua, limpiar y reparar sus viviendas, reorganizar las labores de cuidado y buscar nuevas formas de generar ingresos.

Estas condiciones fueron expuestas por las propias pescadoras y acuicultoras durante los espacios de diálogo con la Secretaría de las Mujeres, en los que también plantearon la necesidad de contar con mayores apoyos para enfrentar los efectos del deterioro ambiental.

Buscan incorporar a mujeres en decisiones ambientales

El Grupo de Trabajo sobre Género y Derechos Humanos tendrá entre sus principales responsabilidades llevar a la práctica el Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático, presentado el 27 de mayo de 2026.

El documento fue elaborado con la participación de las secretarías de las Mujeres, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A partir de la experiencia piloto, se pretende incorporar acciones afirmativas en los proyectos estratégicos relacionados con el cambio climático, para garantizar que las mujeres tengan acceso a los recursos naturales, programas y apoyos institucionales.

Otro de los objetivos es ampliar su participación en las decisiones de sus comunidades y del sector ambiental, de manera que sus conocimientos y experiencias sean considerados en el diseño de las medidas de protección y adaptación.

Al respecto, la titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la importancia de incorporar la perspectiva de género y la igualdad sustantiva en los instrumentos de política climática, particularmente en la Ley General de Cambio Climático.

La funcionaria señaló la necesidad de que las respuestas del Estado frente a la crisis ambiental consideren las necesidades, los derechos y las aportaciones de las mujeres.

Con esta estrategia, la Secretaría de las Mujeres busca que las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático lleguen directamente a las comunidades, tomando en cuenta las condiciones de vida de quienes dependen de actividades como la pesca y la acuicultura.