Señalan a Enrique Alfaro como líder corrupción; pasa estafeta a Pablo Lemus
Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
En Jalisco, una presunta red de corrupción que abarca desde el Gobierno del Estado hasta los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como el Poder Judicial, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Según las denuncias presentadas, esta red podría implicar a hasta cien funcionarios públicos, principalmente de los municipios de Zapopan y Guadalajara, durante las administraciones de Juan José Frangie y Pablo Lemus, respectivamente.
La investigación también apunta a altos niveles del Gobierno de Jalisco, señalando a Rafael Martínez Ramírez, ex cuñado del gobernador Enrique Alfaro, como el cerebro financiero detrás de estas operaciones.
Martínez Ramírez, desde su despacho jurídico, ofrece «combos» legales a abogados y empresarios para resolver asuntos de alto perfil que no pueden cobrarse legalmente. En complicidad con la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, estos casos se convierten de deudas civiles a procesos penales, forzando a las víctimas a negociar bajo amenaza de enfrentar juicios desfavorables.
La Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Jalisco están señalados por su participación en esta red. Martínez Ramírez, con la supuesta connivencia del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y Pablo Lemus, utiliza su influencia para manipular nombramientos y controlar las acciones de la Fiscalía, dejándola inoperante y cooptada por la delincuencia organizada.
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también está implicado en estas denuncias. Empleados han revelado que se les obliga a falsificar cobros exorbitantes a grandes consumidores, y el dinero obtenido es desviado para uso personal de algunos funcionarios.
En caso de resistencia al pago, se ordena bloquear las alcantarillas para extorsionar a los usuarios, exigiendo pagos en efectivo para evitar el rastreo del dinero. Otra área afectada es la Policía Vial, en colaboración con empresas de grúas. Diariamente, se realizan operativos para recoger vehículos mal estacionados, con el fin de cobrar cinco mil pesos por vehículo para liberarlo de la grúa. Este dinero es entregado directamente a funcionarios de la institución.
Las denuncias también incluyen la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente sobre los delitos de alto impacto registrados en Jalisco. Pese a una aparente disminución en las cifras de criminalidad, no se han dado a conocer detenciones significativas de autores materiales o intelectuales, dejando muchos casos sin resolver.
En cuanto a la atención de los desaparecidos en Jalisco, la situación es alarmante. La falta de personal capacitado y suficiente en las investigaciones genera revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas, que muchas veces son disuadidos de buscar información.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) presenta mejoras solo cosméticas, ocultando el verdadero abandono en que se encuentra. La institución, antes reconocida por su experiencia técnica, ahora enfrenta problemas de nepotismo, falta de recursos y equipo, y sobrecarga laboral que afecta la salud mental de sus empleados. Los peritos, sin mejoras salariales ni actualizaciones profesionales, luchan por manejar la acumulación de cuerpos no identificados en fosas comunes.
La FGR ha recibido solicitudes para investigar estos hechos de corrupción, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos y delitos contra la integridad de las personas. Se pide una indagatoria financiera para evaluar la congruencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y su estilo de vida, así como una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias e inmuebles.
La compleja red de corrupción en Jalisco, que involucra a altos funcionarios del gobierno, municipios y el poder judicial, plantea una grave amenaza a la transparencia y la justicia en la región. Las denuncias presentadas requieren una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades federales para restaurar la confianza pública y asegurar que se haga justicia en todos los niveles involucrados.
Un extenso listado de nombres, incluyendo magistrados, jueces penales, civiles, familiares y mercantiles, así como funcionarios de la Fiscalía del Estado, ha sido vinculado a presuntos actos de corrupción en el sistema judicial de Jalisco. Según las acusaciones, estos individuos habrían participado en diversas actividades ilícitas bajo la dirección de Rafael Martínez Ramírez.
Entre los señalados se encuentran jueces como Jorge Antonio Nava Pérez, Javier García Muñoz, y magistrados como Enrique Flores y José Luis Álvarez Pulido, quienes supuestamente habrían recibido beneficios indebidos a cambio de favores.
Además, se ha planteado una denuncia específica sobre el uso de una aplicación móvil para la obtención de votos a favor del candidato a gobernador Pablo Lemus, así como de presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan.
Se menciona que la empresa responsable de esta aplicación fue contratada por Pablo Lemus y dirigida por Rafael Martínez Ramírez y Miguel Sainz. Se sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas de Martínez Ramírez.
Esta aplicación, presuntamente asociada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Daniel Espinoza Licon, habría sido utilizada por jueces y magistrados para fines políticos, incluyendo la obtención de votos mediante la manipulación de datos personales de los ciudadanos.
Claudia Sheinbaum resalta transformación laboral en México y anuncia reducción gradual de la jornada laboral
La propuesta se construyó a través de más de 40 mesas de trabajo, con la participación de 2,000 representantes de diferentes sectores, incluyendo el empresarial, sindical, y académico, además de personas trabajadoras
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el impacto de las reformas laborales implementadas en los últimos siete años, señalando como uno de los logros más importantes la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. En una conferencia matutina celebrada el 2 de marzo de 2026, Sheinbaum detalló que la reforma, que se alcanzó por consenso con diferentes sectores, es parte de un proceso gradual que se iniciará en 2027 con una disminución de dos horas por semana.
Actualmente, el 63.9% de las personas trabajadoras en México laboran más de 40 horas a la semana, y la meta del gobierno es reducir este porcentaje, alcanzando una jornada de 40 horas para todos los trabajadores hacia 2030. Sheinbaum subrayó que esta medida está orientada a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, con el fin de reducir la fatiga, disminuir los accidentes laborales y fortalecer el bienestar familiar.
Marath Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social, informó que el decreto que oficializa esta reforma será publicado el martes 3 de marzo de 2026, después de haber sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, el Senado y al menos 24 congresos locales. El funcionario señaló que esta medida es parte de los compromisos del gobierno con el bienestar de los trabajadores, y enfatizó que no implicará reducción de salario ni prestaciones.
La propuesta se construyó a través de más de 40 mesas de trabajo, con la participación de 2,000 representantes de diferentes sectores, incluyendo el empresarial, sindical, y académico, además de personas trabajadoras. Esta reforma se basa en las recomendaciones internacionales que sugieren implementar jornadas laborales más cortas de manera gradual, sin que esto afecte los ingresos de los trabajadores.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, solo el 36.1% de los trabajadores en México labora actualmente bajo el esquema de 40 horas semanales, mientras que el resto, un 63.9%, aún realiza jornadas superiores. De este grupo, el 41% trabaja entre 41 y 48 horas, el 13% entre 49 y 57 horas, y el 9.8% más de 58 horas. La reforma busca alcanzar a todos estos trabajadores y garantizar un equilibrio entre su vida laboral y personal.
El nuevo marco legal establece que la jornada de 40 horas se incluirá a nivel constitucional, garantizando descanso sin reducción salarial. También se contempla la prohibición de horas extra para menores de edad, y se mantiene la jornada diaria de 8 horas. El tiempo extraordinario será voluntario y se pagará a un 200% en las primeras horas, con un tope máximo de 4 horas triples. Además, se mantendrán los pagos por prima dominical y días festivos.
La implementación de esta reforma será gradual: en 2027, la jornada se reducirá a 46 horas semanales; en 2028, a 44 horas; en 2029, a 42 horas; y en 2030 se alcanzará el objetivo de 40 horas. Durante el año 2026, el gobierno realizará trabajos de preparación e implementación con distintos sectores, y se fortalecerá la inspección laboral mediante un registro electrónico de jornadas, para asegurar el cumplimiento de los nuevos límites legales.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el Tren del Norte atenderá a una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios en sus rutas Ciudad de México-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Este sistema de transporte busca reactivar los trenes de pasajeros y fortalecer el desarrollo económico del país.
Los tramos de este proyecto suman un total de 730 kilómetros y su construcción aprovecha derechos de vía existentes. La ruta Ciudad de México-Querétaro-Irapuato abarcará 334 km, con una demanda estimada de 50 mil pasajeros diarios, mientras que el trayecto Saltillo-Nuevo Laredo tendrá 396 km y atenderá a 20 mil pasajeros diarios.
La flota contará con 47 trenes, cuyo primer equipo llegará en junio de 2027. Estos trenes tendrán dos configuraciones: una de corto itinerario para 632 pasajeros, destinada a zonas metropolitanas con mayor frecuencia y número de estaciones; y otra de largo itinerario para 271 pasajeros, diseñada para recorridos más extensos.
Los trenes ofrecerán comodidad y seguridad, con asientos ergonómicos, accesibilidad universal para usuarios con discapacidad, espacios amplios para equipaje y sistemas de información sobre estaciones y horarios. La fabricación de los equipos fue adjudicada a la empresa francesa Alstom México y contará con tracción diésel-eléctrica, alcanzando velocidades de hasta 160 km/h y longitudes aproximadas de 100 metros.
En el tramo Querétaro-Irapuato se realizan trabajos de instalación de vía, construcción de estaciones, paraderos, patios, bases de mantenimiento y viaductos. Asimismo, se encuentra en licitación el sistema de señalización, control y telecomunicaciones que garantizará la seguridad operativa. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene a su cargo la supervisión de la ruta Ciudad de México-Querétaro.
México exige a EE.UU. investigar la muerte de connacional bajo custodia del ICE
A través de un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano pidió investigar el «lamentable» fallecimiento del connacional para «determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan».
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México reclamó este lunes a las autoridades estadounidenses una investigación «inmediata y exhaustiva» para esclarecer las causas del fallecimiento de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un centro de procesamiento en el estado de California.
A través de un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano pidió investigar el «lamentable» fallecimiento del connacional para «determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan».
Según la información, el mexicano murió en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, custodiado por el ICE, sin que por el momento haya trascendido su identidad ni las causas del deceso.
Tras este suceso, la Cancillería solicitó a Estados Unidos «información detallada» sobre este hecho, como el expediente médico o los informes de custodia.
Asimismo, el Consulado de México en la ciudad californiana de San Bernardino activó los protocolos de asistencia consular para acompañar «permanentemente» a la familia del fallecido, con quienes contactaron para trasladarle sus condolencias y ofrecer acompañamiento legal, así como apoyo con las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos.
«La atención a este tipo de situaciones y el establecimiento de vías para resolverlas son prioritarias para el Gobierno de México. La Cancillería solicitará formalmente la investigación de las condiciones sistémicas que han llevado a que ocurran sucesos tan lamentables como este», concluyó la dependencia gubernamental.
El número de mexicanos fallecidos mientras estaban detenidos por el ICE fue de 7 el año pasado, la cifra más alta desde que se creó esta agencia migratoria, según informaron medios locales de México.
El ICE está llevando a cabo una agresiva política de detenciones y deportaciones que ha llevado a protestas y enfrentamientos con defensores de los inmigrantes en varias puntos del país.