Ismael “El Mayo” Zambada, considerado durante décadas uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado este lunes a cadena perpetua por una corte federal de Estados Unidos, luego de declararse culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

La sentencia fue dictada por el juez federal Brian M. Cogan durante una audiencia celebrada en el Tribunal Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde además se ordenó al capo mexicano el pago de 15 mil millones de dólares, como parte del acuerdo alcanzado previamente con la Fiscalía estadounidense.

Aceptó su responsabilidad ante la corte

Durante la audiencia, el narcotraficante de 76 años leyó una carta en la que reconoció su responsabilidad por los delitos cometidos y aseguró que comparecía ante la justicia para asumir las consecuencias de sus actos.

“Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón”, expresó Zambada ante el juez.

Las declaraciones formaron parte de la audiencia de sentencia, luego de que el sinaloense se declarara culpable en agosto de 2025 por cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas y actividades de la delincuencia organizada.

Millonario decomiso, parte del acuerdo

Días antes de la audiencia, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente al juez ordenar el decomiso de 15 mil millones de dólares, cantidad establecida en el acuerdo de culpabilidad firmado por el propio Zambada.

La petición fue aceptada por la corte junto con la imposición de la cadena perpetua, cerrando uno de los procesos judiciales más relevantes contra un histórico líder del narcotráfico mexicano.

Fin judicial para uno de los capos más buscados

Durante años, “El Mayo” Zambada fue señalado por las autoridades estadounidenses como una de las principales figuras del Cártel de Sinaloa, organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos y distintos mercados internacionales.

Su condena representa el desenlace de un caso que marcó un precedente en la lucha contra el crimen organizado, al tratarse de uno de los narcotraficantes más influyentes y buscados por las autoridades de ambos países.

El Gobierno de Estados Unidos negó la afirmación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) de que dos petroleros explotaron en el estrecho de Ormuz tras chocar con minas en aguas internacionales, y calificó la versión iraní como falsa.

El Comando Central, por medio de su cuenta de X, señaló que las afirmaciones del CGRI forman parte de una serie de declaraciones falsas difundidas por la organización iraní en medio del séptimo día de ataques entre Washington y Teherán, desde que el presidente, Donald Trump, diera como finalizada la tregua pactada entre ambos países.

El CGRI afirmó, en un comunicado difundido por la agencia estatal Tasnim, que los dos petroleros explotaron después de ingresar en un campo de minas marítimas al sur del estrecho de Ormuz y que los buques, supuestamente engañados por agencias de inteligencia estadounidenses, provocaron un gran incendio tras la detonación.

La organización iraní no identificó a los barcos ni informó de posibles víctimas o daños.

El Comando Central reimpuso el pasado martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

Irán ha respondido a los ataques de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.  

El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, impulsa una reforma a la Ley de Tierras Rurales que plantea eliminar las restricciones nacionales para la compra de terrenos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, una iniciativa que ya abrió un intenso debate político sobre sus posibles efectos económicos y territoriales.

La propuesta forma parte del proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, actualmente en análisis en el Congreso argentino. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación del límite nacional que establece que únicamente el 15 por ciento de las tierras rurales puede estar en manos de extranjeros.

Además, la reforma propone que sean las provincias las encargadas de regular este tipo de operaciones, otorgándoles mayor autonomía para decidir bajo qué condiciones podrán adquirirse terrenos dentro de su territorio.

La legislación vigente, aprobada en 2011, también fija límites sobre la cantidad de hectáreas que una misma persona o empresa extranjera puede comprar y restringe la venta de predios ubicados en zonas consideradas estratégicas, como regiones fronterizas o con importantes reservas de agua.

El Ejecutivo argentino sostiene que flexibilizar estas disposiciones permitirá atraer nuevas inversiones, fortalecer la actividad agropecuaria y ofrecer mayor certeza jurídica a inversionistas nacionales e internacionales. De acuerdo con la administración de Milei, las reglas actuales representan un obstáculo para la llegada de capitales y el crecimiento económico.

Sin embargo, la iniciativa ha encontrado resistencia entre partidos de oposición, organizaciones rurales y especialistas, quienes consideran que eliminar los controles podría facilitar la concentración de grandes extensiones de territorio en manos extranjeras y comprometer recursos naturales estratégicos, entre ellos fuentes de agua, bosques, minerales y áreas cercanas a las fronteras.

Entre las voces críticas se encuentra la Coalición Cívica, encabezada por Elisa Carrió, cuyos integrantes han solicitado mantener la legislación vigente al considerar que la reforma podría afectar la soberanía territorial del país.

Hasta el momento, la iniciativa continúa en discusión legislativa y no ha sido aprobada, por lo que las restricciones establecidas en la Ley de Tierras Rurales permanecen vigentes. El futuro del proyecto dependerá del respaldo que logre reunir el oficialismo durante el proceso de debate y votación en el Congreso argentino.