La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en conjunto con el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA), ha logrado avances significativos en la inclusión de las mujeres en el ámbito agrario, con el lanzamiento de las Caravanas para Mujeres en la Propiedad Social, un proyecto que lleva servicios agrarios, médicos y educativos a las mujeres rurales de México. Desde abril de 2025, se han entregado más de 1,500 documentos agrarios a mujeres de diversas regiones, reconociéndolas formalmente como titulares de derechos sobre tierras ejidales y comunales.

Este esfuerzo forma parte del Compromiso 53 de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar certeza jurídica a 250,000 mujeres en el sector agrario, en un proceso de inclusión y empoderamiento que también busca reducir las desigualdades de género en la propiedad social.

Avances y servicios brindados a las mujeres agrarias

Hasta la fecha, se han realizado 56 caravanas en 28 estados del país, beneficiando a más de 18,000 personas. Aunque las caravanas están dirigidas principalmente a las mujeres, también brindan atención a la población en general, ofreciendo una atención integral que incluye asesorías agrarias, formación en temas productivos, ambientales y sociales, así como servicios médicos y ginecológicos.

Según Gabriela Rangel Faz, directora general para la Igualdad de Género en la Propiedad Social de la Sedatu, las caravanas tienen un enfoque interinstitucional, trabajando con entidades federales, estatales y municipales, lo que permite reducir las brechas de desigualdad en la propiedad social y facilitar el acceso de las mujeres a derechos agrarios, recursos productivos y servicios de salud.

“Las Caravanas fueron diseñadas para ir más allá de los trámites agrarios. Queremos que las mujeres tengan certeza jurídica sobre sus derechos de propiedad, pero también queremos que fortalezcan su autonomía económica y voz dentro de los núcleos agrarios”, explicó Rangel Faz.

El impacto social y económico

El reconocimiento formal de las mujeres como ejidatarias y comuneras no solo les proporciona una mayor seguridad jurídica, sino que también les otorga un poder económico y social crucial. La posibilidad de ser titulares y herederas de tierras les permite participar activamente en la toma de decisiones dentro de sus comunidades agrarias, un ámbito históricamente dominado por los hombres.

El avance en el reconocimiento de derechos agrarios para mujeres responde a la necesidad de empoderar a las mujeres rurales y de combatir la exclusión histórica que han sufrido en muchas regiones del país. Con este proceso, Sedatu busca equilibrar el acceso a la tierra y generar condiciones de igualdad de oportunidades para las mujeres dentro de la propiedad social.

Apoyo institucional y colaboración

El éxito de las caravanas se debe a la colaboración de múltiples instituciones, tanto federales como locales. En cada evento, se cuentan con la participación de entidades como las Secretarías de Agricultura, Bienestar, Medio Ambiente, y Mujeres, además de otras instituciones clave como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), IMSS Bienestar, Fifonafe, y más. También se ha recibido apoyo de los ayuntamientos y gobiernos estatales, lo que ha permitido que las caravanas lleguen a 55 municipios de diversas entidades del país.

Las caravana también incluyen talleres sobre derechos de las mujeres, atención a violencias, y sobre temas productivos como agroecología, lo que ayuda a las mujeres a mejorar su capacidad productiva, fortalecer sus economías locales y crear redes de apoyo entre ellas.

Una oportunidad para la inclusión y desarrollo rural

El esfuerzo por reconocer los derechos agrarios de las mujeres en México es un paso importante hacia la inclusión social y económica de un sector históricamente desfavorecido. A través de estas caravanas, Sedatu no solo está brindando certeza jurídica, sino también herramientas para la autonomía económica de las mujeres, lo que les permite un mejor acceso a recursos productivos, capital social y una participación activa en el desarrollo de sus comunidades.

Estas acciones, alineadas con los objetivos de desarrollo rural sostenible e igualdad de género, representan una inversión clave en la construcción de un México más justo y equitativo, donde las mujeres puedan acceder a los mismos derechos y oportunidades que los hombres, especialmente en las zonas rurales.