El Gobierno de México reportó la realización de más de 5 millones 900 mil servicios y trámites como parte del Eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, en beneficio de más de 3 millones de personas en distintas regiones del país.

Durante la presentación de avances, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que estas acciones se han desplegado en 61 municipios de 22 entidades, mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los datos oficiales, los servicios brindados abarcan áreas como educación, salud, deporte, empleo y cultura. Del total de atenciones, el 33% corresponde a servicios de salud, como consultas médicas, vacunación y entrega de medicamentos, mientras que el 27% se relaciona con programas dirigidos a jóvenes, incluyendo su incorporación a esquemas educativos y de apoyo.

Asimismo, el 25% de las acciones corresponde a actividades comunitarias, entre ellas trabajo social y tequios, mientras que el 15% restante se enfoca en la incorporación a distintos programas sociales. En este mismo periodo, se realizaron más de 540 Ferias de Paz para atender solicitudes directas de la población.

En materia de espacios públicos, se reportó la recuperación de 392 áreas comunitarias, así como acciones de mejoramiento urbano a través de instancias federales. Paralelamente, se han llevado a cabo más de 9 mil Jornadas por la Paz, con la participación de más de 2 millones 600 mil personas en actividades culturales, deportivas y educativas.

Dentro de las acciones dirigidas a jóvenes, se desarrollan programas como “Boxeando por la Paz”, que cuenta con mil 358 gimnasios con capacidad para más de 53 mil participantes, así como iniciativas deportivas en las que han intervenido más de 159 mil jóvenes integrados en 24 mil equipos.

En el ámbito institucional, se informó la instalación de 400 Consejos de Paz y Justicia Cívica en 14 entidades, enfocados en la atención de problemáticas como violencia familiar, consumo de sustancias, deserción escolar y embarazo adolescente.

En paralelo, la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido el canje voluntario y anónimo de 9 mil 544 armas de fuego por recursos económicos, además del intercambio de juguetes bélicos por artículos educativos.

Por otra parte, el Tianguis de Bienestar ha distribuido 2 millones 149 mil artículos nuevos en 28 municipios y 81 localidades, como parte de las acciones complementarias dirigidas a población en situación vulnerabl

El pleno de la Cámara de Diputados declaró como constitucional el “Plan B” de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que permite que la iniciativa avance hacia la publicación oficial y su eventual entrada en vigor.

El plan B obtuvo la aprobación de al menos 20 congresos estatales, entre ellos, el de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Campeche, entre otros estados.

Con ello, pasará al Senado de la República, y en caso de que sea también respaldado, el Plan B finalmente se publicaría en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con Sheinbaum, el Plan B contempla de manera general 3 puntos:

• Disminuir los privilegios que persisten en los Congresos locales
• Disminuir los privilegios que persisten en municipios
• Fortalecer la consulta popular

A más de 15 años del operativo policial en San Salvador Atenco en 2006, México aún no ha fincado responsabilidades penales a mandos superiores, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena investigar la cadena de mando en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

En 2018, la Corte Interamericana resolvió el caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”, donde determinó que se cometieron tortura sexual, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. La resolución estableció que el Estado debía investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los niveles superiores de decisión.

No obstante, hasta la fecha, las investigaciones se han centrado en mandos operativos, sin que existan procesos penales concluyentes contra altos funcionarios o información pública que detalle avances significativos en esa línea.

La actuación de autoridades de alto nivel, entre ellas el entonces procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, permanece bajo escrutinio. Documentos consultados por este medio revelan la existencia de carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en el uso del sistema de justicia en otros casos, incluso dirigidos a personas vulnerables, como adultos mayores.

Aunque estos documentos no constituyen por sí mismos determinaciones judiciales, sugieren posibles patrones de actuación institucional que podrían requerir investigación más profunda por parte de las autoridades competentes. Especialistas en derechos humanos advierten que la falta de investigación sobre la cadena de mando perpetúa la impunidad y refleja un problema estructural dentro de las instituciones de procuración de justicia.

Organizaciones civiles han señalado que el cumplimiento de la sentencia internacional sigue siendo parcial, especialmente en lo referente a la sanción de altos mandos. Los nuevos elementos documentales generan interrogantes sobre la continuidad de las investigaciones, el seguimiento de las carpetas existentes y la posible existencia de prácticas sistemáticas de uso indebido del sistema de justicia.

El caso Atenco continúa siendo un referente de violencia de Estado y de los desafíos que enfrenta México para cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La combinación de la sentencia internacional y la aparición de nuevos indicios vuelve a situar en el debate público la necesidad de garantizar justicia sin excepciones ni niveles intocables.