La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación propia sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitara su detención provisional con fines de extradición.

El enfoque central del caso, precisó la institución, será determinar si existen elementos probatorios suficientes que respalden los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses.

Señalan falta de pruebas en solicitud

De acuerdo con la FGR, la petición de detención no está acompañada de evidencias contundentes sobre los hechos narrados, relacionados con presuntos vínculos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa.

La dependencia subrayó que, conforme a la legislación mexicana, para solicitar una orden de aprehensión es necesario contar con datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito.

Proceso conforme a la ley mexicana

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que se seguirán todos los procedimientos legales establecidos.

“Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, señaló.

Agregó que el análisis se realizará con base en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables en materia de extradición.

Revisión de viabilidad de extradición

De manera paralela, la FGR evaluará la viabilidad jurídica de la solicitud enviada por el gobierno estadounidense, en apego al tratado bilateral en la materia.

El vocero puntualizó que la extradición solo podrá concederse si las pruebas cumplen con los requisitos establecidos por la legislación mexicana, al ser el país requerido en este proceso.

Asimismo, reiteró que la solicitud recibida no incluye, hasta el momento, elementos suficientes que acrediten de forma contundente los señalamientos.

Confidencialidad del proceso

La Fiscalía también señaló que, conforme a lo indicado por las autoridades estadounidenses, la información contenida en este tipo de solicitudes debe mantenerse bajo carácter confidencial.

Indicó que la divulgación de estos datos podría afectar la naturaleza de los procedimientos penales, además de contravenir disposiciones como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la protección de la información en estos casos.

Requisitos para proceder contra funcionarios

Lara López recordó que, en el caso de servidores públicos como gobernadores o senadores, la legislación mexicana exige un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de solicitar una orden de aprehensión.

En este contexto, la FGR enfatizó que actuará con respeto al Estado de derecho, la soberanía nacional y las garantías de las personas involucradas.

Solicitud incluye a otros funcionarios

La petición del gobierno de Estados Unidos también contempla a otros funcionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como siete exfuncionarios más.

La solicitud fue presentada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que funge como enlace en este tipo de procedimientos internacionales.

La Embajada de Estados Unidos en México respaldó este miércoles la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios implicados en una presunta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.

En un comunicado, la representación diplomática subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”.

Además, destacó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una “prioridad compartida” entre México y Estados Unidos, por lo que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho.

“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, sostuvo la Embajada.

Asimismo, reiteró que Washington continuará colaborando con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad en ambos países, bajo una relación basada en la “confianza mutua y la responsabilidad compartida”.

La reacción de la Embajada ocurre luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

La acusación se produce en un contexto de prolongada crisis de violencia en Sinaloa, derivada de la pugna interna del Cartel de Sinaloa tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, después de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) emitieron una advertencia a los gobiernos municipales del país ante la detección de falsos gestores que se ostentan como intermediarios de la dependencia federal para realizar trámites o gestionar acceso a programas públicos.

De acuerdo con la información oficial, estas personas buscan vincularse con autoridades municipales bajo la supuesta representación de la Sedatu, lo cual fue rechazado por la institución al precisar que no mantiene relación con gestores o intermediarios externos.

Sedatu niega uso de intermediarios

La dependencia federal aclaró que la Sedatu no opera ni trabaja con gestores, intermediarios o representantes externos para realizar trámites, gestiones o cualquier tipo de vinculación con autoridades municipales.

Se puntualizó que toda comunicación institucional, así como la coordinación de acciones, se realiza únicamente a través de canales oficiales y personal debidamente acreditado en cada entidad federativa.

Llamado a gobiernos municipales

Ante estos casos, tanto la Sedatu como el Inafed hicieron un llamado a los gobiernos municipales a extremar precauciones y evitar caer en posibles engaños relacionados con la supuesta gestión de programas federales.

El Inafed subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos internos de verificación y validación de información, privilegiando la comunicación directa con las instancias federales y el uso de canales oficiales.

Recomendaciones para evitar fraudes

Las autoridades exhortaron a los municipios a reportar cualquier intento de gestión irregular, con el objetivo de salvaguardar la transparencia y la legalidad en el acceso a los programas federales.

Asimismo, señalaron que la prevención de estos casos depende del correcto manejo de la información y de la verificación de quienes se presentan como supuestos enlaces o intermediarios.

Canales oficiales de denuncia

Para reportar posibles casos de fraude o suplantación, la Sedatu habilitó el correo institucional [email protected], además de sus redes sociales oficiales, donde se puede solicitar información o verificar la autenticidad de cualquier gestión.