El Ejecutivo federal presentará al Congreso un paquete de iniciativas que contemplarán reformas constitucionales y reglamentarias en materia administrativa entorno a los organismos autónomos, y el cambio legal definitivo, para que nadie obtenga un salario mayor al que perciba el Presidente de la República.
Las reformas administrativas, dijo Andrés Manuel López Obrador, no afectarán los derechos de los trabajadores. En medio de su rueda de prensa de hoy, reprochó la connivencia entre consejeros del Ifetel y las empresas de comunicación, tanto nacionales como extranjeras.
“Así como se fueron creando estos fideicomisos y fondos a diestra y siniestra para manejar dinero público de manera discrecional, con corrupción, se fueron creando organismos autónomos entre comillas tanto de parte del Ejecutivo, como por ley. Entonces tenemos que revisar todos estos aparatos administrativos, para que no haya duplicidad, porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, que el presupuesto se quede en el gobierno. Entre más lujos haya en el gobierno, mientras más se pague en el gobierno, menos llega al pueblo, entonces tenemos que hacer, vamos a llevar a cabo esta reforma administrativa, y vamos a ajustar al gobierno a la nueva realidad, ya no seguir creando estas instituciones, estos aparatos burocráticos».
Al abordar el tema del Ifetel, preguntó por qué no puede pertenecer a la SCT. “Cuando se creó el Ifetel a la fecha ha hecho una muy buena labor, hablaban de que esa manera ya no iba a haber monopolios en la comunicación, no los llaman monopolio, los llaman actores preponderantes. Resulta que en estos organismos tienen más injerencia los actores preponderantes que el presidente, no conozco a ninguno de los consejeros del Ifetel. Si me los encuentro aquí en palacio no los conozco.
“Ese organismo, el Ifetel, le cuesta, toda esta reforma administrativa significaría proteger a los trabajadores, los podríamos reubicar. Esto va desatar mucho debate, porque ni modo que nos callemos. Tengo una reunión de gabinete, donde les voy a presentar la propuesta, y que haya debate como fue con los fideicomisos. Rentaban campos de golf, de Conacyt, ¡sí, campos de golf! Claro que no eran investigadores, como no había control de nada metían notas y facturas con excesos, imaginen que todos los recursos para innovación, era para construir edificios inteligentes, de que sirve construir si no hay una política de innovación. El Ifetel cuesta mil 500 millones de pesos. Vamos a poner orden, 10 mil, 15 mil, 20 mil millones que ahorremos, ¡es la mitad de la vacuna contra el Covid!»
Se le preguntó si esos organismos desaparecerían, y replicó: “No, es reubicar a los trabajadores. Todos estos consejeros se ampararon, y ganan más que el presidente. No se me ha olvidado, con chicanadas se ampararon, esto lo hicieron en el INE, en el Poder Judicial. ¿Qué no se puede mandar una iniciativa a la Constitución para que nadie gane más que el presidente? Si vamos a ajustar. Respetando a los trabajadores, no hemos despedido a los trabajadores. En el caso de los fideicomisos, se ahorraron como 50 mil millones de pesos”.
A mitad de febrero, anunció, habrá de presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución, “para que se no se preste a malas interpretaciones lo que hicieron en el Poder Judicial, y abrieron la puerta para que se cometan todos estos abusos que hicieron en los organismos autónomos. El Presidente está ganando ciento diez mil pesos. Están violando la Constitución, y pueden hacer cualquier maniobra legaloide, pero eso se va a corregir. ¡Un ministro (de la Suprema Corte) gana 600 mil pesos!
“Todo con el propósito de ahorrar. No lo he visto publicado en ningún periódico: en el 2018 en el último año de Enrique Peña, la Presidencia manejó un presupuesto de tres mil 600 millones de pesos, nosotros ejercimos 500 millones, más de tres mil millones de pesos, fuimos de todo el gobierno la dependencia que más ahorró, porque estamos gobernando con el ejemplo, esto va continuar. Se valieron de estos amparos, actuaron como abogados huizacheros, y lograron transitoriamente que se violara la Constitución.”
No falto la aparente inocente propuesta, de un representante de una página electrónica, para que sacara provecho económico a su elevada popularidad en redes sociales. El presidente le respondió así: “No me gusta eso, porque soy funcionario público, aun cuando el dinero se utilizará para un apoyo a la gente pobre, para la compra de ambulancias, para cualquier bien necesario, no deja de ser un acto mercantil de comercio, no soy partidario de eso, creo que legalmente no podría, primero no me gusta eso, moralmente lo considero indebido, legalmente tendría que hacer un trámite. Yo represento a la presidencia de la República, estoy aquí por mandato del pueblo, no es Andrés Manuel, soy representante del Ejecutivo».
El programa Salud Casa por Casa ya acumula cerca de 25 millones de consultas y acciones de atención médica directamente en los hogares de sus beneficiarios, informó este martes la Secretaría de Bienestar durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, explicó que el personal de salud mantiene un despliegue territorial para brindar atención, principalmente, a personas adultas mayores y personas con discapacidad, con visitas periódicas para dar seguimiento a sus condiciones de salud.
Como parte de este trabajo, señaló que aproximadamente 12 millones 270 mil viviendas han sido visitadas por profesionales de la salud para integrar el expediente médico de los beneficiarios. Además, el programa ya avanza hacia nuevas rondas de atención en distintos hogares.
La funcionaria detalló que alrededor de siete millones de visitas corresponden a una segunda etapa de seguimiento, mientras que en otros cuatro millones de viviendas el personal ya comenzó con una tercera visita.
De acuerdo con Ramírez Amaya, el avance se mide en función de la población que debe ser atendida y del número de recorridos realizados en los domicilios de adultos mayores y personas con discapacidad.
Con este esquema, Salud Casa por Casa busca acercar los servicios médicos hasta las viviendas y mantener un seguimiento más constante de los beneficiarios, evitando que la atención dependa únicamente de que tengan que trasladarse a una unidad de salud.
Semarnat plantea 10 principios para transformar la justicia ambiental en México
Alicia Bárcena explicó que la iniciativa busca equilibrar el desarrollo económico con la conservación de la naturaleza y el bienestar de las comunidades.
Durante la conferencia matutina de este miércoles de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presentó los 10 principios que darán forma a la nueva iniciativa de Ley de Justicia Ambiental.
La funcionaria explicó que la propuesta busca cambiar la manera en que México entiende la relación entre crecimiento económico, protección de los recursos naturales y bienestar social, con una visión enfocada en la prevención y el cuidado del patrimonio ambiental.
Entre los principios planteados destaca la idea de que el patrimonio natural es la base de la vida, la prosperidad y el bienestar, además de considerar que no puede existir justicia social sin justicia ambiental.
La iniciativa también propone dar prioridad a la prevención de daños antes que a su reparación, así como impulsar acciones de conservación y restauración que permitan proteger los ecosistemas para las futuras generaciones.
Una nueva visión para cuidar el territorio
Otro de los puntos contempla utilizar el conocimiento científico y técnico como respaldo para las decisiones ambientales, además de promover una gestión del territorio en conjunto con las comunidades y con una perspectiva de largo plazo.
Bárcena destacó también la necesidad de fortalecer una cultura ambiental, fomentar una transición de una economía basada en desechar hacia otra que aproveche mejor los recursos y proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
El décimo principio plantea que la protección del patrimonio biocultural debe asumirse como una responsabilidad compartida por toda la sociedad mexicana.
Con estos lineamientos, la Semarnat busca establecer las bases de una nueva política de justicia ambiental, en la que el desarrollo no avance a costa de los ecosistemas y donde las comunidades tengan un papel importante en la protección del territorio.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá ser analizada y discutida antes de definir su posible aprobación.
El Gobierno de México informó sobre las acciones legales y financieras que permitieron recuperar 5 millones 805 mil 693.50 dólares relacionados con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que García Luna se encuentra preso en Estados Unidos por delitos relacionados con sus actividades como funcionario y por testimonios que lo señalaron por presuntos vínculos y protección a una organización delictiva.
Sheinbaum también señaló que, después de ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, García Luna habría realizado negocios relacionados con empresas que supuestamente proporcionaban equipos y servicios de seguridad, pero que terminaron vinculados con presuntos fraudes al erario.
UIF identifica red empresarial
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que el análisis de inteligencia financiera permitió identificar una estructura empresarial relacionada con la familia Weinberg, considerada relevante dentro de la red corporativa vinculada con García Luna.
Como parte de las acciones para recuperar los recursos, la UIF presentó el 23 de diciembre de 2019 una demanda civil ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade, Florida, con el objetivo de recuperar activos que habrían sido desviados mediante el esquema de contrataciones públicas.
Posteriormente, el 19 de mayo de 2026, se emitió una sentencia favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por su participación en el esquema relacionado con García Luna.
Recuperan recursos y liquidan inmuebles
De acuerdo con Reyes Colmenares, el 25 de agosto de 2025 se concretó la recuperación de 5 millones 805 mil 693.50 dólares, como resultado de la liquidación de una póliza de fianza y de 12 inmuebles ubicados en Florida vinculados con la familia Weinberg.
El funcionario señaló que todavía permanece pendiente la liquidación de otros activos relacionados con el caso.
El Gobierno de México destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para recuperar recursos públicos y activos vinculados con operaciones presuntamente irregulares realizadas mediante contrataciones durante el periodo en que García Luna estuvo al frente de la seguridad pública federal.