La modernización de la carretera Cuautla–Tlapa avanza a paso firme. De acuerdo con el reporte más reciente, la obra registra ya un 90 por ciento de avance en su primera etapa, un tramo clave para mejorar la conectividad entre Morelos y Guerrero, especialmente en una región donde el traslado de personas y mercancías depende casi por completo de esta vía.

Los trabajos se han concentrado en la rehabilitación del pavimento, ampliación de carriles y mejora de la seguridad vial, acciones que buscan reducir tiempos de traslado y ofrecer un tránsito más seguro para automovilistas, transportistas y comunidades que utilizan diariamente esta carretera.

No se trata solo de una obra más, sino de una intervención estratégica en una ruta que por años presentó deterioro, afectando tanto al comercio regional como al acceso a servicios básicos. Con la conclusión de esta primera fase, se espera que los beneficios comiencen a notarse de inmediato, sobre todo en el flujo vehicular y en la disminución de riesgos por malas condiciones del camino.

Autoridades encargadas del proyecto señalaron que, una vez finalizada esta etapa, se dará continuidad a los siguientes frentes de trabajo para completar la modernización integral de la carretera Cuautla-Tlapa, una de las más importantes del oriente del país.

Mientras tanto, el avance reportado coloca a la obra en tiempo y forma, con la expectativa de que en los próximos meses pueda ser entregada para su uso pleno.

En medio de una sequía que no da tregua en el norte del país, México y Estados Unidos dieron un paso clave para ordenar el uso del agua en una de las regiones más sensibles: la cuenca del Río Bravo. Ambos gobiernos acordaron un plan técnico de gestión hídrica, alineado con el Tratado de Aguas de 1944, con el objetivo de enfrentar la escasez sin poner en riesgo el abasto para las comunidades ni la producción agrícola.

El acuerdo surge tras meses de trabajo técnico y político entre autoridades de ambos países y busca poner reglas claras en un escenario complicado. No se trata solo de cumplir cuotas, sino de administrar el agua disponible de forma responsable, en una cuenca donde cada metro cúbico cuenta.

De acuerdo con lo pactado, México mantendrá la entrega de una cantidad mínima anual de agua conforme a lo establecido en el Tratado, siempre tomando en cuenta las condiciones reales de la cuenca. La prioridad, subrayaron las autoridades, será garantizar el derecho humano al agua y proteger el uso agrícola, especialmente en comunidades que dependen directamente del riego para subsistir.

El entendimiento también abre la puerta a una planeación más previsible frente a los efectos del cambio climático. El plan contempla acciones de largo plazo, como el fortalecimiento de infraestructura y medidas de adaptación para reducir el impacto de futuras sequías, un problema que ya dejó de ser coyuntural y se ha convertido en estructural.

Desde el Gobierno de México se reiteró que el Tratado de 1944 sigue siendo un instrumento vigente y estratégico, no solo para la relación bilateral, sino para la defensa de los intereses nacionales, en especial los del sector agropecuario del norte del país.

En un contexto donde el agua escasea y la presión aumenta, el acuerdo busca evitar conflictos, dar certidumbre a los usuarios y establecer una corresponsabilidad real entre ambas naciones para cuidar un recurso cada vez más limitado.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó sus acciones de prevención contra el lavado de dinero mediante un programa permanente de capacitación dirigido a sectores considerados como actividades vulnerables, informó la dependencia federal.

De acuerdo con la autoridad fiscal, desde junio de 2025 se han realizado reuniones tanto presenciales como virtuales con representantes de distintos gremios, entre ellos notarios, corredores públicos, contadores, abogados, inmobiliarias, comercializadores de vehículos, artistas plásticos, empresas de juegos con apuestas, sorteos y donatarias, entre otros.

El objetivo de estas capacitaciones es fortalecer el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como fomentar buenas prácticas que permitan detectar y reportar operaciones inusuales o de riesgo.

Durante los encuentros, el SAT explicó las obligaciones específicas que corresponden a cada sector, como la identificación y verificación de clientes o usuarios, el registro en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, la presentación de avisos, la custodia adecuada de la información y la implementación de lineamientos internos de control.

Asimismo, se recordó a los sujetos obligados la importancia de solicitar información sobre la actividad económica de sus clientes, identificar al beneficiario controlador cuando exista, y brindar facilidades durante las visitas de verificación realizadas por la autoridad.

Como parte de estas acciones, el SAT invitó a los contribuyentes a consultar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde se encuentra información detallada sobre las 17 actividades clasificadas bajo este esquema, así como los derechos y responsabilidades que marca la ley.

La dependencia subrayó que estas medidas buscan proteger el sistema financiero, fortalecer la economía nacional y prevenir que recursos de origen ilícito ingresen a circuitos legales, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia.