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Adaptar la economía y los espacios de trabajo al Covid para avanzar: Arturo Herrera Gutiérrez

Para enfrentar los efectos de la pandemia, Herrera indicó que se deben emprender dos decisiones: adaptar la economía y los espacios de trabajo y la convivencia diaria al Covid.

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El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que la recuperación económica del país no depende de los apoyos sectoriales, “sino de qué tan rápidamente adaptar que la economía y la sociedad convivan con el Covid”.

Anunció que el 9 de octubre el gobierno federal pagará 4 mil 200 millones de pesos para poder adquirir la vacuna cuando esté disponible, probablemente a principios de 2021.

Cuando se cuente con la vacuna, primero se aplicará al personal del sector salud y personas en situación de riesgo, en el transcurso del año se recibirán suficientes lotes para aplicarlos a un porcentaje alto de la población.

“La lucha contra el Covid debe ser la principal prioridad de la política pública el próximo año. Si la pandemia no se contiene, la economía no crecerá de manera constante. Probablemente ya pasamos lo peor del Covid, pero no se ha ido; no acabará pronto, y sigue marcando el tono tanto de la política de salud como de las finanzas púbicas, pero va a pasar, se va a ir, y por eso aumentamos 9 por ciento real el presupuesto en salud”, expresó.

Añadió que se atenderá a la población en un sistema de salud más robusto y se impulsará una política social e inversión en infraestructura.

Para enfrentar los efectos de la pandemia, indicó, se deben emprender dos decisiones: adaptar la economía y los espacios de trabajo y la convivencia diaria al Covid, y retomar ya la agenda de inversión.

Por último, informó que el próximo lunes, en Palacio Nacional, con el presidente López Obrador, se presentará un plan de inversión de los empresarios.

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República Dominicana Ratifica Convenio de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE)

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de la República Dominicana con la integración regional a través de la ratificación del convenio

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En un evento significativo celebrado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, la embajadora de la República Dominicana en México, María Isabel Castillo Báez, depositó el instrumento de ratificación de su país al convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Este paso eleva a nueve el número de ratificaciones, acercando la puesta en vigor del convenio, que requiere once en total. La ALCE ya cuenta con 21 firmas.

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de la República Dominicana con la integración regional a través de la ratificación del convenio. La embajadora Castillo subrayó la importancia de los esfuerzos conjuntos para el desarrollo regional, así como el sólido nivel de diálogo y cooperación entre México y la nación caribeña.

La ALCE, con sede en Querétaro, coordinará las actividades de cooperación para la exploración e investigación en tecnología espacial y sus aplicaciones. Este organismo internacional busca contribuir al desarrollo integral sostenible de América Latina y el Caribe, utilizando las capacidades tecnológicas de los países miembros. Entre sus objetivos se incluyen la mejora de los sistemas de comunicación satelital, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, la creación de mapas para identificar fortalezas y riesgos ante el cambio climático, y el aumento de la capacidad de observación para la prevención de desastres naturales y mejoras en la agricultura.

En el acto de entrega participaron varios funcionarios de la SRE, incluyendo al consultor jurídico Alejandro Celorio Alcántara, el director general para Centroamérica y el Caribe Imanol Belausteguigoitia Reyes, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos Daniel Cámara Ávalos, el representante de México ante la ALCE Gustavo Cabrera Rodríguez y la directora de Tratados Multilaterales Azucena Sahagún Segoviano.

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Revelan lujos y propiedades no declaradas del alcalde de Coyoacán, del PAN

El actual alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, posee una residencia ubicada en un lujoso fraccionamiento privado en Miami, Florida, valuada en más de 2 millones de dólares.

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Los lujos y las propiedades excéntricas de algunos políticos del PAN han vuelto a ser tema de discusión pública. En una reciente investigación, se ha descubierto que el actual alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, posee una residencia ubicada en un lujoso fraccionamiento privado en Miami, Florida, valuada en más de 2 millones de dólares.

Esta propiedad, adquirida en 2018 por Giovani Gutiérrez, no fue incluida en su declaración patrimonial, según registros públicos y de transparencia. A pesar de su valor y el costo mensual de mantenimiento de $40,425.00 MXN, el alcalde no ha hecho mención de esta posesión.

Giovani Gutiérrez, quien ha estado bajo el escrutinio de Morena debido a su asociación con Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, ha sido señalado por falsedad en su declaración patrimonial. La investigación realizada durante varios meses por Morena confirmó la propiedad en Miami a nombre de Gutiérrez, que no fue reportada por el funcionario del PAN.

La revelación de esta propiedad ha generado sospechas de evasión fiscal por parte del alcalde de Coyoacán. A pesar de mantener un perfil discreto, la propiedad valuada en más de 2 millones de dólares en Miami evidencia una inconsistencia en la declaración patrimonial de Giovani Gutiérrez.

En conclusión, la omisión de esta lujosa propiedad en la declaración patrimonial del funcionario del PAN, Giovani Gutiérrez, resalta una posible falta de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de su cargo público.

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Notarios dan fe de empresas fantasma en México

Las entidades con mayor número de empresas fachada son Jalisco (189), Ciudad de México (159), Nuevo León (112), Oaxaca (101) y el Estado de México (83).

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El poder de otorgar fe pública no es para cualquier abogado. Este privilegio requiere de integridad y probidad, características que deben ser avaladas por la máxima autoridad del Estado, el gobernador.

La fe pública garantiza que lo que un notario autoriza es auténtico y verdadero. Sin embargo, en México, no todos los notarios han cumplido con esta responsabilidad de manera ética.

Un análisis reciente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha revelado que al menos 562 notarios públicos en todo el país han utilizado su autoridad para legalizar la creación de empresas que simulan operaciones fiscales, evaden impuestos, lavan dinero y desvían recursos públicos. Estas empresas, conocidas como empresas fantasma, fachada, factureras o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), han defraudado significativamente a la hacienda pública.

Entre enero de 2020 y marzo de 2024, el SAT detectó que 562 notarios avalaron la creación de 1,171 firmas fraudulentas. Entre los implicados se encuentran exsecretarios de gobierno, exalcaldes, exdiputados, representantes electorales y dirigentes de colegios de profesionistas.

Estos notarios han seguido patrones específicos en la creación de empresas factureras: formalizan múltiples sociedades en un solo día, validan a las mismas personas como accionistas en diversas compañías y les asignan objetos sociales amplios que permiten realizar más de 100 actividades distintas, muchas de ellas sin relación entre sí.

Las entidades con mayor número de empresas fachada son Jalisco (189), Ciudad de México (159), Nuevo León (112), Oaxaca (101) y el Estado de México (83), concentrando el 54% de las EFOS. El 46% restante se distribuye en 26 entidades, con Baja California Sur como el único estado sin EFOS en el periodo analizado, aunque sí se encontraron en años anteriores.

Los notarios implicados enfrentan consecuencias legales y administrativas. En Oaxaca, Alejandro José Vidaña Luna, Omar Abacuc Sánchez Heras y Jorge Zarate Ramírez han sido acusados de participar en un «cártel del despojo», simulando actos jurídicos para apropiarse de inmuebles valiosos. Zarate Ramírez fue vinculado a proceso en 2023 por ejercicio ilícito de la función pública. En Jalisco, Álvaro Guzmán Merino acumuló más de 52 sanciones, incluyendo la ilegal escrituración de parte del Lago de Chapala, una zona federal. En Guanajuato, Alejandro Durán Llamas perdió su notaría por irregularidades y está acusado de despojar 180 hectáreas a ejidatarios mediante engaños.

Según un informe del SAT de 2019, las compañías factureras evadieron impuestos por 354,512 millones de pesos entre 2014 y 2019, representando el 1.4% del PIB del país. Este fraude fiscal masivo evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y de sanciones más severas para los notarios que abusan de su poder.

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