La dirigencia de Morena en Querétaro acudió ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para denunciar la colocación de mantas con la frase “Morena narcopartido” en distintos puntos de la capital y solicitar una investigación para conocer quién está detrás de esta campaña.

Las lonas fueron detectadas en sitios de alta afluencia, entre ellos Los Arcos, Jardín Zenea, la Alameda y Querétaro 2000, situación que llevó al partido a presentar su denuncia el mismo día en que se reportó su aparición.

Morena sostuvo que la investigación no debe limitarse a identificar a quienes colocaron las mantas, sino reconstruir toda la operación: desde el diseño e impresión de los materiales hasta el pago, distribución y colocación de las estructuras.

La organización que aparece como responsable de las lonas es “Mexicanos al Grito de Paz”. Sin embargo, el partido pidió al órgano electoral determinar quiénes integran realmente ese grupo, quién financió la campaña y si existe algún vínculo con fuerzas políticas, dirigentes, aspirantes o actores particulares.

La dirigencia morenista también señaló que la libertad de expresión tiene límites cuando se utilizan acusaciones que podrían atribuir la comisión de delitos sin pruebas. En ese sentido, argumentó que la expresión “narcopartido” debe analizarse bajo el contexto en el que fue empleada y solicitó al IEEQ valorar si podría configurarse una posible calumnia electoral.

El partido recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ha analizado el uso del término “narco” en propaganda política y ha advertido que, dependiendo de las circunstancias, puede implicar una imputación relacionada con actividades delictivas.

Por ello, Morena insistió en que las autoridades electorales deben esclarecer el origen de la campaña, determinar quién ordenó y pagó los materiales y, en su caso, establecer responsabilidades conforme a la ley.

La fuerza política afirmó que no dejará sin respuesta lo que considera una campaña anónima de gran alcance y sostuvo que la confrontación política debe darse públicamente, con argumentos y dentro del marco legal.

La operación administrativa de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntos cobros, retrasos y obstáculos a proveedores, además de señalamientos que apuntan a posibles conflictos de interés entre funcionarios y empresas participantes en procesos de contratación.

Uno de los nombres que aparece en las denuncias es el de Juan Carlos Rico Báez, actual Administrador de Modernización Aduanera “2”, a quien fuentes vinculadas con la operación administrativa señalan por presuntamente solicitar beneficios económicos a contribuyentes y proveedores a cambio de agilizar trámites, pagos y otros asuntos que, en principio, deberían atenderse mediante los procedimientos institucionales correspondientes.

De acuerdo con las versiones recabadas, cuando esas supuestas solicitudes no son atendidas, algunos trámites podrían quedar detenidos, enfrentar demoras o perder continuidad administrativa.

Es importante precisar que estos señalamientos no constituyen hechos acreditados ni una determinación de responsabilidad. Corresponderá a las autoridades competentes revisar la evidencia disponible y establecer si existe alguna conducta irregular.

Antecedentes de Rico Báez

Rico Báez ya había ocupado un cargo dentro de la estructura aduanera durante su paso por Tijuana, periodo en el que coincidió con funcionarios como Jorge Fernando Boy Espinoza, Enrique Orantes González y Eva María Viridiana Soria Amador, cuando Ricardo Peralta Saucedo se encontraba al frente de la entonces Administración General de Aduanas.

Posteriormente dejó la institución y, según la información proporcionada, promovió un procedimiento en contra de la autoridad aduanera, identificado con el expediente 5839/23 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Este antecedente abre también una interrogante sobre las circunstancias y el procedimiento mediante el cual posteriormente regresó a la estructura institucional.

Actualmente ocupa la Administración de Modernización Aduanera “2”, una posición relacionada con procesos administrativos de una de las áreas consideradas estratégicas dentro de la ANAM.

Un documento pone la lupa sobre posible conflicto de interés

A estos señalamientos se suma un documento correspondiente al Acta de Apertura del Sobre Único de la Licitación Pública Nacional C5/LPN/001/2025, realizada el 24 de febrero de 2025 por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El procedimiento contempló la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos, instalaciones y sistemas tecnológicos.

Entre las empresas participantes aparece Planets Solutions S.A. de C.V., cuya propuesta económica fue de 483 millones 794 mil 770 pesos con 12 centavos, IVA incluido.

El punto que genera interés es que, en la relación de representantes de las compañías participantes, el documento identifica a Darío Eugenio Reyes Villagómez como representante de Planets Solutions S.A. de C.V.

Actualmente, una persona con ese mismo nombre ocupa la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera de la ANAM.

Esta coincidencia plantea una serie de preguntas que podrían esclarecerse mediante documentación oficial: cuál fue la relación jurídica, laboral, profesional o económica entre Reyes Villagómez y Planets Solutions; cuándo comenzó y, en su caso, cuándo concluyó; y si existió algún vínculo posterior que debiera haber sido declarado.

También sería pertinente conocer si la empresa participó posteriormente en procedimientos vinculados con la ANAM o con otras dependencias en las que Reyes Villagómez haya tenido facultades de decisión, supervisión o influencia.

Proveedores reportan retrasos y obstáculos

En paralelo, proveedores relacionados con la operación administrativa de la Agencia han señalado presuntos retrasos en pagos y dificultades para que determinados procedimientos continúen con normalidad.

Algunas fuentes consultadas sostienen que esas prácticas podrían incluso favorecer el desplazamiento de proveedores existentes y abrir espacio a otras compañías.

Sin embargo, esa hipótesis requiere ser comprobada. Una revisión de contratos, fechas de adeudos, autorizaciones, facturas, entregables y registros de seguimiento permitiría establecer qué proveedores enfrentan retrasos, desde cuándo, quién intervino en la autorización de los pagos y cuáles fueron las razones administrativas detrás de cada caso.

De igual forma, sería necesario identificar si, después de esos retrasos, nuevas empresas comenzaron a ocupar espacios en los servicios correspondientes.

Piden revisar contratos, pagos y declaraciones

Ante estos señalamientos, la revisión de los órganos competentes debería incluir contratos, expedientes, entregables, autorizaciones, facturas, pagos pendientes y registros administrativos, así como las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos involucrados.

También sería relevante determinar si existen denuncias, procedimientos administrativos, auditorías u observaciones previas relacionadas con estas áreas.

La modernización aduanera representa un asunto estratégico para el país por el volumen de operaciones, infraestructura, información y recursos públicos que involucra. Por ello, cualquier señalamiento sobre presuntos cobros indebidos, retrasos deliberados o posibles conflictos de interés debería ser aclarado con documentos y procedimientos formales.

Más que adelantar conclusiones, el objetivo de una eventual investigación sería establecer qué ocurrió, quién tomó determinadas decisiones, bajo qué criterios se actuó y si existieron beneficios indebidos para alguna persona o empresa.

Las preguntas centrales quedan sobre la mesa: ¿hubo obstáculos o retrasos injustificados para determinados proveedores dentro de la ANAM?, ¿quién autorizó esas decisiones y qué empresas resultaron beneficiadas?, y, respecto de Darío Eugenio Reyes Villagómez, ¿cuál fue exactamente su relación con Planets Solutions S.A. de C.V. y existe algún vínculo que debiera ser transparentado?

Resolver esas interrogantes mediante expedientes, contratos y documentos oficiales permitiría separar los señalamientos de los hechos comprobados y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Juan Carlos Rico Báez, actual administrador de Modernización Aduanera “2”, enfrenta nuevos cuestionamientos relacionados con su desempeño y su paso por la Aduana de Tijuana.

El nombre de Juan Carlos Rico Báez vuelve a aparecer en medio de cuestionamientos dentro del sector aduanero. El funcionario, quien actualmente ocupa la Administración de Modernización Aduanera “2” de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), es señalado por personas vinculadas con la operación del sector por presuntas prácticas irregulares que, aseguran, habrían marcado también parte de su trayectoria profesional.

Rico Báez cuenta con antecedentes dentro de la estructura aduanera. Durante su paso como subadministrador de la Aduana de Tijuana tuvo participación en asuntos relacionados con la operación y modernización de procesos de comercio exterior. Documentos públicos de organismos del sector confirman que ocupó ese cargo y firmó oficios relacionados con la operación de dicha aduana.

Su trayectoria también ha estado vinculada con temas de modernización tecnológica y comercio exterior. Incluso ha participado como especialista y expositor en asuntos relacionados con sistemas y procedimientos aduaneros.

Ahora, el señalamiento vuelve a ponerlo bajo la lupa. De acuerdo con versiones atribuidas a personas relacionadas con la operación administrativa, presuntamente habría solicitudes de beneficios económicos a contribuyentes o proveedores para agilizar determinados trámites, pagos o procesos.

Las mismas versiones sostienen que, cuando esas supuestas peticiones no prosperarían, algunos asuntos podrían enfrentar retrasos o dificultades para avanzar con la normalidad esperada. Hasta el momento, estos señalamientos deben considerarse acusaciones que requieren ser documentadas y, en su caso, investigadas por las autoridades correspondientes.

Otro punto que se coloca sobre la mesa es su relación previa con la institución. Según la información proporcionada, después de dejar el servicio aduanero, Rico Báez promovió un procedimiento laboral contra la autoridad, identificado con el expediente 5839/23 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La existencia y alcance de ese expediente requieren ser verificados con documentación oficial antes de extraer conclusiones sobre sus circunstancias.

Posteriormente, de acuerdo con los datos compartidos, regresó a la estructura institucional y desempeñó funciones vinculadas con el procesamiento electrónico de datos y el comercio exterior, áreas en las que se maneja información sensible sobre operaciones y mercancías.

Actualmente, su responsabilidad en la Modernización Aduanera “2” lo ubica en una posición delicada dentro de la ANAM, particularmente por su participación en asuntos administrativos, infraestructura, contratos y procesos relacionados con la modernización de las aduanas.

Por ello, los cuestionamientos planteados abren la puerta a una revisión institucional de expedientes, contratos, autorizaciones, entregables, pagos y mecanismos de seguimiento, además de cualquier auditoría, denuncia u observación formal que pudiera existir.

La clave, como suele ocurrir en estos casos, estará en los documentos y no únicamente en las versiones: determinar si hubo irregularidades, quién las habría cometido y si alguna autoridad ya tiene conocimiento formal de los hechos.

Por ahora, no existe en la información revisada una determinación oficial que acredite las acusaciones descritas. Sin embargo, el cargo que actualmente ocupa Rico Báez y la naturaleza de sus funciones hacen necesario que cualquier señalamiento sea revisado con lupa y, sobre todo, con evidencia.