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Audiencia de Emilio Lozoya es programada por videoconferencia; por su estado de salud comparecerá desde el hospital

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) no acudirá al Reclusorio Norte, sino que comparecerá por el sistema de videoconferencia, “dadas las condiciones de salud del imputado”.

A través de un comunicado, el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, determinó que Emilio “L” dé su primer testimonio a través del sistema de video conferencia.

“Se fijan las 09:00 horas del 28 de julio del 2020, para que tenga verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Emilio ‘L’, a que se refieren los artículos 307 y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, puntualizó.

La audiencia se desahogará a través del sistema de videoconferencia, dadas las condiciones de salud del imputado.

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El Juez puntualizó que las demás partes involucradas podrán acudir al centro de justicia, de manera personal, a intervenir en la audiencia; o si lo prefieren, a través del sistema de video conferencia.

Atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, por el tema de la pandemia del COVID-19 que azota a nuestro país.

La prueba más grande para este Gobierno que intenta acabar con la corrupción será en este juicio, donde se espera que Lozoya suelte nombres de políticos, empresarios y exfuncionarios que recibieron sobornos.

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Cargos en su contra

Lozoya, quien fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), es sospechoso de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El exjefe de la petrolera estatal mexicana entre 2012 y 2016 está acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

Además, el exfuncionario es presunto implicado en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de la planta “chatarra” de fertilizantes Agro Nitrogenados.

Por esta razón, la FGR también acusa a la hermana de Lozoya, Gilda Susana, y al presidente de AHMSA, Alonso Ancira, detenido en España desde mayo del año pasado.

Los videoescándalos de Lozoya -

Lozoya, del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que 52.4 millones de pesos (más de 2.3 millones de dólares) se usaron como soborno.

Lo anterior para que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) aprobara la reforma energética en 2013, que abrió el sector a los privados.

Según las filtraciones, Peña Nieto y su jefe de campaña y posterior secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, habrían operado los sobornos.

Otros opositores de alto perfil señalados son los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quienes entonces eran senadores.

 

Fuente: Sinembargo.mx

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Promoción de Estrategias para la Protección de Zonas Costeras Urbanas en México

La titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, Cipactlic Casas Cruz, destacó los avances logrados en la identificación y atención de los desafíos que enfrentan las ciudades costeras, gracias a la colaboración con la GIZ y los gobiernos locales

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En un esfuerzo por abordar los desafíos presentes y futuros de los ecosistemas costeros urbanos debido al crecimiento poblacional, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) han unido fuerzas. En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, se llevó a cabo el encuentro «Cooperación México-Alemania: Por la protección de las regiones costeras urbanas. Resultados y experiencias», donde se presentaron los resultados destacados del Programa Protección de las Regiones Costeras Urbanas (Biocitis).

La titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, Cipactlic Casas Cruz, destacó los avances logrados en la identificación y atención de los desafíos que enfrentan las ciudades costeras, gracias a la colaboración con la GIZ y los gobiernos locales. Según Casas Cruz, Sedatu ha desempeñado un papel crucial como contraparte técnica en la implementación de proyectos dirigidos a mejorar la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las regiones urbanas costeras de México.

La consejera de Cooperación de la Embajada de Alemania en México, Simone Franke, enfatizó la generación de instrumentos y estrategias para la protección de la biodiversidad a través del proyecto. Asimismo, Nadia Vélez Campos, directora de Cooperación Bilateral de la AMEXCID, resaltó la eficacia de las acciones del Programa de Cooperación México – Alemania, con un enfoque multiactor en sectores prioritarios.

El evento se estructuró en tres bloques temáticos: acciones de adaptación al cambio climático en territorio, inclusión comunitaria y política urbana sostenible, con la participación de actores del sector público y privado, la sociedad civil y la academia.

Representantes de las ciudades costeras donde se implementó el proyecto, como Los Cabos, Boca del Río, Bacalar y Othón P. Blanco, ofrecieron una visión integral de las experiencias y logros del proyecto a nivel internacional, nacional y local. Se subrayó la importancia de las ciudades en la consecución de los objetivos de las agendas internacionales.

Finalmente, los participantes destacaron que estos esfuerzos tendrán un impacto significativo en el futuro de las familias mexicanas y representan una base para continuar con políticas orientadas a construir regiones costeras sostenibles y resilientes.

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Avances y Compromisos en la Cuarta Reunión de la Comisión de Libre Comercio T-MEC/USMCA/CUSMA

Se hizo hincapié en la importancia de aumentar la integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales, así como en promover el comercio inclusivo y el respeto al medio ambiente

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Tras la cuarta reunión de la Comisión de Libre Comercio (C.L.C.) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA/CUSMA), celebrada el 22 de mayo de 2024 en Phoenix, Arizona, las autoridades emitieron una declaración conjunta destacando los avances y compromisos alcanzados.

Las ministras Raquel Buenrostro, Katherine Tai y Mary Ng, representantes de México, Estados Unidos y Canadá respectivamente, resaltaron la importancia del T-MEC/USMCA/CUSMA como un tratado de alto nivel y gran ambición que promueve los derechos laborales, prioridades medioambientales y nuevas oportunidades para los productores de la región. Casi cuatro años después de su entrada en vigor, el tratado continúa fortaleciendo la competitividad y resiliencia de América del Norte.

Durante la reunión, las ministras revisaron el trabajo en curso para fortalecer la cooperación trilateral bajo el tratado, incluyendo lecturas del Grupo de Trabajo para la Cooperación en Biotecnología Agrícola y discusiones sobre comercio inclusivo, medio ambiente, competitividad regional y cooperación para la prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Se hizo hincapié en la importancia de aumentar la integración de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en las cadenas de suministro regionales y globales, así como en promover el comercio inclusivo y el respeto al medio ambiente. Además, se subrayó la necesidad de fortalecer los derechos laborales y cooperar para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Las ministras ordenaron a los comités redoblar esfuerzos para avanzar en la plena implementación del tratado y garantizar que la economía de América del Norte continúe sirviendo como modelo de competitividad y crecimiento robusto y equitativo.

En el ámbito laboral, se discutió el importante trabajo para implementar plenamente los términos de la Decisión Núm. 5 de la C.L.C., con el objetivo de promover la coordinación gubernamental y la consulta con las industrias y otras partes interesadas en situaciones de emergencia que afecten el flujo comercial de América del Norte.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar trabajando en la implementación y cumplimiento del tratado, así como en la evaluación de progresos en las prioridades discutidas, destacando el papel fundamental del T-MEC/USMCA/CUSMA en la economía de América del Norte y su promesa de mejorar el bienestar de todos los ciudadanos de la región.

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Señalan a Enrique Alfaro como líder corrupción; pasa estafeta a Pablo Lemus

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada

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En Jalisco, una presunta red de corrupción que abarca desde el Gobierno del Estado hasta los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como el Poder Judicial, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según las denuncias presentadas, esta red podría implicar a hasta cien funcionarios públicos, principalmente de los municipios de Zapopan y Guadalajara, durante las administraciones de Juan José Frangie y Pablo Lemus, respectivamente.

La investigación también apunta a altos niveles del Gobierno de Jalisco, señalando a Rafael Martínez Ramírez, ex cuñado del gobernador Enrique Alfaro, como el cerebro financiero detrás de estas operaciones.

Martínez Ramírez, desde su despacho jurídico, ofrece «combos» legales a abogados y empresarios para resolver asuntos de alto perfil que no pueden cobrarse legalmente. En complicidad con la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, estos casos se convierten de deudas civiles a procesos penales, forzando a las víctimas a negociar bajo amenaza de enfrentar juicios desfavorables.

La Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Jalisco están señalados por su participación en esta red. Martínez Ramírez, con la supuesta connivencia del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y Pablo Lemus, utiliza su influencia para manipular nombramientos y controlar las acciones de la Fiscalía, dejándola inoperante y cooptada por la delincuencia organizada.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también está implicado en estas denuncias. Empleados han revelado que se les obliga a falsificar cobros exorbitantes a grandes consumidores, y el dinero obtenido es desviado para uso personal de algunos funcionarios.

En caso de resistencia al pago, se ordena bloquear las alcantarillas para extorsionar a los usuarios, exigiendo pagos en efectivo para evitar el rastreo del dinero. Otra área afectada es la Policía Vial, en colaboración con empresas de grúas. Diariamente, se realizan operativos para recoger vehículos mal estacionados, con el fin de cobrar cinco mil pesos por vehículo para liberarlo de la grúa. Este dinero es entregado directamente a funcionarios de la institución.

Las denuncias también incluyen la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente sobre los delitos de alto impacto registrados en Jalisco. Pese a una aparente disminución en las cifras de criminalidad, no se han dado a conocer detenciones significativas de autores materiales o intelectuales, dejando muchos casos sin resolver.

En cuanto a la atención de los desaparecidos en Jalisco, la situación es alarmante. La falta de personal capacitado y suficiente en las investigaciones genera revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas, que muchas veces son disuadidos de buscar información.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) presenta mejoras solo cosméticas, ocultando el verdadero abandono en que se encuentra. La institución, antes reconocida por su experiencia técnica, ahora enfrenta problemas de nepotismo, falta de recursos y equipo, y sobrecarga laboral que afecta la salud mental de sus empleados. Los peritos, sin mejoras salariales ni actualizaciones profesionales, luchan por manejar la acumulación de cuerpos no identificados en fosas comunes.

La FGR ha recibido solicitudes para investigar estos hechos de corrupción, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos y delitos contra la integridad de las personas. Se pide una indagatoria financiera para evaluar la congruencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y su estilo de vida, así como una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias e inmuebles.

La compleja red de corrupción en Jalisco, que involucra a altos funcionarios del gobierno, municipios y el poder judicial, plantea una grave amenaza a la transparencia y la justicia en la región. Las denuncias presentadas requieren una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades federales para restaurar la confianza pública y asegurar que se haga justicia en todos los niveles involucrados.

Un extenso listado de nombres, incluyendo magistrados, jueces penales, civiles, familiares y mercantiles, así como funcionarios de la Fiscalía del Estado, ha sido vinculado a presuntos actos de corrupción en el sistema judicial de Jalisco. Según las acusaciones, estos individuos habrían participado en diversas actividades ilícitas bajo la dirección de Rafael Martínez Ramírez.

Entre los señalados se encuentran jueces como Jorge Antonio Nava Pérez, Javier García Muñoz, y magistrados como Enrique Flores y José Luis Álvarez Pulido, quienes supuestamente habrían recibido beneficios indebidos a cambio de favores.

Además, se ha planteado una denuncia específica sobre el uso de una aplicación móvil para la obtención de votos a favor del candidato a gobernador Pablo Lemus, así como de presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan.

Se menciona que la empresa responsable de esta aplicación fue contratada por Pablo Lemus y dirigida por Rafael Martínez Ramírez y Miguel Sainz. Se sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas de Martínez Ramírez.

Esta aplicación, presuntamente asociada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Daniel Espinoza Licon, habría sido utilizada por jueces y magistrados para fines políticos, incluyendo la obtención de votos mediante la manipulación de datos personales de los ciudadanos.

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