Los movimientos de dos aeronaves privadas volvieron a poner bajo la lupa la relación política entre la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y Jorge Emilio González Martínez, figura central del Partido Verde, justo cuando comienza a calentarse la carrera por la sucesión estatal de 2027.

Una investigación difundida este lunes documentó al menos 97 vuelos privados realizados por Lezama desde su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez y durante su actual administración. Entre las aeronaves identificadas aparecen un Learjet 31A, con matrícula XA-UMV, operado por Servicios Aéreos Dandy, y un Gulfstream G280, matrícula XA-BAT, operado por Redwings.

Parte de los desplazamientos fue reconstruida mediante registros aeroportuarios y datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El detalle que ha llamado especialmente la atención es que ambos aviones también aparecen relacionados con actividades de Jorge Emilio González.

El caso del XA-UMV no es nuevo. En octubre de 2022, el llamado “Niño Verde” abordó esa aeronave para viajar de Cancún a San Antonio, Texas, donde fue sometido a una revisión e interrogatorio por autoridades estadounidenses. En esa ciudad, además, su familia mantiene vínculos patrimoniales y su padre, Jorge González Torres, tiene domicilio.

El segundo avión, el Gulfstream G280 XA-BAT, resulta todavía más llamativo. Se trata de una aeronave relativamente nueva, serie 2301, anteriormente registrada en Estados Unidos como N203GA y vinculada al empresario y político verde. Su operador solicitó a FlightAware que sus movimientos no fueran visibles públicamente, una medida que, aunque limita el seguimiento, no impidió que quedaran rastros suficientes para reconstruir parte de sus recorridos.

Tan sólo entre febrero y marzo de este año se identificaron al menos 21 vuelos. En febrero, la aeronave cubrió rutas como Cancún-Brownsville-San Antonio, San Antonio-Toluca, Toluca-Cancún y diversos trayectos entre Cancún, Cozumel, Toluca y Laredo.

Durante marzo, el avión cambió de rumbo y realizó varios desplazamientos hacia Baja California Sur. Entre ellos aparecen rutas de Toluca a Los Cabos, regresos a Cancún y vuelos entre Los Cabos y La Paz, además de conexiones de vuelta con Toluca. La información disponible es parcial debido al bloqueo solicitado para impedir el seguimiento público de la aeronave.

Las rutas también despiertan interés por los vínculos políticos y económicos de Jorge Emilio González. San Antonio mantiene una relación con su entorno familiar, mientras que Los Cabos y La Paz forman parte de una zona donde el político y empresario tiene propiedades e intereses vinculados con un proyecto en Sierra La Laguna.

Y aquí aparece otro punto que no pasa desapercibido: el costo. Un Gulfstream G280 usado puede rondar los 18 millones de dólares, mientras que su operación puede acercarse a los 8 mil dólares por hora. El Learjet 31A es considerablemente más antiguo, pero operar una aeronave de ese tipo también puede superar los 4 mil dólares por hora. Son cifras que difícilmente pasan inadvertidas en un gobierno que, al menos en el discurso, ha colocado la austeridad como uno de sus principales banderines.

Por ello, una de las preguntas centrales recae sobre Mara Lezama: quién pagó esos vuelos y bajo qué esquema. Si los traslados no fueron cubiertos con recursos públicos, también sería relevante conocer qué persona o empresa asumió los gastos, qué relación mantiene con la gobernadora y cuál fue el motivo de cada viaje. De igual manera, queda pendiente separar los desplazamientos oficiales de aquellos de carácter personal.

El tema llega, además, en un momento especialmente sensible para Jorge Emilio González. Su grupo político enfrenta presión luego de que Raúl Piña Horta, identificado como amigo personal y uno de sus principales operadores, fuera señalado e investigado por una presunta red de extorsión en el Estado de México. Ahora, el episodio de los aviones abre un nuevo frente precisamente en Quintana Roo, uno de los estados donde el Partido Verde ha construido una importante estructura de poder.

En medio de ese entramado aparece Eugenio “Gino” Segura, senador de Morena y exsecretario de Finanzas durante la administración de Lezama. El legislador se perfila como uno de los aspirantes a suceder a la gobernadora y, al mismo tiempo, cuenta con el respaldo político del grupo de Jorge Emilio. El vínculo entre ambos no es solamente político: los dos estuvieron presentes como testigos en la boda de Segura.

Así, mientras Morena y el Verde mantienen formalmente sus propias identidades partidistas, en la carrera por 2027 las líneas parecen hacerse cada vez más delgadas. Mara Lezama busca mantener capacidad de decisión sobre la sucesión, Jorge Emilio González pretende conservar la influencia que ha acumulado durante años y Gino Segura aparece como un punto de encuentro entre ambos grupos.

También ponen bajo la lupa programas sociales

A este escenario se suman señalamientos internos sobre el presunto uso político de programas de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo con miras a las elecciones de 2027.

Las versiones apuntan principalmente a los programas Mujer es Poder y Comemos Tod@s, donde se cuestionan nuevas incorporaciones a padrones, entrega de tarjetas y movilización territorial de servidores públicos. Los señalamientos, de acuerdo con la información difundida, provienen de distintas áreas de la estructura gubernamental.

Los cuestionamientos alcanzan a municipios como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios y operadores como Guillermo Daniel Domínguez Alfaro, Silverio Cupul, Jhony Joel Díaz Canul, Ileana Pool, Gabriela Briceño, María Paula Medina y Jaime Torres.

En el centro de estas acusaciones se encuentra Alberto Ignacio Perera Medina, quien asumió la conducción de Bienestar tras la salida de Pablo Bustamante y a quien las versiones atribuyen un papel relevante en la distribución de apoyos hacia determinadas estructuras políticas.

Actualmente, Mujer es Poder atiende a unas 50 mil mujeres y el gobierno estatal ha planteado elevar esa cifra a 60 mil durante 2026. Ante las sospechas, uno de los puntos que permitiría comprobar o descartar un posible uso electoral sería conocer cómo se distribuyen las altas, en qué municipios y secciones se concentran y bajo qué criterios se autorizan los apoyos.

Lo mismo tendría que transparentarse en Comemos Tod@s, especialmente en un momento en el que la sucesión de Quintana Roo comienza a ocupar buena parte de la agenda política.

Gino Segura busca consolidarse como una de las cartas de Morena para 2027, mientras que el Verde intenta preservar el peso que ha ganado en el estado. De ahí que la discusión no sólo gire en torno a los vuelos privados, sino también al uso de recursos y programas públicos.

Por ahora, las preguntas están sobre la mesa y las explicaciones corresponden a las autoridades involucradas. Transparentar los vuelos, sus pagadores, sus motivos y los criterios de operación de los programas sociales permitiría despejar dudas. De lo contrario, en Quintana Roo la sombra de la sucesión de 2027 seguirá extendiéndose sobre cada movimiento político.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de los principales indicadores económicos del país, como parte de los anuncios previos a su Segundo Informe de Gobierno.

Entre los resultados que destacó se encuentra la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 34 mil 968 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, cifra que, afirmó, representa un resultado histórico para México.

La mandataria aprovechó el reporte para responder a quienes en su momento advirtieron que los incrementos al salario mínimo provocarían inflación, una caída en la inversión extranjera o una depreciación importante del peso mexicano.

Sheinbaum sostuvo que los resultados económicos registrados durante este periodo contradicen esas previsiones y señaló que el aumento salarial no ha impedido la llegada de capital extranjero al país.

“¿No sé si recuerdan que decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, que no iba a haber inversión, que el peso se iba a devaluar?”, cuestionó durante su exposición.

Empleo y estabilidad, entre los indicadores

Además de la inversión extranjera, la Presidencia destacó el comportamiento del empleo y la estabilidad cambiaria durante los primeros seis meses del año, como parte de un panorama económico que el gobierno federal considera favorable.

La Presidenta también criticó las políticas de administraciones anteriores y afirmó que durante años se priorizaron los intereses de unos cuantos por encima de las necesidades de los trabajadores.

“En realidad, no querían aumentar el salario para beneficiar a unos cuantos, esa es la verdad. Nunca los gobiernos del pasado pensaron en el pueblo ni en las y los trabajadores”, declaró.

Con este balance, el Gobierno federal perfila el contenido económico que acompañará al Segundo Informe de Gobierno, en el que la administración buscará destacar los avances registrados durante su periodo al frente del país.

Durante la conferencia matutina de este miércoles de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presentó los 10 principios que darán forma a la nueva iniciativa de Ley de Justicia Ambiental.

La funcionaria explicó que la propuesta busca cambiar la manera en que México entiende la relación entre crecimiento económico, protección de los recursos naturales y bienestar social, con una visión enfocada en la prevención y el cuidado del patrimonio ambiental.

Entre los principios planteados destaca la idea de que el patrimonio natural es la base de la vida, la prosperidad y el bienestar, además de considerar que no puede existir justicia social sin justicia ambiental.

La iniciativa también propone dar prioridad a la prevención de daños antes que a su reparación, así como impulsar acciones de conservación y restauración que permitan proteger los ecosistemas para las futuras generaciones.

Una nueva visión para cuidar el territorio

Otro de los puntos contempla utilizar el conocimiento científico y técnico como respaldo para las decisiones ambientales, además de promover una gestión del territorio en conjunto con las comunidades y con una perspectiva de largo plazo.

Bárcena destacó también la necesidad de fortalecer una cultura ambiental, fomentar una transición de una economía basada en desechar hacia otra que aproveche mejor los recursos y proteger a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.

El décimo principio plantea que la protección del patrimonio biocultural debe asumirse como una responsabilidad compartida por toda la sociedad mexicana.

Con estos lineamientos, la Semarnat busca establecer las bases de una nueva política de justicia ambiental, en la que el desarrollo no avance a costa de los ecosistemas y donde las comunidades tengan un papel importante en la protección del territorio.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá ser analizada y discutida antes de definir su posible aprobación.