La organización territorial y la unidad interna de Morena rumbo a los procesos electorales de 2027 fueron los temas centrales de una reunión nacional en la que participó Beatriz Mojica Morga, coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

El encuentro se realizó el pasado 30 de octubre y contó con la participación de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, así como de Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Durante la reunión, las coordinaciones estatales compartieron información sobre las actividades que desarrollan en sus respectivas entidades para fortalecer la estructura del movimiento y avanzar en la organización de los Comités de Defensa de la Transformación.

La participación de Mojica Morga se centró en exponer los trabajos que se realizan en Guerrero, particularmente en la conformación de comités seccionales y el acercamiento con la militancia.

Organización territorial en Guerrero

Durante el encuentro, la coordinadora guerrerense señaló que en su entidad avanzan las tareas de integración de los comités seccionales, así como el diálogo directo con quienes forman parte del movimiento.

Estas actividades forman parte de la estrategia de organización territorial de Morena, que busca fortalecer su presencia en las distintas comunidades y mantener la comunicación con sus integrantes.

Mojica Morga destacó la importancia de la unidad como elemento para dar continuidad a la Cuarta Transformación, postura que, de acuerdo con la información difundida sobre la reunión, compartió con la dirigencia nacional.

La mirada puesta en 2027

Otro de los asuntos abordados fue la preparación organizativa del partido frente a los próximos procesos electorales.

En ese sentido, las y los coordinadores estatales coincidieron con la dirigencia nacional en que la organización y la unidad serán factores importantes para mantener la cohesión del movimiento en el país.

La reunión permitió intercambiar información sobre el trabajo que se desarrolla en las entidades y las acciones para consolidar los Comités de Defensa de la Transformación.

El encuentro se produce en el contexto de las tareas internas de Morena para fortalecer su estructura territorial de cara a 2027, aunque en la información difundida no se reportaron acuerdos sobre candidaturas ni definiciones electorales específicas.

Con esta reunión, Beatriz Mojica participó en las actividades de coordinación nacional del partido, donde el fortalecimiento organizativo y la unidad interna fueron los principales planteamientos rumbo a los próximos comicios.

La rabia paralítica en especies ganaderas registró una disminución de 10 por ciento durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, como resultado de las acciones de vacunación, vigilancia y diagnóstico implementadas por autoridades federales, gobiernos estatales y el sector productivo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), entre enero y junio de este año se contabilizaron 251 casos de rabia paralítica en animales de producción, mientras que otros 22 se detectaron en fauna silvestre.

Como parte de las medidas para contener la enfermedad, durante los primeros seis meses de 2026 se aplicaron 648 mil 124 dosis de vacuna al ganado en riesgo en 26 entidades del país, donde se ha identificado la presencia del murciélago hematófago, conocido también como vampiro, considerado el principal transmisor del virus a los animales.

La campaña de prevención y control es operada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo que mantiene acciones de vigilancia, atención de reportes de animales sospechosos y confirmación de casos mediante pruebas de laboratorio.

Bovinos concentran la mayoría de los casos

De los 251 casos registrados en especies ganaderas durante el primer semestre, 244 correspondieron a bovinos, cinco a équidos y dos a caprinos, según los datos difundidos por AGRICULTURA.

En cuanto a la fauna silvestre, los 22 casos se distribuyeron entre 17 murciélagos hematófagos, un murciélago insectívoro, un búfalo, un borrego de Berbería, un zorrillo y un zorro.

Las autoridades señalaron que la vigilancia de estas especies resulta importante debido a que pueden participar en la transmisión del virus y representar un riesgo tanto para el ganado como para las personas que tienen contacto con animales infectados.

Realizan más de mil 700 operativos

Como parte de las acciones sanitarias, la Dirección General de Salud Animal del Senasica, en coordinación con los Comités de Fomento y Protección Pecuaria de los estados, ha efectuado más de mil 700 operativos de monitoreo del murciélago hematófago.

Además, las autoridades atendieron 307 notificaciones realizadas por productoras y productores. De acuerdo con el reporte, casi 40 por ciento de estos avisos resultaron negativos a la enfermedad.

AGRICULTURA informó que, a partir de las acciones de vigilancia y atención, se ha logrado proteger aproximadamente 60 mil animales de consumo en las unidades de producción atendidas.

La campaña contempla la identificación de animales sospechosos, la toma de muestras y la confirmación de casos en laboratorios oficiales o autorizados por el Senasica, con el objetivo de detectar oportunamente la presencia del virus y reducir su propagación.

Diagnóstico en laboratorios especializados

La confirmación de los casos se realiza en el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (Cenasa), reconocido desde 2014 por la Organización Mundial de Sanidad Animal como Laboratorio de Referencia para la Rabia.

También cuentan con autorización para diagnosticar esta enfermedad los laboratorios de Bioseguridad Nivel 3 de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales, así como siete laboratorios autorizados por el Senasica ubicados en Chiapas, Villahermosa, Hermosillo, Chihuahua, Durango, Mérida y Campeche.

La participación de estos centros permite confirmar los casos detectados durante las labores de vigilancia y aportar información para orientar las medidas de prevención y control.

Atienden a personas expuestas al virus

Las acciones contra la rabia paralítica también incluyen la coordinación con el sector Salud para atender a las personas que tuvieron contacto directo con animales confirmados con la enfermedad.

De enero a septiembre de 2026, un total de 233 personas recibieron tratamiento antirrábico tras haber estado en contacto con animales positivos a rabia, de acuerdo con el informe de la dependencia federal.

Esta intervención forma parte del enfoque de Una Sola Salud, que considera la relación entre la salud animal, humana y ambiental para prevenir riesgos de transmisión de enfermedades.

Seis entidades están libres de rabia paralítica

El murciélago hematófago habita en regiones tropicales y subtropicales del continente americano, desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Sus colonias, integradas generalmente por entre 20 y 50 ejemplares, pueden establecerse en árboles huecos, cuevas, casas abandonadas, alcantarillas, puentes y grietas en las rocas.

De acuerdo con AGRICULTURA, únicamente seis entidades mexicanas cuentan con reconocimiento como libres de rabia paralítica transmitida por este tipo de murciélago: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México y Tlaxcala.

Ante la presencia de la enfermedad en otras regiones, la dependencia mantiene la campaña nacional de vacunación, vigilancia y diagnóstico para reducir los contagios entre animales, proteger la producción pecuaria y disminuir los riesgos para la población.

Fernando Reina Iglesias aparece entre 89 personas que recibieron recursos reportados como nómina y honorarios en documentos fiscales de 2016 y 2017, según una investigación de El País.

El nombre de Fernando Reina Iglesias, político y exesposo de la conductora Galilea Montijo, aparece en registros fiscales relacionados con Gupea Construcciones, empresa vinculada en investigaciones periodísticas con la estructura financiera atribuida a Víctor Manuel Álvarez Puga. El monto reportado a nombre de Reina asciende a 700 mil pesos, de acuerdo con una investigación publicada por El País.

La documentación revisada por el periódico comprende registros de 2016 y 2017, en los que Gupea Construcciones, S.A. de C.V., e Ismael Infante Loredo aparecen relacionados con pagos por aproximadamente 125 millones de pesos a 89 personas, bajo los conceptos de «nómina y honorarios».

Entre los nombres identificados figura Reina Iglesias, quien en ese periodo todavía estaba casado con Montijo, conductora conocida públicamente por su relación social con Inés Gómez Mont.

La aparición del nombre del exesposo de la presentadora en estos documentos abre interrogantes sobre el concepto de los recursos reportados. Sin embargo, la información disponible no permite establecer qué servicio habría prestado, si existió un contrato que justificara el pago o si los recursos tuvieron alguna relación directa con el dinero público investigado en el caso Álvarez Puga.

Gupea Construcciones aparece en registros del SAT

El antecedente fiscal de Gupea Construcciones también figura en documentación oficial. La empresa, identificada con el Registro Federal de Contribuyentes GCO160225S37, aparece en el listado global definitivo relacionado con el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Este procedimiento contempla la publicación de contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal presume operaciones inexistentes, conforme a las condiciones establecidas en la legislación.

La inclusión de una empresa en ese listado constituye un antecedente fiscal relevante, pero no demuestra por sí sola que cada persona que aparece en sus registros haya participado en una irregularidad.

En este caso, Gupea Construcciones también aparece en investigaciones periodísticas relacionadas con la presunta estructura financiera atribuida a Álvarez Puga y con operaciones vinculadas a Gómez Mont.

La investigación por contratos públicos

El caso que involucra a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga incluye una investigación por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, relacionados con contratos federales para servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según documentos judiciales citados por medios nacionales, Gómez Mont habría recibido alrededor de 14.8 millones de pesos provenientes de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones, compañías mencionadas en las investigaciones sobre la presunta red financiera.

Las autoridades mexicanas atribuyen a Gómez Mont y Álvarez Puga una probable participación en operaciones destinadas a triangular y ocultar recursos.

No obstante, los montos señalados corresponden a operaciones distintas dentro de la información disponible. No hay evidencia pública suficiente, según los datos proporcionados, para afirmar que los 700 mil pesos reportados a nombre de Fernando Reina provengan directamente de los 2 mil 950 millones de pesos investigados.

Tanto Gómez Mont como Álvarez Puga deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia definitiva que determine su responsabilidad penal.

¿Qué concepto justificó los 700 mil pesos?

Una de las principales interrogantes es por qué Gupea Construcciones o la estructura fiscal analizada reportó 700 mil pesos a nombre de Fernando Reina Iglesias.

La documentación descrita en la investigación periodística no permite conocer con precisión qué servicio habría prestado el exesposo de Montijo, si el monto correspondió a uno o varios pagos ni si existió un contrato, factura o comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que respaldara la operación.

Tampoco se cuenta con información suficiente para determinar si los recursos fueron objeto de una revisión específica por parte de las autoridades o si existe alguna investigación penal contra Reina relacionada con esos pagos.

Por ello, la aparición de su nombre en los registros fiscales no constituye, por sí misma, evidencia de que haya cometido un delito.

Correspondería a las autoridades competentes establecer el origen y destino de los recursos, así como determinar si las operaciones que los respaldan se realizaron conforme a la ley.

Galilea Montijo había negado negocios con la pareja

El tema también remite a las declaraciones que Galilea Montijo hizo en 2021, cuando el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga adquirió notoriedad pública. En ese momento, la conductora sostuvo que ni ella ni su entonces esposo mantenían relaciones de negocios con la pareja.

Consultada posteriormente por El País sobre los registros relacionados con Fernando Reina, una representante de Montijo respondió que el asunto no tenía que ver con la conductora y que no deseaban involucrarse.

También existe un antecedente de la relación social entre ambas parejas. En diciembre de 2017, Galilea Montijo y Fernando Reina asistieron a la boda de Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, donde también estuvieron Inés Gómez Mont y su esposo.

La asistencia a ese evento acredita una coincidencia social, pero no demuestra la existencia de negocios entre los asistentes ni su participación en actividades ilícitas.

Las preguntas que siguen abiertas

La información publicada por El País coloca a Fernando Reina entre las personas que aparecen en los registros fiscales revisados, con un monto reportado de 700 mil pesos.

Sin embargo, con los datos disponibles no es posible establecer qué actividad justificó esos recursos ni si existe una relación documental directa entre ese pago y las operaciones que forman parte de la investigación contra la estructura atribuida a Álvarez Puga.

También permanece sin respuesta si las autoridades investigaron de manera individual los pagos reportados a las 89 personas identificadas en los registros fiscales.

La detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos ha vuelto a colocar el caso en la atención pública, pero cualquier posible vínculo entre los pagos a terceros y los recursos investigados deberá sustentarse con documentación y pruebas específicas.

Por ahora, el dato verificable descrito en la investigación periodística es la aparición del nombre de Fernando Reina Iglesias por 700 mil pesos en los registros revisados. El motivo de esos pagos y su posible relación con otras operaciones siguen sin estar aclarados públicamente.