Fernando Reina Iglesias aparece entre 89 personas que recibieron recursos reportados como nómina y honorarios en documentos fiscales de 2016 y 2017, según una investigación de El País.
El nombre de Fernando Reina Iglesias, político y exesposo de la conductora Galilea Montijo, aparece en registros fiscales relacionados con Gupea Construcciones, empresa vinculada en investigaciones periodísticas con la estructura financiera atribuida a Víctor Manuel Álvarez Puga. El monto reportado a nombre de Reina asciende a 700 mil pesos, de acuerdo con una investigación publicada por El País.
La documentación revisada por el periódico comprende registros de 2016 y 2017, en los que Gupea Construcciones, S.A. de C.V., e Ismael Infante Loredo aparecen relacionados con pagos por aproximadamente 125 millones de pesos a 89 personas, bajo los conceptos de «nómina y honorarios».
Entre los nombres identificados figura Reina Iglesias, quien en ese periodo todavía estaba casado con Montijo, conductora conocida públicamente por su relación social con Inés Gómez Mont.
La aparición del nombre del exesposo de la presentadora en estos documentos abre interrogantes sobre el concepto de los recursos reportados. Sin embargo, la información disponible no permite establecer qué servicio habría prestado, si existió un contrato que justificara el pago o si los recursos tuvieron alguna relación directa con el dinero público investigado en el caso Álvarez Puga.
Gupea Construcciones aparece en registros del SAT
El antecedente fiscal de Gupea Construcciones también figura en documentación oficial. La empresa, identificada con el Registro Federal de Contribuyentes GCO160225S37, aparece en el listado global definitivo relacionado con el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Este procedimiento contempla la publicación de contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal presume operaciones inexistentes, conforme a las condiciones establecidas en la legislación.
La inclusión de una empresa en ese listado constituye un antecedente fiscal relevante, pero no demuestra por sí sola que cada persona que aparece en sus registros haya participado en una irregularidad.
En este caso, Gupea Construcciones también aparece en investigaciones periodísticas relacionadas con la presunta estructura financiera atribuida a Álvarez Puga y con operaciones vinculadas a Gómez Mont.
La investigación por contratos públicos
El caso que involucra a Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga incluye una investigación por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, relacionados con contratos federales para servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según documentos judiciales citados por medios nacionales, Gómez Mont habría recibido alrededor de 14.8 millones de pesos provenientes de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones, compañías mencionadas en las investigaciones sobre la presunta red financiera.
Las autoridades mexicanas atribuyen a Gómez Mont y Álvarez Puga una probable participación en operaciones destinadas a triangular y ocultar recursos.
No obstante, los montos señalados corresponden a operaciones distintas dentro de la información disponible. No hay evidencia pública suficiente, según los datos proporcionados, para afirmar que los 700 mil pesos reportados a nombre de Fernando Reina provengan directamente de los 2 mil 950 millones de pesos investigados.
Tanto Gómez Mont como Álvarez Puga deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia definitiva que determine su responsabilidad penal.
¿Qué concepto justificó los 700 mil pesos?
Una de las principales interrogantes es por qué Gupea Construcciones o la estructura fiscal analizada reportó 700 mil pesos a nombre de Fernando Reina Iglesias.
La documentación descrita en la investigación periodística no permite conocer con precisión qué servicio habría prestado el exesposo de Montijo, si el monto correspondió a uno o varios pagos ni si existió un contrato, factura o comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que respaldara la operación.
Tampoco se cuenta con información suficiente para determinar si los recursos fueron objeto de una revisión específica por parte de las autoridades o si existe alguna investigación penal contra Reina relacionada con esos pagos.
Por ello, la aparición de su nombre en los registros fiscales no constituye, por sí misma, evidencia de que haya cometido un delito.
Correspondería a las autoridades competentes establecer el origen y destino de los recursos, así como determinar si las operaciones que los respaldan se realizaron conforme a la ley.
Galilea Montijo había negado negocios con la pareja
El tema también remite a las declaraciones que Galilea Montijo hizo en 2021, cuando el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga adquirió notoriedad pública. En ese momento, la conductora sostuvo que ni ella ni su entonces esposo mantenían relaciones de negocios con la pareja.
Consultada posteriormente por El País sobre los registros relacionados con Fernando Reina, una representante de Montijo respondió que el asunto no tenía que ver con la conductora y que no deseaban involucrarse.
También existe un antecedente de la relación social entre ambas parejas. En diciembre de 2017, Galilea Montijo y Fernando Reina asistieron a la boda de Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, donde también estuvieron Inés Gómez Mont y su esposo.
La asistencia a ese evento acredita una coincidencia social, pero no demuestra la existencia de negocios entre los asistentes ni su participación en actividades ilícitas.
Las preguntas que siguen abiertas
La información publicada por El País coloca a Fernando Reina entre las personas que aparecen en los registros fiscales revisados, con un monto reportado de 700 mil pesos.
Sin embargo, con los datos disponibles no es posible establecer qué actividad justificó esos recursos ni si existe una relación documental directa entre ese pago y las operaciones que forman parte de la investigación contra la estructura atribuida a Álvarez Puga.
También permanece sin respuesta si las autoridades investigaron de manera individual los pagos reportados a las 89 personas identificadas en los registros fiscales.
La detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos ha vuelto a colocar el caso en la atención pública, pero cualquier posible vínculo entre los pagos a terceros y los recursos investigados deberá sustentarse con documentación y pruebas específicas.
Por ahora, el dato verificable descrito en la investigación periodística es la aparición del nombre de Fernando Reina Iglesias por 700 mil pesos en los registros revisados. El motivo de esos pagos y su posible relación con otras operaciones siguen sin estar aclarados públicamente.
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