El diputado federal Miguel Torruco Garza presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema ferroviario y reactive el servicio de trenes de pasajeros. La propuesta busca modernizar la infraestructura existente y crear una red ferroviaria que permita una mejor conexión entre diversas regiones del país.

El plan maestro contempla la incorporación de 11 rutas ferroviarias adicionales al Tren Maya, con el objetivo de ofrecer una alternativa de transporte rápida, segura y más amigable con el medio ambiente.

Entre las rutas destacadas se encuentran:

• Tren del Pacífico: cubriría 5,300 kilómetros desde Cabo San Lucas, Baja California Sur, hasta Tapachula, Chiapas, atravesando nueve estados del litoral pacífico.
• Tren del Golfo: conectaría Palenque, Chiapas, con Matamoros, Tamaulipas, recorriendo todo el estado de Veracruz.
• Tren del Centro: uniría Veracruz con Guadalajara, Jalisco, pasando por Puebla, Ciudad de México, Toluca y Morelia.
• Tren del Bajío: enlazaría Poza Rica, Veracruz, con Puerto Vallarta, Jalisco.
• Tren Oriental: iría de Piedras Negras, Coahuila, hasta Acapulco, Guerrero.

Además, la propuesta incluye la rehabilitación del emblemático “Chepe”, que atraviesa la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

La iniciativa también contempla reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para asegurar la participación directa del Estado en la operación y desarrollo del sistema. El objetivo central es reactivar el transporte ferroviario de pasajeros como motor de desarrollo económico y social, además de ofrecer una opción sustentable frente al creciente uso del transporte carretero.

De aprobarse, este ambicioso proyecto ferroviario busca estar completamente operativo para el año 2050, transformando la movilidad en México y fortaleciendo la integración regional.

Una serie de irregularidades administrativas y financieras en FONATUR Infraestructura han salido a la luz, revelando una presunta red de favoritismos, creación de puestos a modo, y sueldos desproporcionados que contrastan con los principios de austeridad promovidos por el Gobierno Federal. Al centro de estas denuncias se encuentra la actual Directora General, Lyndia Quiroz Zavala.

Entre los casos más llamativos destaca el de Carlos Carrillo Quintana, quien ostenta el cargo de «Director de Apoyo Operativo» con un sueldo mensual bruto de 156 mil pesos. A pesar de ser únicamente el particular de la Directora General, su salario es apenas inferior al del director general de la dependencia, Alan Aizpuru Akel, lo que ha generado indignación entre el personal.

A Carrillo se suman nombres como Enrique Rousse Coutiño, asistente con funciones mínimas que percibe 70 mil pesos mensuales; Otilia Maricela Luna, quien aparece como gerente en Huatulco pero realiza tareas de asistente en oficinas centrales; y Luis Arnaldo Castillo Flotte, presunto “aviador” que no se presenta a laborar ni tiene funciones claras. Se estima que el costo total de estos cuatro empleados asciende a más de 4.4 millones de pesos anuales, sin considerar prestaciones adicionales.

Las denuncias también apuntan a la designación de personal sin el perfil adecuado, como Misha Yoselin Rodríguez, a quien se le creó un puesto de subdirección pese a no cumplir los requisitos de experiencia ni formación. Casos similares se repiten con Ricardo Patiño, señalado por sus comentarios misóginos y conductas inapropiadas, y Claudia Sosa Pérez, quien fue liquidada y recontratada meses después, contraviniendo las normativas vigentes.

Otras prácticas cuestionables incluyen el uso de viáticos para enviar personal desde oficinas centrales a Acapulco —muchas veces sin justificación clara— en lugar de contratar trabajadores locales. Incluso se acusa a funcionarios de hospedarse en hoteles de lujo y presentarse a trabajar en estado inconveniente.

Además, se han registrado casos de despidos estratégicos para otorgar liquidaciones generosas a personas cercanas a la dirección, como ocurrió con José Manuel Leyva Elston, cuya salida abrió la puerta a la llegada de Martina Silvia Gutiérrez Reyes, excolaboradora del sector bienestar, con un salario de más de 93 mil pesos. A pesar de que los CIP (Centros Integralmente Planeados) han sido transferidos a gobiernos estatales, algunos responsables de estas unidades continúan percibiendo elevados salarios sin realizar funciones sustantivas.

Las acusaciones también alcanzan a la nueva Directora Jurídica, María Elena Páez, quien, lejos de atender los temas legales en oficinas centrales, ha sido observada frecuentando Acapulco junto a la titular del organismo, mientras los procesos legales se acumulan sin seguimiento y se pierden casos por falta de comparecencia.

Finalmente, se ha señalado que la Directora General posee varios hoteles en Mérida que no figuran en su declaración patrimonial, lo cual genera sospechas sobre un posible conflicto de interés en el uso de proveedores y recursos institucionales.

Las denuncias llaman la atención sobre un uso discrecional del poder dentro de FONATUR Infraestructura, la falta de control interno y la aparente impunidad con la que operan altos mandos del organismo. La ciudadanía exige que las autoridades competentes realicen una auditoría exhaustiva y esclarezcan las responsabilidades individuales para garantizar el uso correcto de los recursos públicos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que las unidades del autotransporte federal con placas cuyo último dígito sea 5 o 6 tendrán una prórroga hasta el 31 de mayo de 2025 para cumplir con la verificación obligatoria de condiciones físico-mecánicas, conforme a la NOM-068-SCT-2-2014.

El aviso, emitido por la Dirección General de Autotransporte Federal a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), está dirigido a personas físicas o morales permisionarias de los servicios de autotransporte federal en sus diferentes modalidades: pasajeros, turismo, carga, transporte privado, arrastre, salvamento, paquetería y mensajería, tanto a nivel nacional como internacional.

Las unidades, ya sean propias o arrendadas, deberán ser sometidas a la verificación correspondiente en Unidades de Inspección acreditadas y aprobadas. El objetivo de esta medida es garantizar que los vehículos que circulan bajo estos esquemas cumplan con los estándares de seguridad y condiciones operativas establecidas por la norma oficial vigente.

La SICT recordó que este proceso es obligatorio para todos los permisionarios y que el dictamen obtenido en la verificación es un requisito indispensable para la operación legal del servicio. El aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.