Una denuncia presentada ante autoridades federales expone un conjunto de presuntas operaciones empresariales, financieras y societarias relacionadas con contratos públicos otorgados en Sonora, así como posibles conflictos de interés y movimientos patrimoniales que involucran a diversas empresas y personas físicas.
De acuerdo con la documentación referida en la denuncia, uno de los ejes de la investigación está relacionado con una operación mediante la cual el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, habría comprometido o efectuado pagos por aproximadamente 35 millones de pesos derivados de la adquisición o regularización de una fracción de terreno de 17 mil 839 metros cuadrados correspondiente a un tramo del bulevar Tetakawi, en San Carlos, Nuevo Guaymas.
Según los antecedentes citados, dicho terreno forma parte de una vialidad construida con recursos públicos hace más de tres décadas y atraviesa predios pertenecientes a una sociedad mercantil en la que participa el empresario sonorense Carlos Benito Astiazarán Aguilar. La investigación plantea la necesidad de esclarecer si existía alguna obligación legal de ceder gratuitamente esa superficie al dominio público conforme a la normatividad aplicable en materia de urbanización y desarrollo urbano.
Desarrollo inmobiliario bajo revisión
La documentación consultada también refiere que en mayo de 2024 fue inscrita una subdivisión del predio denominado Los Tomates, ubicado en San Carlos, Nuevo Guaymas. Como resultado de este procedimiento se generaron diversas fracciones, entre ellas un lote de aproximadamente 151 mil 854 metros cuadrados.
De acuerdo con la investigación, dicha superficie forma parte del desarrollo inmobiliario denominado Sol Bajo, impulsado por una sociedad relacionada con Astiazarán Aguilar en asociación con Inmobiliaria Piedras Pintas, S.A. de C.V.
La información corporativa revisada señala además la participación de Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez en la citada inmobiliaria. El documento destaca que existe una relación familiar entre ambos empresarios, así como coincidencias previas en órganos de representación institucional, circunstancias que, según la investigación, resultan relevantes para el análisis de posibles conflictos de interés.
Señalamientos sobre estructura societaria
Otro apartado de la denuncia se refiere a controversias relacionadas con la integración accionaria de Marina Sol Bajo, S.A. de C.V. Algunos accionistas sostienen que determinadas decisiones societarias habrían tenido como consecuencia el desconocimiento de socios que, según afirman, poseían alrededor del 15 por ciento del capital social de la empresa.
Los promoventes sostienen que dichas personas conservaron su participación durante más de dos décadas y que las resoluciones adoptadas habrían afectado sus derechos corporativos y beneficios económicos vinculados al desarrollo inmobiliario. No obstante, la documentación señala que no ha sido posible determinar si estas circunstancias fueron conocidas o evaluadas por terceros involucrados en el proyecto.
Presuntas operaciones financieras
La investigación también documenta el presunto uso de activos pertenecientes a Marina Sol Bajo, S.A. de C.V. como garantía de obligaciones relacionadas con contratos obtenidos por Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V., empresa señalada en la denuncia como vinculada a Carlos Benito Astiazarán Aguilar y Beatríz Campa Robles.
De acuerdo con los antecedentes recabados, la garantía habría sido suscrita sin contar presuntamente con la autorización de la totalidad de los socios. Asimismo, se menciona una transferencia electrónica realizada en diciembre de 2023 entre empresas relacionadas con los señalamientos contenidos en la denuncia.
Los documentos también hacen referencia a una donación de aproximadamente 50 mil metros cuadrados realizada por Rocky Point, S.A. de C.V. a favor del Gobierno del Estado de Sonora durante 2023.
Contratos públicos y estructura empresarial
La denuncia incorpora además señalamientos relacionados con Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V., empresa que presuntamente habría obtenido contratos vinculados al suministro de alimentos para Centros de Reinserción Social en Sonora y posteriormente servicios relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Según el documento, aunque públicamente la sociedad habría sido operada por otras personas, el control real de la empresa recaería en Carlos Benito Astiazarán Aguilar y Beatríz Campa Robles. La denuncia sostiene además que determinadas modificaciones societarias no habrían sido inscritas en el Registro Público de Comercio.
Asimismo, se mencionan diversas empresas que, de acuerdo con la documentación fiscal revisada por los denunciantes, presentarían patrones financieros considerados atípicos, entre ellos pérdidas fiscales recurrentes y elevados montos reportados bajo conceptos de asimilados a salarios.
Autoridades deberán determinar responsabilidades
Especialistas citados en la investigación señalan que, en caso de acreditarse los hechos denunciados, podrían configurarse diversas conductas previstas en la legislación mexicana. Sin embargo, subrayan que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la existencia de irregularidades, deslindar responsabilidades y, en su caso, ejercer las acciones legales correspondientes.
El documento también precisa que se realizaron gestiones para obtener la versión de las personas señaladas. No obstante, al momento de la publicación de la investigación no se había recibido respuesta.
Hasta ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia y de una investigación en curso, por lo que las personas mencionadas conservan plenamente sus derechos de audiencia, defensa y presunción de inocencia.
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