La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) enfrenta diversos cuestionamientos relacionados con presunta inactividad ministerial, el creciente fenómeno de los fraudes inmobiliarios y señalamientos públicos contra su titular, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien ocupa el cargo desde mayo de 2023.

Los antecedentes mencionados incluyen recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), un exhorto presentado ante el Congreso del Estado por el problema de los fraudes inmobiliarios y acusaciones formuladas públicamente por particulares y sus representantes legales. Estos señalamientos, por sí mismos, no acreditan responsabilidades y permanecen sujetos a las determinaciones de las autoridades competentes.

Derechos Humanos documentó casos de inactividad ministerial

Durante 2024, la CEDH emitió diversas recomendaciones relacionadas con actuaciones de la Fiscalía estatal. Entre ellas se encuentran las recomendaciones 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024, 19/2024 y 20/2024, correspondientes a asuntos de desaparición en los que se señala expresamente la existencia de inactividad ministerial.

La relevancia de estos documentos radica en que se trata de determinaciones emitidas por un organismo público de derechos humanos después de procedimientos institucionales.

Estos antecedentes plantean la necesidad de conocer el estado que guardan las carpetas de investigación señaladas por falta de avances, así como las medidas implementadas por la Fiscalía para evitar que las investigaciones permanezcan sin diligencias durante periodos prolongados.

Congreso alertó por fraudes inmobiliarios

Otro de los antecedentes se encuentra en el Congreso del Estado de Sonora, donde en noviembre de 2024 fue presentada una iniciativa con punto de acuerdo para exhortar al fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez y a la titular del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora a realizar un diagnóstico pormenorizado sobre el creciente fenómeno de los fraudes inmobiliarios.

El documento legislativo señala una problemática que puede afectar directamente el patrimonio de ciudadanos y familias.

En este tipo de casos pueden estar involucrados documentos, registros, operaciones mercantiles y denuncias relacionadas con posibles delitos patrimoniales, por lo que la actuación de las autoridades encargadas de investigar resulta determinante para establecer responsabilidades.

Entre los datos que permitirían dimensionar el problema se encuentran el número de denuncias por fraude inmobiliario, despojo y falsificación de documentos, así como la cantidad de carpetas que han sido judicializadas o que permanecen abiertas.

Carpetas abiertas y avance de las investigaciones

La existencia de una carpeta de investigación abierta no necesariamente significa que todas las diligencias se encuentren en curso de manera continua.

De acuerdo con el marco jurídico referido en la información proporcionada, existen figuras como la abstención de investigar, el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, determinaciones que deben cumplir con los requisitos legales correspondientes y que pueden ser impugnadas por las víctimas en los casos previstos por la legislación.

Por ello, uno de los puntos a esclarecer en los casos señalados es si las carpetas permanecen abiertas, qué diligencias se han realizado y cuándo se efectuaron las últimas actuaciones ministeriales.

También existen acusaciones públicas

A estos antecedentes se suman señalamientos realizados públicamente por particulares y abogados. Entre ellos se encuentra el caso difundido en agosto de 2024 de los hermanos Joaquín Alberto “N” y Claudia “N”, cuya defensa y familiares acusaron a la Fiscalía de Sonora de presunta fabricación de pruebas y detención ilegal en un asunto relacionado con un ciudadano estadounidense.

Las acusaciones fueron formuladas por particulares y su defensa, por lo que su contenido no puede considerarse como una responsabilidad acreditada sin las resoluciones correspondientes de las autoridades judiciales.

También se ha referido la presentación, durante 2024, de una solicitud de juicio político contra Gustavo Rómulo Salas Chávez, en la que sus promoventes formularon acusaciones contra la actuación de la Fiscalía.

La presentación de una denuncia o solicitud de juicio político tampoco acredita por sí misma responsabilidad. En caso de haber sido recibida por el Congreso estatal, su trámite y resolución constituyen elementos que pueden ser consultados para conocer qué ocurrió con el procedimiento.

Un problema con antecedentes anteriores

Los documentos mencionados de la CEDH muestran que los cuestionamientos relacionados con la actuación ministerial no comenzaron exclusivamente durante la actual administración.

En años anteriores también fueron emitidas recomendaciones contra la Fiscalía por conceptos como dilación en la procuración de justicia, incumplimiento de un deber legal e inactividad ministerial.

Ante estos antecedentes, uno de los aspectos centrales es conocer qué medidas fueron implementadas por la actual administración para atender las deficiencias señaladas y evitar que se repitan.

En los casos relacionados con delitos patrimoniales, la respuesta institucional adquiere especial relevancia debido a que las investigaciones pueden involucrar propiedades, documentos y operaciones que representan parte importante del patrimonio de las personas denunciantes.

Los señalamientos que deben comprobarse

Los datos proporcionados también hacen referencia a acusaciones adicionales de lavado de dinero y tráfico de influencias. Al tratarse de señalamientos, no pueden presentarse como hechos acreditados sin documentación o resoluciones de las autoridades competentes.

En ese contexto, cualquier investigación sobre posibles actos ilícitos tendría que establecer quiénes participaron, qué conductas se atribuyen a cada persona, qué elementos de prueba existen y cuál ha sido la actuación de las autoridades responsables de las investigaciones.

El punto central, en este escenario, es diferenciar entre las denuncias y acusaciones formuladas públicamente y aquellas responsabilidades que hayan sido determinadas mediante procedimientos legales.

Transparencia sobre las carpetas

Ante los cuestionamientos documentados, resulta relevante conocer, dentro de los límites legales de reserva de las investigaciones, cuántas carpetas por fraude inmobiliario y despojo permanecen abiertas, cuántas han sido judicializadas y cuánto tiempo llevan en trámite.

También permitiría conocer el número de quejas presentadas contra agentes del Ministerio Público por posibles actos de dilación o inactividad y, en su caso, cuántos servidores públicos han sido sancionados.

Otro punto pendiente es conocer qué seguimiento tuvo el exhorto presentado ante el Congreso de Sonora sobre los fraudes inmobiliarios y cuáles fueron las acciones emprendidas a partir de ese documento.

La información disponible plantea cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía, pero también establece la necesidad de revisar cada caso con documentos y procedimientos oficiales antes de atribuir responsabilidades.

La disputa interna por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo comienza a elevar la tensión entre los distintos grupos del partido, en un escenario en el que Rafael Marín Mollinedo ha ganado terreno en las mediciones y se perfila, de acuerdo con los datos proporcionados, como uno de los aspirantes con mayor respaldo dentro de la contienda.

El avance atribuido a Marín ha coincidido con un aumento de los señalamientos en su contra, según el planteamiento de quienes respaldan al político. En el contexto de la próxima definición de la candidatura, esta situación ha colocado nuevamente en el centro de la discusión las diferencias entre los grupos que buscan posicionarse dentro de Morena.

El avance de Marín modifica el escenario interno

Rafael Marín se ha convertido en una figura relevante dentro de la disputa por la candidatura, debido al crecimiento que se le atribuye en las encuestas. Este escenario modifica las posiciones que mantenían los distintos grupos políticos y eleva la competencia conforme se aproxima la etapa decisiva de las mediciones.

La contienda interna también involucra a otros sectores de Morena que mantienen vínculos políticos con el Partido Verde. De acuerdo con el planteamiento expuesto, estos grupos tampoco habrían alcanzado el crecimiento esperado en las preferencias, situación que añade presión a la definición de la candidatura.

El escenario abre además la posibilidad de una ruptura de alianzas, según las versiones referidas en el material, con la eventualidad de que cada partido compita por separado.

Señalamientos elevan la confrontación

En este contexto, han comenzado a multiplicarse los señalamientos contra Marín, situación que sus simpatizantes interpretan como un intento por frenar el avance que ha registrado en las mediciones.

Los cuestionamientos se producen mientras se acerca la etapa en la que deberán definirse las posiciones dentro de Morena. La confrontación entre los distintos grupos políticos coloca a las encuestas como uno de los principales elementos de referencia para medir la fuerza de cada aspirante.

La disputa también refleja las diferencias existentes entre los grupos que buscan incidir en la sucesión gubernamental de Quintana Roo. El crecimiento de uno de los aspirantes modifica el equilibrio interno y obliga a los demás participantes a replantear sus estrategias de posicionamiento.

La definición dependerá de las próximas mediciones

Aunque los señalamientos forman parte de la disputa política interna, el material proporcionado no incluye datos específicos de las encuestas ni identifica a los responsables de los ataques contra Marín.

Por ahora, la competencia se mantiene abierta y las próximas mediciones serán determinantes para conocer la posición de los aspirantes dentro de Morena. El avance atribuido a Rafael Marín ha incrementado la atención sobre su participación en el proceso y sobre la respuesta de los grupos que también buscan encabezar la candidatura.

La definición de Morena para la gubernatura de Quintana Roo permitirá conocer si el actual escenario de competencia modifica las posiciones de los distintos grupos o si las preferencias mantienen la tendencia señalada en las mediciones referidas.

Mientras la disputa interna avanza, los resultados de las próximas encuestas serán los que permitan establecer con mayor claridad el respaldo de cada aspirante y el rumbo que tomará la contienda por la candidatura.

Las llamadas escuelas militarizadas dejarán de operar bajo ese esquema en México, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmara su clausura y anunciara que ninguna institución de este tipo comenzará el próximo ciclo escolar.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que este modelo no se encuentra contemplado dentro de la legislación educativa, por lo que se solicitó a las autoridades estatales realizar los cambios correspondientes.

El funcionario detalló que las instituciones que decidieran mantener el esquema militar tendrían que cerrar, mientras que aquellas que optaran por continuar con sus actividades educativas deberán transformar su modelo de formación.

De acuerdo con Delgado, el objetivo es sustituir los conceptos y prácticas vinculados con la formación militar por un enfoque cívico y ciudadano, alineado con los principios del humanismo mexicano.

“Las escuelas militarizadas advertimos que no están contempladas en ninguna ley como modelo educativo”, señaló el secretario al explicar la postura de la dependencia federal.

Delgado reconoció que algunas de estas instituciones cuentan con cierto respaldo o reconocimiento dentro de las comunidades educativas donde operan. Sin embargo, indicó que esa situación no modifica la necesidad de ajustar su modelo a las disposiciones educativas vigentes.

La transformación contempla que los planteles que continúen funcionando adopten una orientación centrada en la formación cívica, ciudadana y humanista, dejando atrás el esquema basado en conceptos militares.

El secretario de Educación Pública agregó que el proceso se ha llevado a cabo en coordinación con las autoridades estatales y aseguró que no existe conflicto con los gobiernos locales por esta determinación.

De esta manera, la SEP busca que los planteles que anteriormente operaban bajo una modalidad militarizada transiten hacia un modelo educativo acorde con el marco legal y con una formación enfocada en valores cívicos y ciudadanos.