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«El Grande» hospedó en su rancho en 2004 a Salma Hayek y a Penélope Cruz. Hoy es testigo contra Genaro García Luna

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Sergio Villareal Barragán, alias “El Grande”, uno de los hombres más poderosos del Cártel de los Beltrán Leyva, fue relacionado hace más de una década con las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz y hoy es uno de los principales testigos contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.

El acontecimiento ocurrió en 2004 mientras se rodaba en San Luis Potosí y Durango la película Bandidas (estrenada en 2006), dirigida por los directores noruegos Joachim Roenning y Espen Sandberg, pero no fue hasta 2008 cuando se dio a conocer a través de una publicación de el diario El Universal.

En ese año (2004), “El Grande”, era lugarteniente y mano derecha de los hermanos Beltrán Leyva en los estados de Coahuila, Sinaloa y Durango, donde se ubica el rancho de “El Grande” y que, según declaraciones de testigos protegidos a El Universal, se alojaron la mexicana Salma Hayek y la española Penélope Cruz.

La información fue confirmada por periodistas que cubrieron el rodaje y quienes aseguraron que el inmueble estaba fuertemente vigilado por hombres del narco.

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Las actrices respondieron rápidamente y negaron conocer a “El Grande” pero no haber estado hospedadas en el rancho.

De acuerdo con un comunicado del representante de Cruz y al que tuvo acceso la agencia Efe, detalló que “la oficina de producción de Bandidas organizó el alojamiento de los actores” y que “Penélope Cruz eligió hospedarse en un hotel, mientras que Salma Hayek prefirió quedarse en una casa”.

“Salma Hayek nunca tuvo conocimiento de quien era el propietario de la vivienda ni tuvo contacto alguno con el dueño ni con nadie relacionado con la vivienda, alquilada y pagada por la productora de la película”, continúa el documento.

Finalmente, el comunicado asevera que “ni las actrices ni sus respectivas productoras estuvieron involucradas en la producción del film”.

«El Grande» uno de los testigos contra García Luna

“El Grande”, apodado así por su fisonomía de 1.98 metros y 115 kilos, se ha convertido en uno de los principales testigos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.

El 08 de noviembre de 2018, “El Grande”, reveló en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois, que García Luna y su “compadre” Luis Cárdenas Palomino (extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal), colaboraban para el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

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Villareal Barragán fue capturado en septiembre de 2010 en el estado de Puebla y al ser detenido, admitió haber secuestrado, torturado y descuartizado a más de 90 personas.

Hoy, gracias a un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses en donde delató a miembros del narco y a autoridades, se encuentra libre.

El día de ayer, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, miembros de la Policía Federal al mando de García Luna, fueron acusados en una Corte Federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna, fue detenido el pasado 09 de diciembre y aguarda el inicio de su juicio. Está acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses, acusan a los tres de participar en el tráfico  de cocaína y permitir con sobornos que el Cártel de Sinaloa, dirigido por entonces por Joaquín “El Chapo” Guzmán, operara con impunidad en México.

Con información de Sin Embargo

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República Dominicana Ratifica Convenio de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE)

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de la República Dominicana con la integración regional a través de la ratificación del convenio

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En un evento significativo celebrado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, la embajadora de la República Dominicana en México, María Isabel Castillo Báez, depositó el instrumento de ratificación de su país al convenio constitutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). Este paso eleva a nueve el número de ratificaciones, acercando la puesta en vigor del convenio, que requiere once en total. La ALCE ya cuenta con 21 firmas.

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de la República Dominicana con la integración regional a través de la ratificación del convenio. La embajadora Castillo subrayó la importancia de los esfuerzos conjuntos para el desarrollo regional, así como el sólido nivel de diálogo y cooperación entre México y la nación caribeña.

La ALCE, con sede en Querétaro, coordinará las actividades de cooperación para la exploración e investigación en tecnología espacial y sus aplicaciones. Este organismo internacional busca contribuir al desarrollo integral sostenible de América Latina y el Caribe, utilizando las capacidades tecnológicas de los países miembros. Entre sus objetivos se incluyen la mejora de los sistemas de comunicación satelital, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, la creación de mapas para identificar fortalezas y riesgos ante el cambio climático, y el aumento de la capacidad de observación para la prevención de desastres naturales y mejoras en la agricultura.

En el acto de entrega participaron varios funcionarios de la SRE, incluyendo al consultor jurídico Alejandro Celorio Alcántara, el director general para Centroamérica y el Caribe Imanol Belausteguigoitia Reyes, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos Daniel Cámara Ávalos, el representante de México ante la ALCE Gustavo Cabrera Rodríguez y la directora de Tratados Multilaterales Azucena Sahagún Segoviano.

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Revelan lujos y propiedades no declaradas del alcalde de Coyoacán, del PAN

El actual alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, posee una residencia ubicada en un lujoso fraccionamiento privado en Miami, Florida, valuada en más de 2 millones de dólares.

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Los lujos y las propiedades excéntricas de algunos políticos del PAN han vuelto a ser tema de discusión pública. En una reciente investigación, se ha descubierto que el actual alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, posee una residencia ubicada en un lujoso fraccionamiento privado en Miami, Florida, valuada en más de 2 millones de dólares.

Esta propiedad, adquirida en 2018 por Giovani Gutiérrez, no fue incluida en su declaración patrimonial, según registros públicos y de transparencia. A pesar de su valor y el costo mensual de mantenimiento de $40,425.00 MXN, el alcalde no ha hecho mención de esta posesión.

Giovani Gutiérrez, quien ha estado bajo el escrutinio de Morena debido a su asociación con Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, ha sido señalado por falsedad en su declaración patrimonial. La investigación realizada durante varios meses por Morena confirmó la propiedad en Miami a nombre de Gutiérrez, que no fue reportada por el funcionario del PAN.

La revelación de esta propiedad ha generado sospechas de evasión fiscal por parte del alcalde de Coyoacán. A pesar de mantener un perfil discreto, la propiedad valuada en más de 2 millones de dólares en Miami evidencia una inconsistencia en la declaración patrimonial de Giovani Gutiérrez.

En conclusión, la omisión de esta lujosa propiedad en la declaración patrimonial del funcionario del PAN, Giovani Gutiérrez, resalta una posible falta de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de su cargo público.

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Notarios dan fe de empresas fantasma en México

Las entidades con mayor número de empresas fachada son Jalisco (189), Ciudad de México (159), Nuevo León (112), Oaxaca (101) y el Estado de México (83).

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El poder de otorgar fe pública no es para cualquier abogado. Este privilegio requiere de integridad y probidad, características que deben ser avaladas por la máxima autoridad del Estado, el gobernador.

La fe pública garantiza que lo que un notario autoriza es auténtico y verdadero. Sin embargo, en México, no todos los notarios han cumplido con esta responsabilidad de manera ética.

Un análisis reciente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha revelado que al menos 562 notarios públicos en todo el país han utilizado su autoridad para legalizar la creación de empresas que simulan operaciones fiscales, evaden impuestos, lavan dinero y desvían recursos públicos. Estas empresas, conocidas como empresas fantasma, fachada, factureras o EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), han defraudado significativamente a la hacienda pública.

Entre enero de 2020 y marzo de 2024, el SAT detectó que 562 notarios avalaron la creación de 1,171 firmas fraudulentas. Entre los implicados se encuentran exsecretarios de gobierno, exalcaldes, exdiputados, representantes electorales y dirigentes de colegios de profesionistas.

Estos notarios han seguido patrones específicos en la creación de empresas factureras: formalizan múltiples sociedades en un solo día, validan a las mismas personas como accionistas en diversas compañías y les asignan objetos sociales amplios que permiten realizar más de 100 actividades distintas, muchas de ellas sin relación entre sí.

Las entidades con mayor número de empresas fachada son Jalisco (189), Ciudad de México (159), Nuevo León (112), Oaxaca (101) y el Estado de México (83), concentrando el 54% de las EFOS. El 46% restante se distribuye en 26 entidades, con Baja California Sur como el único estado sin EFOS en el periodo analizado, aunque sí se encontraron en años anteriores.

Los notarios implicados enfrentan consecuencias legales y administrativas. En Oaxaca, Alejandro José Vidaña Luna, Omar Abacuc Sánchez Heras y Jorge Zarate Ramírez han sido acusados de participar en un «cártel del despojo», simulando actos jurídicos para apropiarse de inmuebles valiosos. Zarate Ramírez fue vinculado a proceso en 2023 por ejercicio ilícito de la función pública. En Jalisco, Álvaro Guzmán Merino acumuló más de 52 sanciones, incluyendo la ilegal escrituración de parte del Lago de Chapala, una zona federal. En Guanajuato, Alejandro Durán Llamas perdió su notaría por irregularidades y está acusado de despojar 180 hectáreas a ejidatarios mediante engaños.

Según un informe del SAT de 2019, las compañías factureras evadieron impuestos por 354,512 millones de pesos entre 2014 y 2019, representando el 1.4% del PIB del país. Este fraude fiscal masivo evidencia la necesidad de una supervisión más estricta y de sanciones más severas para los notarios que abusan de su poder.

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