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«El Grande» hospedó en su rancho en 2004 a Salma Hayek y a Penélope Cruz. Hoy es testigo contra Genaro García Luna

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Sergio Villareal Barragán, alias “El Grande”, uno de los hombres más poderosos del Cártel de los Beltrán Leyva, fue relacionado hace más de una década con las actrices Salma Hayek y Penélope Cruz y hoy es uno de los principales testigos contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.

El acontecimiento ocurrió en 2004 mientras se rodaba en San Luis Potosí y Durango la película Bandidas (estrenada en 2006), dirigida por los directores noruegos Joachim Roenning y Espen Sandberg, pero no fue hasta 2008 cuando se dio a conocer a través de una publicación de el diario El Universal.

En ese año (2004), “El Grande”, era lugarteniente y mano derecha de los hermanos Beltrán Leyva en los estados de Coahuila, Sinaloa y Durango, donde se ubica el rancho de “El Grande” y que, según declaraciones de testigos protegidos a El Universal, se alojaron la mexicana Salma Hayek y la española Penélope Cruz.

La información fue confirmada por periodistas que cubrieron el rodaje y quienes aseguraron que el inmueble estaba fuertemente vigilado por hombres del narco.

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Las actrices respondieron rápidamente y negaron conocer a “El Grande” pero no haber estado hospedadas en el rancho.

De acuerdo con un comunicado del representante de Cruz y al que tuvo acceso la agencia Efe, detalló que “la oficina de producción de Bandidas organizó el alojamiento de los actores” y que “Penélope Cruz eligió hospedarse en un hotel, mientras que Salma Hayek prefirió quedarse en una casa”.

“Salma Hayek nunca tuvo conocimiento de quien era el propietario de la vivienda ni tuvo contacto alguno con el dueño ni con nadie relacionado con la vivienda, alquilada y pagada por la productora de la película”, continúa el documento.

Finalmente, el comunicado asevera que “ni las actrices ni sus respectivas productoras estuvieron involucradas en la producción del film”.

«El Grande» uno de los testigos contra García Luna

“El Grande”, apodado así por su fisonomía de 1.98 metros y 115 kilos, se ha convertido en uno de los principales testigos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.

El 08 de noviembre de 2018, “El Grande”, reveló en la Corte de Distrito Norte de Chicago, Illinois, que García Luna y su “compadre” Luis Cárdenas Palomino (extitular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal), colaboraban para el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

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Villareal Barragán fue capturado en septiembre de 2010 en el estado de Puebla y al ser detenido, admitió haber secuestrado, torturado y descuartizado a más de 90 personas.

Hoy, gracias a un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses en donde delató a miembros del narco y a autoridades, se encuentra libre.

El día de ayer, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, miembros de la Policía Federal al mando de García Luna, fueron acusados en una Corte Federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna, fue detenido el pasado 09 de diciembre y aguarda el inicio de su juicio. Está acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses, acusan a los tres de participar en el tráfico  de cocaína y permitir con sobornos que el Cártel de Sinaloa, dirigido por entonces por Joaquín “El Chapo” Guzmán, operara con impunidad en México.

Con información de Sin Embargo

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«Ex presidente de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López, denuncia persecución política tras acusaciones falsas de peculado»

La defensa ha mostrado varios documentos que validan su postura, como el acta del Ayuntamiento que aprueba la adquisición del predio en mayo de 2015, y la cesión de derechos sobre la propiedad al municipio.

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En la causa penal 1442/2024, el ex presidente municipal de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López Hernández, enfrenta acusaciones de presunto peculado por la suma de 22 millones de pesos. La acusación, respaldada por el Ministerio Público y el Gobierno Municipal, está centrada en un contrato de obra firmado en agosto de 2015 para la primera etapa del Mercado Municipal, aunque la defensa de López Hernández ha presentado pruebas que contrarrestan dichas acusaciones.

Entre las pruebas presentadas por la parte acusadora se encuentran documentos del Registro Público de la Propiedad a nombre de la anterior titular, así como el contrato de obra y constancias de pago relacionadas con la obra mencionada. En contraste, la defensa ha mostrado varios documentos que validan su postura, como el acta del Ayuntamiento que aprueba la adquisición del predio en mayo de 2015, y la cesión de derechos sobre la propiedad al municipio.


El juicio ha tomado giros importantes durante las audiencias. En la audiencia inicial del 25 de noviembre de 2024, el Juez de Control Raúl González destacó que, de haber estado escriturado el inmueble, ello habría sido suficiente para no vincular a proceso al ex presidente. Sin embargo, en la audiencia pública del 14 de febrero de 2025, la defensa solicitó el sobreseimiento de la causa penal, presentando pruebas «novedosas y suficientes» que demostrarían la falsedad de las acusaciones por desvío de recursos. A pesar de esto, el juez decidió continuar con el proceso, lo que ha sido interpretado por algunos como una clara manifestación de persecución política.

El actual Gobierno Municipal, respaldado por el Síndico, sigue adelante con las investigaciones, lo que ha generado tensiones y críticas sobre la imparcialidad del proceso. La controversia ha dividido a la comunidad, ya que algunos aseguran que la obra del Mercado Municipal es una necesidad para Tlaxcoapan, mientras que otros señalan que el proyecto ha sido bloqueado por intereses políticos, empañando el desarrollo de la región. La situación se sigue observando con atención, mientras persisten las acusaciones de abuso de poder y la posible manipulación judicial detrás de este caso.

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«Detención de Diana Marroquín: Un acto de represión política

Desde su detención el 26 de noviembre de 2020, Diana ha sostenido que fue víctima de una detención ilegal y abuso de autoridad

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Diana Laura Marroquín Bayardo ha sido acusada  del asesinato de su tío, el empresario José Francisco Marroquín Sosa, un crimen ocurrido el 28 de junio de 2019 en Santiago Tulantepec, Hidalgo.

Sin embargo, diversas evidencias y testimonios apuntan a que la acusación en su contra es parte de un complot político orquestado por el gobierno local, con el objetivo de frenar su participación activa en la política y deslegitimar su lucha por los derechos humanos y la justicia social.



Desde su detención el 26 de noviembre de 2020, Diana ha sostenido que fue víctima de una detención ilegal y abuso de autoridad. A través de sus redes sociales, expresó su inocencia y afirmó que las acusaciones fueron fabricadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), como parte de una persecución política, especialmente dado su historial como activista y su candidatura en diversas ocasiones para cargos públicos.



Es importante señalar que Diana y su hermana Claudia Marlene Marroquín Bayardo, también detenida en relación con este caso, tienen una coartada sólida: ambas se encontraban en Europa en el momento del asesinato, como lo demuestra el Registro Nacional de Migración. No hay pruebas que las vinculen con el crimen, ni siquiera en sus teléfonos móviles, y no se les ha presentado evidencia concreta que sustente la acusación.

Cabe señalar que José Francisco tenía antecedentes penales, ya que en el año 2001 fue acusado de asesinar a 2 hombres en Tulancingo Hidalgo y estuvo preso en el cereso de Pachuca varios años dónde fue sentenciado a 40 años, sin embargo, fue liberado debido a la corrupción.

También era señalado de ser un comerciante fraudulento, ya que robo y despojó a muchas familias con venta de casas y terrenos que nunca entregaba


Además, Diana ha sido una firme crítica de la corrupción política en Hidalgo, desenmascarando el abuso de poder de los gobiernos priistas y la corrupción dentro del sistema judicial. Su postura valiente frente a estos temas ha ganado el respeto de muchos, pero también ha generado enemistades poderosas que ahora parecen estar detrás de su arresto.

Sus seguidores aseguran que la detención de Diana es un acto de represión política que no solo le niega justicia, sino que pone en peligro su seguridad personal.

En un país donde el abuso de poder y la corrupción han sido una constante, es crucial que se reconozca su inocencia y se le garantice un juicio justo y transparente, sin manipulaciones ni intereses ajenos a la verdad.

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Desmienten informaciones sobre la apertura de un nuevo casino en el gobierno de Claudia Sheinbaum

En medio de recientes controversias, se ha señalado falsamente que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo autorizó la apertura de un nuevo casino en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

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En medio de recientes controversias, se ha señalado falsamente que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo autorizó la apertura de un nuevo casino en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Sin embargo, dicha afirmación carece de sustento, ya que la sala de juegos en cuestión no es nueva, sino que se trata de un establecimiento previamente autorizado que simplemente cambió de domicilio dentro del mismo municipio.

Cambio de ubicación, no nueva apertura

El casino en cuestión operaba en Plaza La Cúspide Sky Mall y obtuvo un permiso de cambio de domicilio mediante el oficio DGJS/3521/2022. Dicho documento no autoriza la apertura de una nueva sala de juegos y sorteos, sino que valida su reubicación. Además, la licencia de funcionamiento fue correctamente emitida por el Director General de Desarrollo y Fomento Económico del municipio de Naucalpan, autoridad facultada para estos trámites.

Jubilee Casino: sin antecedentes de irregularidades

Algunas versiones también han intentado vincular a Jubilee Casino con hechos ocurridos hace más de una década. No obstante, la empresa se deslinda completamente de cualquier relación comercial o jurídica con aquellos acontecimientos. Jubilee Casino es un nuevo inquilino en el inmueble y sus arrendadores no tienen ningún vínculo con la industria del juego en el pasado.

Autorizaciones en regla

La Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) concedió la autorización de operación en 2018, mediante el oficio DGJS/294/2018, lo que permitió la apertura del Casino Cúspide en Naucalpan. Posteriormente, en 2022, se avaló el cambio de domicilio, pero en ningún momento se expidió un nuevo permiso bajo la actual administración federal.

Señalamientos infundados sobre lavado de dinero

Finalmente, se ha intentado vincular al casino con posibles operaciones fraudulentas o lavado de dinero, lo cual ha sido rechazado categóricamente por la empresa. Jubilee Casino asegura que cumple con todas las regulaciones y procedimientos exigidos por las autoridades correspondientes, así como con estrictos controles internos. La legitimidad de sus actividades ha sido confirmada por diversas revisiones de entidades regulatorias.

Las acusaciones en su contra, según la empresa, son parte de una estrategia de desinformación promovida por la competencia con el objetivo de desacreditar su operación ante la opinión pública y las autoridades.

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