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Fiscalía de Chihuahua aclara que PRI expulsó a César Duarte y solicitó investigarlo. Niega que exista una «persecución política»

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La Fiscalía de Chihuahua negó que César Horacio Duarte Jáquez, sea víctima de “persecución política” como aseguró hoy su defensa en Estados Unidos y dijo que su partido político lo expulsó y solicitó que se juzguen los hechos de corrupción.

“No hay ninguna persecución política. Se investigan hechos y datos y esos determinan la posible responsabilidad de personas”, dijo el Fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel.

Añadió que “estamos frente a hechos consistentes en desviación grave de recursos que fueron incluso aprovechados en beneficio propio de los responsables señalados”.

Aseveró que “su propio partido político lo ha expulsado y pide que se juzguen los hechos de corrupción”.

La expulsión de César Duarte, sucedió el 30 de mayo de 2019 cuando la Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomó la decisión y añadió que por ningún motivo podría volver a afiliarse al tricolor.

TE PUEDE INTERESAR: Abogados de Duarte alegan que es una víctima de la “persecución política” de Javier Corral Jurado y que su vida corre “peligro” en México. Solicitarán libertad bajo fianza a la Fiscalía de Estados Unidos

De acuerdo con la defensa del exgobernador de Chihuahua, su cliente es víctima de una “persecución política” por parte de sucesor: Javier Corral Jurado.

Sin embargo, el Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, dijo en entrevista que esas acusaciones son falsas y “es parte de su estrategia para evitar ser traído a México”.

Duarte tiene 21 órdenes de aprehensión en su contra

César Duarte fue Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016.

Las autoridades lo detuvieron el 8 de julio en Florida, Estados Unidos, tras permanecer prófugo desde el año 2017.

El exgobernador tiene 21 órdenes de aprehensión por su posible relación con desvíos de recursos públicos y delitos federales.

El Gobierno actual de Chihuahua, señala que es responsable de dirigir una “red de corrupción política” que incluye a exfuncionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.

El expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que Duarte era de la “nueva generación del PRI”.

Duarte era el único de los exgobernadores acusados de corrupción que faltaba por ser detenido.

En la lista están los exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; de Tamaulipas, Tomás Yarrington; de Quintana Roo, Roberto Borge y de Sonora, Guillermo Padrés, este último del Partido Acción Nacional (PAN).

Con información de SinEmbargo

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SICT amplía hasta el 31 de diciembre el plazo para la verificación físico-mecánica y de contaminantes del autotransporte

El aviso también aclara que la medida incluye a permisionarios de los servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga, así como transporte privado, arrastre, arrastre y salvamento, servicios auxiliares como paquetería y mensajería, y unidades del autotransporte internacional

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que el periodo para cumplir con la verificación obligatoria de condiciones físico-mecánicas y de contaminantes se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, una medida que beneficiará a miles de unidades del autotransporte federal y privado.

La ampliación —publicada este 2 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF)— aplica para vehículos cuyos dígitos de placa sean 5-6, 7-8, 3-4 y 1-2, los cuales ahora tendrán más tiempo para cumplir con la verificación anual sin incurrir en sanciones. Para los vehículos con placas terminación 9 o 0, el calendario no sufre cambios.

El aviso también aclara que la medida incluye a permisionarios de los servicios de autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga, así como transporte privado, arrastre, arrastre y salvamento, servicios auxiliares como paquetería y mensajería, y unidades del autotransporte internacional.

Calendario de Verificación 2025 extendido

  • Placas 5 o 6, 7 u 8: del periodo original se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025
  • Placas 3 o 4: verificación ampliada hasta el 31 de diciembre de 2025
  • Placas 1 o 2: verificación ampliada hasta el 31 de diciembre de 2025
  • Placas 9 o 0: sin modificaciones

Además, las unidades que utilizan diésel y circulan por carreteras federales también obtienen una ampliación hasta el 31 de diciembre para completar su verificación semestral, tanto para personas físicas como morales que operan vehículos federales o privados, incluidos los que utilizan gasolina, gas LP, gas natural o combustibles alternos.

En el caso de la primera verificación del año, el DOF recuerda la ruta que llevó a esta extensión: primero del 1 de enero al 30 de junio, luego al 31 de julio, y finalmente, mediante el nuevo aviso, al 31 de diciembre de 2025. La segunda verificación, programada del 1 de julio al 31 de diciembre, permanece sin cambios.

Ambas notificaciones entrarán en vigor a partir de mañana, miércoles 3 de diciembre de 2025.

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Inicia nueva jornada de fumigación en Hidalgo para erradicar la plaga del mosco Culex

Las 27 comunidades ribereñas de la presa Endhó que están siendo atendidas en esta jornada de fumigación incluyen a Santa Ana Ahuehuepan, San Mateo La Curva, Xochitlán de las Flores, San Gabriel, entre otras

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A partir del 1° de diciembre, el sector ambiental federal comenzó la quinta jornada de fumigación en el estado de Hidalgo, con el objetivo de eliminar la plaga del mosco Culex, un insecto que ha afectado diversas comunidades ribereñas de la presa Endhó. Esta actividad se extenderá hasta finales de diciembre, sumándose a las ocho fumigaciones previas realizadas a lo largo del año.

La fumigación, que utiliza Bifentrina, un insecticida de aplicación segura, tiene como fin combatir y controlar la proliferación del mosco, que se ha convertido en una preocupación de salud pública en la región. La aplicación del producto se realiza mediante termonebulización, un método efectivo para asegurar que el insecticida llegue a todas las áreas afectadas.

Comunidades atendidas y medidas de seguridad

Las 27 comunidades ribereñas de la presa Endhó que están siendo atendidas en esta jornada de fumigación incluyen a Santa Ana Ahuehuepan, San Mateo La Curva, Xochitlán de las Flores, San Gabriel, entre otras. Cada una de estas localidades ha sido previamente identificada como parte de las zonas con mayor infestación de la plaga.

Cabe señalar que Santa María Macua solicitó no ser fumigada, decisión que fue respetada por las autoridades. Además, el insecticida utilizado es completamente seguro para las personas, las mascotas, los animales y los insectos polinizadores, garantizando que no se ponga en riesgo la salud de los habitantes ni de la biodiversidad local.

Coordinación entre autoridades para el control de la plaga

Este esfuerzo forma parte de un programa coordinado entre la Secretaría de Salud de Hidalgo, que adquirió el insecticida tras la recomendación del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath). La aplicación del insecticida tiene el respaldo técnico del Cenaprece, que supervisa y valida las acciones preventivas.

Para mantener el control de la situación, se tiene programada una nueva ronda de fumigación para el próximo 8 de diciembre, en las mismas comunidades que han sido atendidas en esta jornada, con el fin de garantizar una cobertura completa y eliminar la plaga de manera efectiva.

Enfoque integral para la salud pública

El combate al mosco Culex es parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades de salud y ambientales para proteger a la población de posibles enfermedades transmitidas por estos insectos, como el virus del Zika, Dengue y Chikungunya. La fumigación masiva, aunque una medida preventiva, es fundamental para controlar y reducir los riesgos sanitarios en las comunidades ribereñas, especialmente en zonas propensas a la proliferación de estos mosquitos.

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Denuncian presunta extorsión de funcionario de la SSPC a empresas de seguridad privada

De acuerdo con la denuncia, Martínez Garza habría condicionado la liberación de trámites a pagos indebidos y retrasado procedimientos durante meses cuando las empresas de seguridad privada no acceden a sus demandas.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó una denuncia contra Enrique Martínez Garza, Director General de Seguridad Privada adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, por presuntas prácticas de extorsión.

De acuerdo con la denuncia, Martínez Garza habría condicionado la liberación de trámites a pagos indebidos y retrasado procedimientos durante meses cuando las empresas de seguridad privada no acceden a sus demandas.

Estas demoras podrían afectar ingresos públicos estimados en hasta 1,500 millones de pesos al año.

Además, empresas y clubes de tiro señalaron que el funcionario exigía la entrega física de registros de armamento, pese a que la Ley Federal de Seguridad Privada establece que deben enviarse de manera digital por su carácter confidencial. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que la SEDENA es la única autoridad facultada para recibir dichos registros.

La denuncia también menciona una supuesta relación de Martínez Garza con Raymundo Collins, así como la posibilidad de que funcione como su presunto prestanombres, situación que incrementaría la desconfianza en el sector, dado que Collins enfrenta acusaciones por uso ilegal de atribuciones y enriquecimiento ilícito.

Otro punto señalado es que Martínez Garza ocupa simultáneamente dos cargos dentro de la SSPC: Director General de Seguridad Privada y encargado de despacho de Inspección Policial. Esto le permitiría portar armas y disponer de escoltas, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad de su dualidad administrativa.

En un contexto relacionado, hace unos días la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, por presunto “huachicol” y tráfico de armas. La investigación apunta a un entramado de empresas privadas utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento, destinado supuestamente a abastecer a grupos delictivos como el Cártel del Golfo en Tamaulipas y el grupo Sombra en Veracruz. El armamento contaba con registros oficiales del Ejército, lo que permitía su circulación con apariencia legal en el país.

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