Llevan a cabo el foro: «El estado actual de la cirugía estética en México»
Este tema se ha vuelto un problema de salud, la tendencia se ha incrementado y cada vez más personas desean estar en mejores condiciones físicas, pero no siempre acuden con la persona preparada.
En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Foro “El estado actual de la cirugía estética en México”, con el propósito de conocer propuestas, preocupaciones y datos que ayuden a reforzar el marco jurídico.
Este tema se ha vuelto un problema de salud, la tendencia se ha incrementado y cada vez más personas desean estar en mejores condiciones físicas, pero no siempre acuden con la persona preparada.
La Comisión de Salud, que preside el diputado de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, señaló que el tema es relevante en nuestro país, porque ocupa el tercer lugar en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos de belleza y estéticos, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, siendo las intervenciones más recurrentes el aumento de busto, la liposucción, así como tratamientos de ácido hialurónico, siendo las mujeres quienes más los aplican.
Comentó que las decisiones de las personas por someterse a cirugías no se ponen en tela de juicio, ya que cada quien tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero lo que se cuestiona son las malas prácticas por la falta de certificación y charlatanería.
Subrayó que la falta de preparación por parte de pseudoprofesionales ha derivado en muchas afectaciones a la salud de las personas, algunas incluso fatales.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Diversidad, diputada Salma Luévano Luna (Morena), advirtió que han muerto muchas personas trans por malos procedimientos estéticos, siendo ella misma quien ha sufrido por este tipo acciones. Además compartio sobre su testimonio de su transición para ser una mujer trans, y para que otras personas no sean víctimas de estos casos reitero que una de sus iniciativas es garantizar la salud digna para todas, todos y todes las personas Trans.
El diputado Morenista, Hamlet García Almaguer, indicó que existen lugares clandestinos que, aunados a la presión social que existe, impulsan a acudir a ellos a las personas que no tienen recursos para someterse a cirugías hechas por verdaderos profesionales.
Hizo un Llamado a trabajar juntos, Legislativo y profesionales. «Ofrezco que haya un comité integrado por los presentes y nos den una propuesta sobre leyes que deban ser tocadas y reformadas. Los legisladores no somos expertos en todas las materias», subrayó.
El doctor Luis García Ceja, encargado de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, dijo que es un tema relevante y que tiene mucha trascendencia en la agenda de salud pública del país, por lo que es fundamental conocer el problema para poder incidir en él, pues independientemente del procedimiento de intervención, desde los años 80 ha habido un aumento en la necesidad de modificaciones corporales, que se reconoce y se acepta, pero sin que haya crecido el número de médicos capacitados y certificados que atiendan esta demanda.
Explicó que existen grupos de personas, médicos o no, que han visto un nicho de oportunidad de generar recursos a expensas de la salud de las personas, lo que es una mala práctica, realizada incluso en spas y hasta gimnasios. «Es una tendencia que se ha ido incrementando con el uso masivo de redes sociales y de los perfiles públicos que han facilitado que la imagen corporal llegue más lejos. Gracias a esta masificación es más evidente, pero la tendencia ha sido aprovechada por diferentes sectores»
David Sánchez Mejía, integrante del Consejo Jurídico del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, resaltó que constantemente reciben solicitudes de ministerios públicos y jueces, tanto del ámbito federal como local para preguntar si un médico o una persona que se ostenta como tal cuenta con las habilidades para realizar este tipo de procedimientos de cirugía plástica, estética o reconstructiva, siendo la mayoría de casos de manera apócrifa.
“Se ostentan con certificaciones falsas, engaños publicitarios a través de redes sociales, lo que es un alto riesgo en la seguridad de pacientes, por lo que la información es prevención y ésta está disponible para la población”, advirtió.
Bertha Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que tan solo de febrero a la fecha han realizado 175 operativos de vigilancia sanitaria relacionados con este tipo de procedimientos, han sido suspendidos 70 establecimientos y 18 clausurados.
En su intervención, @BerthaAlcalde Comisionada de Operación Sanitaria de @COFEPRIS resaltó que se realizan operativos semanales para clausurar y sancionar establecimientos que incumplen las disposiciones sanitarias. pic.twitter.com/WUssrZRzhP
Mencionó que la Cofepris no había realizado ninguna clausura durante 10 años y solo se aplicaban multas. Agregó que hacen un monitoreo constante en redes sociales donde estos sitios se ofertan y se han bajado 850 anuncios respectivos. Pidió que se legisle para aumentar las penas por el delito de violación de sellos de clausura, ya que esto actualmente se paga con servicio comunitario.
Expertos, médicos especialistas, víctimas de malas prácticas y sus familiares expusieron la urgencia de evitar que charlatanes, que en muchos casos no son médicos, sigan ofreciendo servicios y ofertas de cirugías estéticas, las cuales forzosamente requieren de años de especialización, pero por falta de medidas de higiene, conocimiento, preparación, procedimientos adecuados e instalaciones acordes, llegan a términos fatales.
En intervención de la periodista Sandy Aguilera, agradeció a todas las personas para realizar el foro, ya que son miles de personas que han sido víctimas con los charlatanes que inyectan polímeros con médicos esteticista, agrego que a partir de enero del 2021 inicio una investigación sobre este tema.
Entregan Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024 en el Palacio Postal
Sobre el trabajo del ingeniero Francisco de Pablo Galán, el secretario resaltó su contribución en la infraestructura educativa, particularmente en la construcción de escuelas y espacios de aprendizaje
El ingeniero Francisco de Pablo Galán y el arquitecto Augusto Quijano Axle recibieron los Premios Nacionales de Ingeniería y Arquitectura 2024, en una ceremonia realizada en el Palacio Postal Mexicano, donde se reconoció su trayectoria y aportaciones al desarrollo del país.
La entrega fue encabezada por el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, quien acudió en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante el acto, el funcionario destacó que ambos galardonados representan la memoria viva de una nación construida con inteligencia, esfuerzo y responsabilidad.
En su intervención, Esteva Medina subrayó que el reconocimiento no solo busca distinguir una trayectoria profesional, sino también valorar el impacto de obras que han trascendido en el tiempo. Señaló que se trata de honrar aquello que permanece y que sigue influyendo en la vida pública y social del país.
Sobre el trabajo del ingeniero Francisco de Pablo Galán, el secretario resaltó su contribución en la infraestructura educativa, particularmente en la construcción de escuelas y espacios de aprendizaje. Indicó que estas obras no solo representan edificaciones, sino entornos donde niñas, niños y jóvenes pueden construir su futuro.
En cuanto al arquitecto Augusto Quijano Axle, destacó que su obra ha logrado integrar elementos como la luz, el silencio y la forma, generando espacios que invitan a la reflexión y a la experiencia sensorial. Señaló que su arquitectura trasciende lo funcional al incorporar una dimensión estética y emocional en los espacios que diseña.
El funcionario también expresó que tanto la ingeniería como la arquitectura son disciplinas que implican una responsabilidad social, al dejar huella en el entorno y en la memoria colectiva. En ese sentido, afirmó que cada obra representa un acto de trascendencia que se construye a partir del conocimiento y la experiencia acumulada.
La ceremonia contó con la presencia de integrantes de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, encabezada por Enrique Gavaldón Enciso, así como del subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, además de familiares y amigos de los galardonados.
Un hombre identificado como Alejandro Alcántara ha sido señalado públicamente por ejercer violencia, amenazas y abuso económico contra una mujer, en un caso que hoy genera alarma por su posible escalamiento a feminicidio.
De acuerdo con el testimonio de la víctima —cuya identidad se mantiene bajo resguardo—, el agresor ha sostenido un patrón constante de intimidación, agresiones y control, que no solo no se ha detenido, sino que se ha intensificado con el paso de los días.
La denunciante acusa que, además de la violencia física y psicológica, fue víctima de manipulación y despojo económico: en diversas ocasiones, el hombre le pidió dinero “prestado” que nunca devolvió, aprovechándose de la relación y de un contexto de presión y miedo.
Uno de los elementos más graves del caso es que la mujer fue obligada, bajo amenazas, a retirar una denuncia previa, lo que dejó al agresor sin consecuencias inmediatas y le permitió continuar con las agresiones.
Hoy, el nivel de riesgo es mayor. Las amenazas ya no son solo contra ella: alcanzan a su familia, amistades y entorno cercano. El mensaje es claro: intimidar, aislar y someter.
La víctima teme por su vida.
A pesar de que los hechos han sido denunciados nuevamente ante autoridades, el señalado sigue en libertad.
Este caso exhibe, una vez más, cómo la falta de medidas de protección eficaces puede colocar a las víctimas en una situación límite, donde cada omisión institucional aumenta el riesgo de un desenlace fatal.
La denuncia está hecha. La evidencia existe. La pregunta ahora es si las autoridades actuarán antes de que sea demasiado tarde.
La sombra de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos vuelve a colocarse sobre la Secretaría de Bienestar en Tijuana. A pocos días del cese de Guillermo López Reyes como director de la dependencia en esta frontera, surge una nueva denuncia que involucra a la actual encargada de la operación regional.
De la “limpia” al señalamiento por nepotismo
Tras la salida de López Reyes, la responsabilidad de los dos distritos de la ciudad recayó en Alexia Ríos, quien funge como encargada regional de los Servidores de la Nación. Sin embargo, lo que se esperaba fuera una etapa de reordenamiento institucional se ha convertido en un nuevo foco de señalamientos por presunto tráfico de influencias y manejo irregular de la nómina.
De acuerdo con información proporcionada por personal del área de Recursos Humanos y trabajadores activos de la dependencia, Ríos habría convertido la nómina federal en un presunto “negocio familiar”.
Familiares en nómina: los llamados “aviadores”
La denuncia, respaldada por capturas de pantalla de registros internos de la dependencia, señala que el padre de Alexia Ríos, así como otros integrantes de su familia, aparecen dados de alta como Servidores de la Nación.
Lo grave del caso, según los testimonios, es que estas personas:
No realizan labores de campo.
No acuden a oficinas.
No participan en los programas de Bienestar.
“Es una burla para quienes sí salimos al sol a censar y entregar apoyos. Mientras nosotros trabajamos, hay personas que cobran solo por ser familiares de la encargada”, señaló una fuente consultada bajo condición de anonimato.
Exigen auditoría inmediata
La situación ha generado inconformidad entre trabajadores y pone en entredicho los principios de austeridad y honestidad promovidos por la actual administración federal. Por ello, personal que filtró la información exige a la delegación estatal y a la Secretaría de la Función Pública una auditoría exhaustiva a la nómina del Distrito de Tijuana.
Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos que involucran a la encargada regional. Mientras tanto, el malestar crece entre los llamados Servidores de la Nación, quienes denuncian presuntas irregularidades en el uso del presupuesto destinado a programas sociales.