Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Diego Rivera Navarro, alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y secuestro agravado, cometidos en 2021, así como por la privación ilegal de la libertad de un comerciante.

Durante la audiencia celebrada este viernes, el juzgador determinó imponer la medida cautelar luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara pruebas que lo señalan por los citados delitos. La defensa del edil solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas para que se defina su situación jurídica, por lo que será el próximo 10 de febrero cuando se determine si es vinculado a proceso.

Mientras se desarrolla la investigación, Diego Rivera Navarro permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano. El funcionario fue detenido el pasado 5 de febrero junto a otros tres servidores públicos municipales, como parte del llamado “operativo enjambre”, desplegado por el gobierno federal.

Los detenidos son Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas, quienes también solicitaron la ampliación del plazo constitucional para definir su situación legal.

De acuerdo con las autoridades federales, los implicados estarían relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La FGR identificó a Diego Rivera Navarro como presunto líder de una red de corrupción dedicada a la extorsión de empresarios y comerciantes locales, además de estar vinculado a un supuesto desvío de recursos del erario público.

Dentro de los cargos por delincuencia organizada, la Fiscalía destacó la presunta participación directa del alcalde en el secuestro de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes competían por la precandidatura de Morena a la presidencia municipal y suplencia de Tequila en el proceso electoral de 2021.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron la detección de dos casos de sarampión entre personas migrantes que se encuentran detenidas en instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Texas, lo que obligó a implementar medidas sanitarias preventivas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los contagios fueron identificados en el Centro de Procesamiento de Migración de Dilley y confirmados por el Departamento de Salud de Texas el pasado sábado.

Ante esta situación, se decidió poner en cuarentena a un grupo de migrantes y suspender de manera temporal algunas operaciones dentro del centro, con el objetivo de frenar la propagación del virus.

De acuerdo con la dependencia federal, todos los migrantes que permanecen en el lugar están recibiendo atención médica por parte del Cuerpo de Servicios Sanitarios del ICE, además de seguimiento epidemiológico para detectar posibles nuevos casos.

El DHS señaló que estas acciones forman parte de los protocolos de salud pública que se activan ante la presencia de enfermedades altamente contagiosas, especialmente en espacios con alta concentración de personas.

El reporte se da en un contexto de incremento de casos de sarampión en Estados Unidos. Durante 2025, Texas encabezó la lista nacional de contagios, al registrar 762 infecciones confirmadas, lo que ha encendido alertas entre autoridades sanitarias y organismos de derechos humanos, particularmente en centros de detención migratoria.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad del estado de salud de los migrantes contagiados ni sobre la duración estimada de las medidas de cuarentena, aunque las autoridades aseguraron que continuarán monitoreando la situación para evitar nuevos brotes.

Una jueza federal negó este sábado frenar las redadas migratorias ordenadas por el gobierno del expresidente Donald Trump en el estado de Minnesota, donde las manifestaciones contra esas acciones han sido constantes y, en algunos casos, letales.

La magistrada Katherine Menendez resolvió que Minnesota y las ciudades de Minneapolis y Saint Paul no presentaron argumentos suficientes para que se suspendiera de inmediato la llamada Operation Metro Surge, una ofensiva migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ha provocado fuertes tensiones entre autoridades federales, estatales y comunidades locales.

Choque con autoridades locales y manifestantes

Los gobiernos estatal y municipales —liderados por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul— habían solicitado una medida cautelar para detener las redadas, argumentando que violan prerrogativas constitucionales y el principio de soberanía estatal.

Sin embargo, la jueza Menendez consideró que los elementos presentados no justificaban la suspensión temporal del operativo. Aunque reconoció que los testimonios sobre violencia y disturbios tenían “consecuencias profundas y hasta desgarradoras”, determinó que no era suficiente para intervenir de manera tajante en las acciones federales.

Protestas, indignación y reacciones encontradas

La decisión se produce en un contexto de protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades del país, donde miles de personas han salido a las calles para repudiar la presencia de agentes federales. Las movilizaciones se intensificaron tras dos incidentes en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon y mataron a manifestantes, hechos que encendieron aún más la indignación ciudadana y el debate sobre los límites de la fuerza federal.

Por un lado, autoridades federales han defendido la operación como parte de la aplicación de la ley migratoria y la seguridad pública. Por otro, líderes locales y estatales han calificado la intervención como una invasión a la jurisdicción de Minnesota y han prometido continuar con recursos legales y esfuerzos políticos para contrarrestar las acciones federales.

Tensión política y desafíos legales

La controversia también tiene un claro matiz político: Minnesota es un estado demócrata y las redadas han sido percibidas por críticos como una medida punitiva y polarizadora del gobierno federal hacia regiones con políticas migratorias más abiertas. Las autoridades locales han señalado que el operativo ha afectado la vida cotidiana, generado miedo en comunidades y provocado cierres de escuelas y negocios, además de amplias protestas ciudadanas.

A pesar de la decisión judicial, el caso no está cerrado. La demanda presentada por Minnesota y las ciudades implicadas seguirá su curso en los tribunales, mientras la controversia sobre el alcance de las redadas migratorias y los límites del poder federal continúa en el foco público