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México Refuerza Estrategia Legal contra Fabricantes y Vendedores de Armas en EE.UU.

En paralelo, los avances en el litigio en Arizona también fueron discutidos. Esta segunda demanda, interpuesta en 2022 contra cinco tiendas en el estado fronterizo, ha alcanzado una nueva etapa que permitirá recabar más evidencia en el caso

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El Gobierno de México continúa consolidando su estrategia legal para enfrentar el tráfico ilícito de armas, enfocándose en demandar a fabricantes y vendedores en Estados Unidos que facilitan el flujo de armas hacia su territorio. En este contexto, el consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo una reunión de trabajo en Washington D.C. con Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y Steve Shadowen, abogados que representan al país en las demandas interpuestas contra empresas armamentistas.

El encuentro tuvo como objetivo principal la preparación de la audiencia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, donde se analizará si las compañías demandadas pueden invocar inmunidad legal, a pesar de que sus prácticas comerciales supuestamente contribuyen al tráfico ilegal de armas hacia México. Esta audiencia forma parte de la demanda presentada por el gobierno mexicano ante una corte federal en Massachusetts en 2021.

En paralelo, los avances en el litigio en Arizona también fueron discutidos. Esta segunda demanda, interpuesta en 2022 contra cinco tiendas en el estado fronterizo, ha alcanzado una nueva etapa que permitirá recabar más evidencia en el caso.

La estrategia legal se complementa con la denuncia de las negligentes prácticas comerciales de algunas empresas que, a pesar de conocer las consecuencias de sus actos, continúan comercializando armas de fuego que, según estimaciones de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU., terminan siendo traficadas ilegalmente hacia México, con un promedio anual de 200,000 armas. Este fenómeno contribuye al fortalecimiento del crimen organizado y a la violencia en el país.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la lucha contra el tráfico ilícito de armas mediante acciones legales a nivel nacional, regional y global. La estrategia integral busca reducir el flujo de armamento que perpetúa la violencia en territorio mexicano.

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Modernización del puente “Antonio Dovalí Jaime” avanza con sustitución de tirantes en Veracruz

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Jesús Esteva Medina, las obras tienen como objetivo principal garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil del puente, considerado el primer puente atirantado construido en México

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que continúan los trabajos de rehabilitación del puente “Antonio Dovalí Jaime”, en Veracruz, una de las estructuras más relevantes de la red carretera nacional por su conexión estratégica sobre el río Coatzacoalcos.

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Jesús Esteva Medina, las obras tienen como objetivo principal garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil del puente, considerado el primer puente atirantado construido en México.

Sustitución de tirantes y modernización estructural

Como parte de las intervenciones, en 2025 se sustituyeron seis de los 68 tirantes que conforman la estructura. Para este año, está programado el reemplazo de 14 tensores adicionales, los cuales serán sustituidos por elementos de acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad.

Además del cambio de tirantes, durante los trabajos realizados en 2025 se instaló un sistema de monitoreo y detección de alertas en tiempo real, con el fin de dar seguimiento al comportamiento estructural del puente.

Este año, la modernización también contempla la rehabilitación de la superficie de rodamiento, así como obras de conservación en 32 kilómetros de accesos de la ruta 180D, que incluye el Libramiento de Cardel, el tramo Cardel–Veracruz y la carretera Nuevo Teapa–Cosoleacaque.

Inversión, impacto regional y características del puente

La obra contempla una inversión de mil 100 millones de pesos y se estima que beneficiará a 42 mil habitantes de la región, además de generar alrededor de 2 mil 269 empleos durante su ejecución.

El puente “Antonio Dovalí Jaime” fue puesto en operación el 17 de octubre de 1984 y es considerado el primer puente atirantado construido en el país, además de ser una de las estructuras de este tipo más importantes a nivel internacional.

Cuenta con una longitud de mil 170 metros, un ancho de 18 metros y 14 claros, con cuatro carriles de circulación. Su tránsito diario promedio anual es de aproximadamente 23 mil 720 vehículos, lo que lo convierte en un punto clave de movilidad en la región sur del país.

Conectividad y relevancia económica

La estructura conecta a los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán, y su modernización se asocia con el impulso a la actividad económica y turística de la zona, al tratarse de una vía de alta circulación para transporte de carga y movilidad regional.

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Jitomate saladet se estabiliza por debajo de los 20 pesos en centrales de abasto

Durante la segunda semana de junio, el precio promedio se ubicó en 19.51 pesos por kilogramo, lo que refleja una tendencia a la baja en este producto básico de consumo cotidiano.

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El precio del jitomate saladet comenzó a estabilizarse por debajo de los 20 pesos por kilogramo en centrales de abasto del país, tras la implementación del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante la segunda semana de junio, el precio promedio se ubicó en 19.51 pesos por kilogramo, lo que refleja una tendencia a la baja en este producto básico de consumo cotidiano.

Tendencia a la baja en el mercado nacional

El comportamiento del precio del jitomate saladet ha mostrado una disminución respecto a semanas previas, según el seguimiento realizado en centrales de abasto y puntos de venta.

En este contexto, también se reportaron precios más bajos en algunos centros de distribución, como la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto (Ficeda) registró un precio de 13 pesos por kilogramo al 19 de junio.

Participación de productores en 18 entidades

La estrategia que respalda esta estabilización involucra a productoras y productores de 18 estados del país, quienes participan en acciones orientadas a ordenar la cadena de producción y comercialización del jitomate.

El objetivo del esquema es dar mayor control a la cadena de suministro y evitar fluctuaciones que impacten el precio final del producto en el mercado interno.

Acuerdo nacional para ordenar el mercado

El acuerdo fue firmado el 3 de junio y contempla la participación de distintos actores de la cadena agroalimentaria, incluidas centrales de abasto y cadenas de autoservicio.

El planteamiento central es organizar la producción y distribución del jitomate bajo un esquema de precio justo, con el fin de mantener su disponibilidad en el mercado nacional.

Seguimiento desde instancias federales

Durante la Conferencia del Pueblo, el procurador federal del consumidor, Iván Escalante, informó que el precio promedio observado en centrales de abasto refleja una disminución significativa en comparación con periodos anteriores.

También señaló que el comportamiento en tiendas de autoservicio sigue una tendencia similar, lo que indica ajustes generalizados en el mercado del producto.

Importancia del jitomate en el consumo nacional

El jitomate forma parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) y es uno de los alimentos de mayor consumo en la dieta de las familias mexicanas.

Por ello, su comportamiento en el mercado es considerado un indicador relevante dentro de los productos básicos que integran la canasta alimentaria.

Objetivo del acuerdo en el sector agroalimentario

El acuerdo nacional busca ordenar la cadena productiva bajo una lógica de coordinación entre productores, distribuidores y puntos de venta.

La finalidad es mantener condiciones de mercado estables que permitan tanto la comercialización como el acceso a precios accesibles para los consumidores.

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Programa de Fertilizantes para el Bienestar avanza con cobertura en más de 1.7 millones de productores

El programa opera mediante un despliegue territorial que abarca las 32 entidades federativas, con el objetivo de facilitar el acceso a fertilizantes y fortalecer la producción de cultivos considerados estratégicos para el abasto nacional.

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El avance del Programa de Fertilizantes para el Bienestar 2026 se mantiene con un nivel de cobertura que ya alcanza a más de 1.7 millones de productoras y productores en todo el país, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA). El esquema busca dotar de insumos gratuitos a pequeños y medianos agricultores como parte del ciclo agrícola en curso.

El programa opera mediante un despliegue territorial que abarca las 32 entidades federativas, con el objetivo de facilitar el acceso a fertilizantes y fortalecer la producción de cultivos considerados estratégicos para el abasto nacional.

Cobertura nacional y avance del programa

De acuerdo con el reporte oficial, el padrón total contempla a más de 2.1 millones de beneficiarios, por lo que el avance actual representa cerca del 80 por ciento de atención. La entrega de insumos se ha concentrado en productores de pequeña y mediana escala.

El fertilizante distribuido hasta el momento permite cubrir aproximadamente 2.7 millones de hectáreas, lo que representa un progreso del 76 por ciento respecto a la meta total de 3.5 millones de hectáreas establecidas para este ciclo.

Distribución de insumos y logística operativa

En el componente logístico, el programa ha suministrado cerca de 890 mil toneladas de fertilizantes DAP y UREA a los Centros de Distribución Agricultura (CEDA), lo que equivale a un avance del 85 por ciento en el abasto programado.

De ese volumen, más de 803 mil toneladas ya han sido entregadas directamente a las y los productores, quienes reciben el insumo de manera gratuita como parte del esquema de apoyo al campo.

Red de distribución en las entidades

Para garantizar la cobertura en todo el territorio, el programa opera con una red de 1,033 Centros de Distribución Agricultura (CEDA), los cuales funcionan como puntos de entrega en las distintas regiones del país.

Esta infraestructura busca facilitar el acceso al fertilizante en comunidades rurales y zonas de difícil acceso, reduciendo los tiempos de traslado para los beneficiarios.

Consulta de beneficiarios y proceso de entrega

Las y los productores pueden consultar su incorporación al padrón, así como la ubicación del centro correspondiente y las fechas de entrega, a través del portal oficial del programa. Una vez publicada la convocatoria local, cuentan con un plazo de hasta 120 días para recoger el insumo presentando una identificación oficial vigente.

El proceso está diseñado para que la entrega se realice de forma directa, sin intermediarios, en los puntos establecidos por el programa.

Acompañamiento y orientación técnica

Además de la entrega de fertilizantes, se mantienen activos canales de atención en las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas (OREF), los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y los Distritos de Desarrollo Rural (DDR).

En estos espacios, los productores pueden recibir orientación sobre registro, entrega del insumo y recomendaciones técnicas para su uso en los cultivos.

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