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Señalan a Enrique Alfaro como líder corrupción; pasa estafeta a Pablo Lemus

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada

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En Jalisco, una presunta red de corrupción que abarca desde el Gobierno del Estado hasta los municipios de Zapopan y Guadalajara, así como el Poder Judicial, ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Diversas personas, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, han solicitado una investigación exhaustiva sobre funcionarios públicos y operadores financieros vinculados a delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según las denuncias presentadas, esta red podría implicar a hasta cien funcionarios públicos, principalmente de los municipios de Zapopan y Guadalajara, durante las administraciones de Juan José Frangie y Pablo Lemus, respectivamente.

La investigación también apunta a altos niveles del Gobierno de Jalisco, señalando a Rafael Martínez Ramírez, ex cuñado del gobernador Enrique Alfaro, como el cerebro financiero detrás de estas operaciones.

Martínez Ramírez, desde su despacho jurídico, ofrece «combos» legales a abogados y empresarios para resolver asuntos de alto perfil que no pueden cobrarse legalmente. En complicidad con la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, estos casos se convierten de deudas civiles a procesos penales, forzando a las víctimas a negociar bajo amenaza de enfrentar juicios desfavorables.

La Fiscalía del Estado y el Poder Judicial de Jalisco están señalados por su participación en esta red. Martínez Ramírez, con la supuesta connivencia del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, y Pablo Lemus, utiliza su influencia para manipular nombramientos y controlar las acciones de la Fiscalía, dejándola inoperante y cooptada por la delincuencia organizada.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) también está implicado en estas denuncias. Empleados han revelado que se les obliga a falsificar cobros exorbitantes a grandes consumidores, y el dinero obtenido es desviado para uso personal de algunos funcionarios.

En caso de resistencia al pago, se ordena bloquear las alcantarillas para extorsionar a los usuarios, exigiendo pagos en efectivo para evitar el rastreo del dinero. Otra área afectada es la Policía Vial, en colaboración con empresas de grúas. Diariamente, se realizan operativos para recoger vehículos mal estacionados, con el fin de cobrar cinco mil pesos por vehículo para liberarlo de la grúa. Este dinero es entregado directamente a funcionarios de la institución.

Las denuncias también incluyen la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente sobre los delitos de alto impacto registrados en Jalisco. Pese a una aparente disminución en las cifras de criminalidad, no se han dado a conocer detenciones significativas de autores materiales o intelectuales, dejando muchos casos sin resolver.

En cuanto a la atención de los desaparecidos en Jalisco, la situación es alarmante. La falta de personal capacitado y suficiente en las investigaciones genera revictimización y criminalización de los familiares de las víctimas, que muchas veces son disuadidos de buscar información.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) presenta mejoras solo cosméticas, ocultando el verdadero abandono en que se encuentra. La institución, antes reconocida por su experiencia técnica, ahora enfrenta problemas de nepotismo, falta de recursos y equipo, y sobrecarga laboral que afecta la salud mental de sus empleados. Los peritos, sin mejoras salariales ni actualizaciones profesionales, luchan por manejar la acumulación de cuerpos no identificados en fosas comunes.

La FGR ha recibido solicitudes para investigar estos hechos de corrupción, tráfico de influencias, mal uso de recursos públicos y delitos contra la integridad de las personas. Se pide una indagatoria financiera para evaluar la congruencia entre los ingresos declarados por los funcionarios y su estilo de vida, así como una revisión exhaustiva de sus cuentas bancarias e inmuebles.

La compleja red de corrupción en Jalisco, que involucra a altos funcionarios del gobierno, municipios y el poder judicial, plantea una grave amenaza a la transparencia y la justicia en la región. Las denuncias presentadas requieren una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades federales para restaurar la confianza pública y asegurar que se haga justicia en todos los niveles involucrados.

Un extenso listado de nombres, incluyendo magistrados, jueces penales, civiles, familiares y mercantiles, así como funcionarios de la Fiscalía del Estado, ha sido vinculado a presuntos actos de corrupción en el sistema judicial de Jalisco. Según las acusaciones, estos individuos habrían participado en diversas actividades ilícitas bajo la dirección de Rafael Martínez Ramírez.

Entre los señalados se encuentran jueces como Jorge Antonio Nava Pérez, Javier García Muñoz, y magistrados como Enrique Flores y José Luis Álvarez Pulido, quienes supuestamente habrían recibido beneficios indebidos a cambio de favores.

Además, se ha planteado una denuncia específica sobre el uso de una aplicación móvil para la obtención de votos a favor del candidato a gobernador Pablo Lemus, así como de presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan.

Se menciona que la empresa responsable de esta aplicación fue contratada por Pablo Lemus y dirigida por Rafael Martínez Ramírez y Miguel Sainz. Se sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas de Martínez Ramírez.

Esta aplicación, presuntamente asociada al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Daniel Espinoza Licon, habría sido utilizada por jueces y magistrados para fines políticos, incluyendo la obtención de votos mediante la manipulación de datos personales de los ciudadanos.

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La UIF refuerza las capacidades de la Guardia Nacional en la lucha contra el lavado de dinero

Este taller, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Guardia Nacional, reunió a expertos de diversas áreas del Gobierno de México con el fin de capacitar a los elementos de la GN en herramientas clave para la detección y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

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En un esfuerzo por fortalecer la seguridad financiera y mejorar las capacidades operativas de la Guardia Nacional (GN), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó un taller especializado en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este taller, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Guardia Nacional, reunió a expertos de diversas áreas del Gobierno de México con el fin de capacitar a los elementos de la GN en herramientas clave para la detección y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Capacitación integral para enfrentar los nuevos retos de seguridad

El taller formó parte de un programa de capacitación diseñado para dotar a los integrantes de la Guardia Nacional de un marco técnico y jurídico actualizado en relación con el régimen nacional e internacional en materia de prevención de lavado de dinero. Instructores especializados de la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras instituciones clave del Gobierno de México, impartieron módulos que incluyeron temas cruciales como la proliferación de armas de destrucción masiva, las tipologías financieras, el manejo de criptoactivos, y las obligaciones de las actividades vulnerables.

Un enfoque coordinado para un mejor combate al crimen organizado

La capacitación no solo se centró en la teoría, sino que también proporcionó a los participantes herramientas prácticas y operativas para enfrentar los nuevos retos en la seguridad pública. Entre los temas destacados, se abordó el papel fundamental de la inteligencia financiera en la seguridad nacional, el análisis de riesgos asociados a operaciones ilícitas y el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este taller no solo mejora las capacidades operativas de la Guardia Nacional, sino que también establece un modelo de cooperación interinstitucional esencial para enfrentar los desafíos actuales en la lucha contra el crimen organizado y el financiamiento ilícito,” indicó la UIF en un comunicado. Además, la formación fue diseñada para asegurar que los participantes tengan una visión integral y actualizada de los estándares internacionales, mejorando así el trabajo conjunto entre seguridad, justicia y supervisión financiera.

Un paso hacia la profesionalización de la Guardia Nacional

El taller también constituye un avance significativo en la profesionalización del personal operativo y analítico de la Guardia Nacional. Al adquirir estos conocimientos, los miembros de la GN estarán mejor preparados para identificar patrones sospechosos, apoyar investigaciones y, en última instancia, proteger el sistema financiero mexicano de actividades ilícitas que puedan desestabilizar la economía y la seguridad del país.

La cooperación interinstitucional entre la UIF y otras dependencias del gobierno mexicano resalta el enfoque coordinado que está tomando el Estado mexicano en la lucha contra el lavado de dinero y la prevención de amenazas financieras. Este esfuerzo también reafirma el compromiso de la Unidad de Inteligencia Financiera con la creación de un modelo de capacitación continua que se ajuste a los más altos estándares internacionales.

Compromiso con la seguridad nacional

La UIF reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para combatir el lavado de dinero, prevenir el financiamiento al terrorismo y contribuir a la construcción de un entorno más seguro para la ciudadanía. Con estos esfuerzos, se busca proteger el sistema financiero y garantizar que las instituciones de seguridad y justicia trabajen de manera más eficaz en la protección de la sociedad.

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INPer cumple 48 años como referente en salud materna y perinatal en México

Durante la conmemoración, la directora general del instituto, Ana Cristina Arteaga Gómez, subrayó que el aniversario representa mucho más que el paso del tiempo

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El Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes” (INPer) llegó este 8 de diciembre a sus 48 años de operación, una fecha que marca casi medio siglo de innovación médica, investigación y formación de especialistas en salud materno-perinatal en el país.

Durante la conmemoración, la directora general del instituto, Ana Cristina Arteaga Gómez, subrayó que el aniversario representa mucho más que el paso del tiempo. “Cumplir 48 años no es solo el paso del tiempo: es la suma de millones de historias, de familias transformadas y de avances científicos”, afirmó.

El INPer abrió sus puertas el 8 de diciembre de 1977, y desde entonces se ha consolidado como pilar nacional y referente internacional en atención de embarazos de alto riesgo, investigación clínica y formación de especialistas.

Innovación médica que ha marcado diferencia

Arteaga Gómez destacó el impulso del instituto hacia nuevas tecnologías y procedimientos de frontera, como la cirugía fetal, la genómica y la medicina de precisión, desarrollos que han sido posibles por el trabajo coordinado del personal médico, de enfermería, investigación y áreas administrativas.

Estos avances han contribuido a reducir riesgos maternos, fetales y neonatales, especialmente en casos de prematurez extrema, malformaciones congénitas y embarazos que requieren vigilancia altamente especializada.
El uso de tecnologías diagnósticas de última generación también ha permitido fortalecer la atención de enfermedades como preeclampsia, diabetes gestacional y nacimiento pretérmino.

Una pieza clave es el esquema de gratuidad que garantiza el acceso a servicios de alta complejidad para la población más vulnerable.

Producción científica y formación de especialistas

La directora resaltó que, en el ámbito académico, el INPer se encuentra entre las instituciones científicas más productivas del país. El modelo formativo del instituto combina la práctica clínica con investigación y educación basada en competencias, lo que permite que las y los residentes enfrenten casos de alta complejidad, utilicen simulación clínica y reciban retroalimentación continua.

Esta estructura académica sólida, sumada a una visión humanista, convierte al INPer en un espacio único para formar profesionales capaces de transformar la salud materno-perinatal del país”, concluyó Arteaga.

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Médico Carlos Ortigoza operó a menor pese a antecedentes y sanciones de Cofepris

Ortigoza Sequeiros había sido boletinado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2018 por realizar cirugías estéticas en clínicas irregulares, tras una denuncia presentada desde 2015. A pesar de ello, el médico siguió ejerciendo.

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La joven Fernanda, de 15 años, enfrenta complicaciones graves tras someterse a una cirugía estética de nariz realizada por Carlos Ortigoza Sequeiros, médico que ya contaba con múltiples sanciones por prácticas irregulares, pero que continúa activo en la Ciudad de México.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Ortigoza Sequeiros había sido boletinado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 2018 por realizar cirugías estéticas en clínicas irregulares, tras una denuncia presentada desde 2015. A pesar de ello, el médico siguió ejerciendo.

La clínica Sequeiros Beauty, propiedad del doctor, había sido clausurada previamente tanto por la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJCDMX) como por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA). El procedimiento a Fernanda se realizó en el hospital privado Max Medic, cuyo estatus es de “regularización”, ya que no cumple con todos los requisitos formales para operar.

El procedimiento y la emergencia

Fernanda solicitó la cirugía como regalo por sus 15 años y acudió con sus padres a Sequeiros Beauty, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fue atendida directamente por Carlos Ortigoza Sequeiros. Durante la consulta, Ortigoza Sequeiros y su pareja, Yasmín “Jazz” Martínez, se presentaron como especialistas en procedimientos para adolescentes de entre 13 y 16 años. Martínez se identificó como anestesióloga, aunque en realidad es administradora.

La intervención se llevó a cabo el 24 de agosto en el hospital Max Medic, ubicado en la colonia Dos Lagos. Tras la cirugía, Fernanda no despertó con normalidad y presentó vómitos con sangre. A pesar de ello, fue dada de alta en contra de la recomendación de los médicos y la oposición de sus padres.

Horas después, la menor tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital General, donde los médicos confirmaron un infarto cerebral, presuntamente provocado por la obstrucción de una arteria conectada con la nariz. Actualmente, Fernanda lucha por recuperar la movilidad de su cuerpo.

Antecedentes y formación del médico

Según el Registro Nacional de Profesionistas, Carlos Ortigoza Sequeiros cuenta con el título de Médico Cirujano por la Universidad Anáhuac y una maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios Superiores en Medicina, aunque esta última ha sido cuestionada por su validez.

El caso ha reavivado la alerta sobre la regulación de clínicas estéticas en México y la supervisión de profesionales que, a pesar de contar con sanciones, continúan operando y poniendo en riesgo la vida de pacientes, especialmente menores de edad.

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